VALÈNCIA. La multinacional LafargeHolcim ha anunciado este viernes que iniciará "todas las acciones legales que sean necesarias para la defensa de sus legítimos intereses y derechos" tras analizar "con detenimiento" el decreto aprobado por el Consell que contiene la prohibición expresa de realizar cualquier actividad minera en superficie en la Montaña de Romeu al ser declarado Paraje Natural Municipal, una decisión a la que se opone la empresa porque a medio plazo supondría la paralización de su cantera.
La declaración de Paraje Natural Municipal del monte Romeu, "si se ha aprobado en los términos planteados por el Ayuntamiento de Sagunto, afecta de forma directa a la ampliación de la cantera de Salt de Llop de Lafarge (Grupo LafargeHolcim), prohibiendo expresamente, en su artículo 28, cualquier actividad extractiva de manera genérica en estos terrenos, lo que supone su paralización a medio plazo. Una paralización que afecta seriamente a la viabilidad de la fábrica", ha advertido la empresa.
Esta decisión "amenaza claramente la continuidad de la actividad de la fábrica de cemento en Sagunto, teniendo como consecuencia la destrucción de 650 puestos de trabajo directo e indirecto", asegura la compañía. A su juicio, la decisión también afecta a la economía local relacionada con su actividad en Sagunto y en la región, a la reindustrialización de puerto de Sagunto por parte del Ayuntamiento de la localidad y a la apuesta del modelo industrial del Consell.
Lafarge critica que tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Sagunto hayan hecho "caso omiso" a la posición de la empresa y de los trabajadores de establecer puentes de diálogo entre ambas partes para encontrar "una solución conjunta y viable que permitiera la protección del monte Romeu, así como la continuidad de la empresa".
Esa propuesta ya se estableció, aseguran, en el convenio firmado en 2013 con el Ayuntamiento en el que se planteaba la exclusión de la superficie propuesta para el Paraje Natural Municipal (PNM) de la zona de Margas, la ampliación de la cantera que ocupa una pequeña parte del PNM, asegura la empresa.. En dicho convenio, el Ayuntamiento de Sagunto confirmó su disposición a favor de la protección del monte Romeu y a la compatibilidad de la actividad extractiva, con el Paraje Natural Municipal, incluyendo además actuaciones de mejora de biodiversidad y uso público sobre la mitad del perímetro del PNM (123 hectáreas afectadas hace años por incendios forestales), junto con la progresiva integración del espacio minero rehabilitado en el entorno natural.
"Ese convenio, roto de forma unilateral por parte del Ayuntamiento de Sagunto, tampoco se ha sido tenido en cuenta por el Consell, en el caso de que en el decreto aprobado hoy no esté dispuesto", critica la empresa.
LafargeHolcim sostiene que ha intentado por todos los medios "establecer conversaciones y reuniones con distintos representantes políticos del Consell y otros colectivos, en especial con la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, así como con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, sin haber obteniendo respuesta de ninguna de las partes".
"Sin establecer ningún diálogo, el Consell ha cedido a la presión de ciertos colectivos y grupos políticos que prefieren el cierre de la fábrica antes de abordar una posible solución que beneficie a ciudadanos y a trabajadores", lamentan en el comunicado.
La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), por su parte, manifestó este viernes que comparte la preocupación mostrada por la empresa LafargeHolcim. La aprobación de este decreto puede derivar, según la patronal, en unas consecuencias negativas "que esta Comunidad no puede permitirse" porque "condicionará a medio plazo la viabilidad de una empresa que, implantada hace más de 69 años en Sagunto, genera más de 650 empleos directos e indirectos".
Por otro lado, la CEV recuerda que es tarea de gobiernos y administraciones garantizar un marco de absoluta seguridad jurídica que favorezca la actividad de las empresas y las inversiones en nuestro territorio. "Una decisión como ésta vuelve a poner en duda la seguridad jurídica que se presupone en una Comunidad como la nuestra", advierte la CEV.
Por su parte, el sindicato CCOO-PV lamenta "que no se hayan conjugado los intereses medioambientales y económicos en la creación del Romeu" y espera que el decreto del Consell sea "escrupuloso con la legalidad vigente, para no incurrir en responsabilidad".
En todo caso, el sindicato insta a Lafarge a comenzar a planificar una transición justa "que salvaguarde los puestos de trabajo, para el momento en que prevea terminar su actividad extractiva".
