"Era sismicidad natural"
"Era sismicidad natural"
CASTELLÓ. La crisis sísmica que en septiembre de 2013 vivió el Maestrat, derivada de la inyección de gas en el almacén Castor, motivó que "posteriormente se instalase un sistema de alarma a tiempo real para cualquier magnitud", algo de lo que antes carecía el proyecto, que ni siquiera tenía un umbral de riesgo concreto. Es la responsable de la monitorización de los terremotos en aquella época y empleada del Observatori de l'Ebre, Estefanía Blanch, la que así lo transmitió en respuesta a la acusación particular en la segunda sesión del juicio que trata de determinar la responsabilidad de la empresa Escal UGS y de sus dos principales responsables, todos acusados de un delito ambiental.
Según Blanch, que era la persona que seguía más de cerca los movimientos sísmicos en la zona, lo registrado a raíz de la tercera fase de inyección de gas en el Castor fue una "anomalía comparado con años precedentes". No en vano, según destacó la fiscal del caso, Dolores Ofrecio, desde 1975 a 2013 en la zona se registraron 108 eventos sísmicos, y solo del 9 al 11 de septiembre de aquel año, en plena fase de inyección de gas fueron "casi 50". Eso sí, una vez pasada la crisis sísmica, a partir de noviembre y durante todo 2014, "la sismicidad volvió a valores anteriores a la inyección", reconoció Blanch a preguntas de la defensa.
"Era sismicidad natural"
Esto se consiguió después de que el Gobierno decidiese que no se podía continuar con el proceso de inyección de gas. Según el director general de Política Energética y Minas de aquella época, Jaime Suárez, los terremotos de pequeña magnitud dieron paso, el 24 de septiembre de 2013, a uno de una intensidad de 3,6, por lo que dos días después se tomó la decisión de no retomar la inyección de gas. Posteriormente, en junio de 2014 se prorrogó la decisión tras comprobar que había una relación causa-efecto entre la inyección y los seísmos. Es decir, si se hubiera retomado el llenado del almacén subterráneo era más que probable que se hubieran producido más movimientos tectónicos.
También otra experta del Observatori de l'Ebre, la exresponsable de la sección de sismología, Arantza Ugalde, reconoció que la inyección de gas provocó un episodio de "sismicidad disparada". Esto es que "aceleró los sismos" que estaban en estado latente: "Debido a los cambios en las presiones se disparó otra falla" más profunda. Esto mismo es lo que apunta uno de los estudios más recientes y en el que ha participado precisamente Ugalde. A pesar de ello, todavía existen "incertidumbres elevadas" sobre el proceso sísmico, entre otras cosas porque esa nueva falla no era conocida, ni tampoco se sabe "el modelo de velocidad" por el que se desplaza la zona.
La responsable de sismología del Observatori de l'Ebre durante diez años también apuntó que, para seguir el episodio de septiembre y octubre de 2013 no se contaba con "la mejor red para medir", dado que se producían "muchos pequeños sismos acumulados". En esto coincidió con el exdirector del organismo, Joan Miquel Torta, quien apuntó que le trasladó a los responsables de Escal UGS "que tal vez convendría instalar un sismómetro submarino para vigilar la microsismicidad cerca del almacén".
Eso sí, los dos aparatos de medición que la concesionaria del proyecto instaló en la costa en virtud del convenio con el Observatori de l'Ebre (firmado en diciembre de 2008) fueron los que detectaron los terremotos. "Sin sismógrafos a veinte kilómetros" no hubiera sido posible detectar los movimientos, reconoció Ugalde.
Movimientos que también fueron percibidos en la plataforma marina, tal y como reconocieron los trabajadores de la misma, varios de los cuales prestaron declaración en esta segunda jornada del juicio. Entre los empleados, dos también apuntaron haber sentido ligeros movimientos durante la fase de inyección. Unos trabajos que Escal UGS no informó que retomaba al Observatori de l'Ebre, ni tampoco de la cantidad de gas que inyectaba. "No tenía información de los caudales (...) solo podíamos monitorizar", reconoció Blanch en su declaración.
Para este jueves está prevista una nueva sesión de declaraciones de testigos en el marco del juicio que debe determinar si Escal UGS, su expresidente Recaredo del Potro y el exconsejero delegado José Luis Martínez Dalmau son responsables de la crisis sísmica.