ALICANTE (EFE/EP). La Generalitat valenciana ha presentado este miércoles el recurso en defensa del trasvase Tajo-Segura ante el Tribunal Supremo, en el que solicita como medida cautelar la suspensión del escalonamiento de los caudales ecológicos previstos para 2026 y 2027 en el Tajo y que afectan a esta infraestructura.
Así consta en el recurso contencioso-administrativo presentado contra el real decreto del Gobierno central por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las diferentes demarcaciones hidrográficas, por no considerar "ajustada a derecho" esta norma, que supone un recorte del trasvase Tajo-Segura.
El recurso se dirige, en concreto, contra la nueva disposición adicional novena que afecta al futuro incremento escalonado de las caudales ecológicos que aparecen en el Plan Hidrológico del Tajo, una decisión que para la Generalitat es arbitraria y no se fundamente en criterios técnicos.
"Vamos a defender ahora y siempre los intereses de los regantes de la Comunitat Valenciana", ha asegurado el president de la Generalitat, Ximo Puig, quien ha destacado el esfuerzo hecho por la agricultura valenciana en modernización, en reutilización y en el uso responsable del agua.
Mientras, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este miércoles la convocatoria de un Consejo de Gobierno extraordinario tras el anuncio de que la Generalitat Valenciana recurrirá los caudales ecológicos que limitan el transvase Tajo-Segura.
"Ayer mismo la Generalitat anunció, y lo hará también Murcia, no sé si lo hará Madrid, que van a recurrir el plan sobre el transvase Tajo Segura", ha señalado el presidente autonómico durante la presentación de la II Jornada 'Castilla-La Mancha, tierra de futuro' en Talavera de la Reina, añadiendo que en respuesta ha convocado "un Consejo extraordinario de Gobierno".
El presidente castellano-manchego ha adelantado que la Castilla-La Mancha establecerá una posición dura ante los recursos judiciales, y ha señalado que "si en el levante español piensan que pueden echar atrás un acuerdo tan respetuoso con las sentencias del Supremo, con las directivas europeas y con el cambio climático", la Junta se verá obligada a "a exigir el 100% de lo que han establecido los tribunales".
