ALICANTE. La Fiscalía pide seis años de prisión para el exgerente del Colegio de Médicos de Alicante (COMA), procesado por el desvío de 760.000 euros de la póliza de responsabilidad civil de la institución. La acusación pública atribuye al exgerente un delito continuado de estafa agravada por las operaciones que presuntamente llevó a cabo entre los años 2014 y 2018 para quedarse con parte de la devolución de la prima de dicha póliza. Asimismo, el fiscal pide cuatro años de prisión por el mismo delito para el resto de acusados, entre ellos la esposa del exgerente, un empleado del Colegio y el administrador de la empresa pantalla que se usó para articular el desvío.
Según han explicado fuentes del Colegio, que ejerce la acusación particular tras detectar la presunta estafa en una auditoría interna, los hechos investigados son también constitutivos, según el fiscal, de un delito de pertenencia a grupo criminal, por lo que solicita para todos ellos otros 6 meses de prisión, y la apertura de juicio oral en la Audiencia Provincial. El presidente del Colegio, Hermann Schwarz, ha manifestado su satisfacción por el respaldo que significa a las decisiones que la Junta Directiva adoptó de interponer acciones judiciales, asegurando que continuarán ejerciendo la acusación particular hasta la total recuperación de los más de 760.000 euros que presuntamente se sustrajeron de las arcas colegiales.
Esta petición de condenas por parte del Ministerio Público llega casi cinco años después de que la Junta Directiva liderada entonces por la Dra. Mª Isabel Moya (actual vicepresidenta 1ª del CGCOM), tras ganar las elecciones en marzo de 2018, encargase auditorías internas detectando irregularidades en la gestión y administración. A finales de 2018 interpuso una querella contra el exgerente José Manuel C.R. y su esposa, Fátima O.P., contra el representante legal de la empresa Trustrisk Ibérica Agencia de Suscripción S. L., Óscar Armando C. Q., y esta mercantil, contra un exempleado del Colegio Sebastián Faustino A.B. y su esposa, Asunción M. CH., y la sociedad de ambos.
La Fiscalía considera en su escrito de calificación remitido al Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante, que ha abierto juicio oral por esta causa, que José Manuel C.R., quien "(…) tenía el control económico-contable y financiero (…), y Óscar Armando C. Q (…) con el propósito de alcanzar una ilícita ganancia patrimonial establecieron un modo fraudulento de comisionaje respecto a la póliza de responsabilidad civil profesional colectiva (del Colegio de Médicos), intermediada por la Correduría de Seguros, SEMECO, (…)". Ambos acusados concertaron "(…) una operativa fraudulenta, (…), en connivencia y de común acuerdo, con abuso de confianza y de forma oculta hacia la Junta Directiva del COMA y el Consejo de Administración de la correduría SEMECO (…)". Durante casi cinco años -2014 al 2018- “(…) produjeron un perjuicio económico a las arcas colegiales de 739.147,49 euros y a la mercantil SEMECO de 21,399,86 euros, dinero que destinaron a su beneficio particular (…)".
Según el relato del Ministerio Público, el representante de la sociedad Trustrisk, “"(…) sin autorización por la Dirección General de Seguro, ni el personalmente ni la sociedad para intermediar o actuar en el sector asegurador (…)” actuaba como intermediario recibiendo en sus cuentas personales “(…) las primas que había cobrado a los médicos asegurados la correduría SEMECO, aunque bajo la apariencia de recibirlas la sociedad Trustik, para que ésta a su vez procediese al pago a Segurcaixa (…)", en nombre de SEMECO y del Colegio, pero “(…) aprovechando para retraer cantidades, es decir, previo "descuento” de importantes sumas económicas, que hicieron suyas ilegalmente".
Una vez recibidas estas sumas, las compartía con el exgerente “(…) mediante la aparente contratación de la mercantil OYS S.L para realizar estudios de mercado asegurador y destinándolas a su beneficio particular”. Como propietarios y administraciones de esta última sociedad -cuyo objeto social era exclusivamente el sector informático- figuraban un exempleado del Colegio Sebastián Faustino A. B. y su esposa Asunción M. CH.
Según el fiscal, para justificar dichos movimientos económicos“(…) se generaron supuestos estudios/informes de mercado sobre pólizas de aseguramiento de la responsabilidad civil, que a priori parecía haber emitido la sociedad OYS S.L. (…)”, emitiendo “facturas mendaces” que eran “refacturados” a la mujer del exgerente Fátima O.P. “(…) como si ésta los hubiese confeccionado, teniendo reflejo en la contabilidad de OYS S.L., como la receptora de los fondos, si bien se transfirieron a cuentas corrientes (…)” en las que el exgerente también era cotitular. En estas transacciones ficticias se benefició la sociedad.
