ALICANTE. (EFE).- La Diputación de Alicante ultima el recurso contra el auto del Tribunal Supremo (TS) que deniega la paralización cautelar del aumento del caudal ecológico del Tajo, que en la práctica disminuye los envíos del trasvase al Segura, con el fin de evitar el "incalculable" impacto tanto agrícola como económico y social para la provincia alicantina.
Para ello, la comisión técnica provincial del Agua de la Diputación se ha reunido este martes de forma extraordinaria y urgente para analizar la respuesta al auto del alto tribunal del Tribunal Supremo (TS) conocido la pasada semana y encomendar a la Mesa Provincial del Agua, dependiente de la institución, la interposición de la iniciativa judicial más adecuada antes de que expire el plazo para recurrir, que expira el 5 de septiembre.
La comisión ha advertido de que la subida de sólo 1 metro cúbico por segundo genera pérdidas de 2.400 empleos y más de 84 millones de euros en Alicante, además de daños ambientales difícilmente cuantificables.
Constituida por juristas y expertos en agua, esta comisión provincial ha estado presidida en su primera parte por el presidente de la Diputación, Toni Pérez, del PP, quien ha asegurado que la institución provincial "no va a escatimar ningún esfuerzo" en la defensa de los intereses hídricos de Alicante.
Durante varias horas, los especialistas han evaluado y analizado la situación para marcar la "hoja de ruta" que seguirá la Diputación con el objetivo final de mantener las transferencias del Tajo-Segura a través de un recurso que se presente dentro de los plazos que da el Supremo.
Acompañado de la diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, Pérez ha afirmado que el recorte del trasvase afecta a todos los sectores del sur de la Comunitat Valenciana, incluido el consumo de boca, y dificulta la "senda de prosperidad" que representa la agricultura alicantina, considerada como la 'huerta de Europa'. Pese a que esta situación es conocida, ha lamentado que el Gobierno central "no escuche" a los intereses de esta tierra.
De forma paralela a la actuación que vayan a hacer la Región de Murcia y la Junta de Andalucía, a los que también el Supremo ha denegado sus peticiones, y con la "voz alineada perfectamente ahora ya sí" con la nueva Generalitat Valenciana del popular Carlos Mazón, la Diputación de Alicante argumentará que la disminución de caudales provocará "una afección socioeconómica al tejido social y productivo de la provincia", es decir, "a todos los habitantes".
Para Pérez, los efectos de reducir el trasvase "son enormes" y van en contra del criterio europeo de lucha por la sostenibilidad, que en este caso se traduce en la renaturalización del territorio y apostar por que Alicante siga siendo "una de las grandes despensas de Europa".
Frente a ello, ha culpado al Gobierno de España de, mediante "sus acciones", favorecer que el sur del territorio valenciano se esté convirtiendo "en el primer desierto" del continente, lo cual abocará a la despoblación del interior de la provincia por la falta de prosperidad y de oportunidades.
Pese a que la Comisión Provincial del Agua está en pleno proceso de constitución después de las últimas elecciones municipales y autonómicas, un trámite lento porque están incluidos diferentes consorcios, ayuntamientos y otros organismos, Pérez ha sostenido que la Diputación emprenderá de inmediato las acciones que se decidan porque hay "capacidad plena" para ello.
"Pediremos unas medidas cautelares porque el daño que se infrinja no es recuperable ni en el territorio ni en la agricultura ni para el consumo de agua, incluso de boca", ha advertido el político del PP.
