Ortiz, Castedo y Alperi, entre otros acusados, durante la celebración del juicio. Foto: RAFA MOLINA ALICANTE (AP/EP). Ahora sí: los plazos comienzan a correr de forma oficial para que la sentencia dictada por la Audiencia Provincial en la pieza desgajada del caso Brugal sobre el Plan General de Alicante pueda adquirir firmeza. En dicha sentencia, conocida en julio, el tribunal acordó la absolución de siete de los nueve procesados y solo impuso penas de multa para el exalcalde Luis Díaz Alperi y para el empresario Enrique Ortiz por sendos delitos de cohecho impropio relacionados con la recepción o entrega de regalos: un viaje en jet privado a Creta, en el caso del exprimer edil, y una chaqueta de la marca Carolina Herrera, por lo que respecta al promotor.
Ahora, cuatro meses después de que se conociese esa resolución, las acusaciones y las defensas disponen de un margen de diez días para poder anunciar formalmente su intención de interponer un hipotético recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS), en el caso de que se pretenda conseguir que el fallo quede revocado (ya sea para reclamar nuevas condenas o para anular las ya acordadas). Así se hace constar en una diligencia de ordenación notificada por la Sección Tercera este martes, en el primer día hábil posterior a que se comunicase el auto de denegación de la aclaración y complemento del fallo solicitada por la Fiscalía Anticorrupción.
Como avanzó este diario, en ese auto, el tribunal que enjuició los hechos -formado por las magistradas Monserrat Navarro, Cristina Costa y Margarita Esquivá- consideraba que no procedía explicar ni ampliar su sentencia puesto que ya recogía los hechos que se había considerado probados tras la celebración del juicio. De igual modo, se estimaba innecesario que se reflejase ninguna motivación adicional respecto a la que se expuso durante la vista sobre la admisión de la renuncia de Ortiz al pacto de conformidad que había alcanzado con la Fiscalía cerca de medio año antes de la celebración del juicio.
Superada esa fase, y una vez abierto el plazo oficial para recurrir, se da por hecho que la propia Fiscalía Anticorrupción dará el paso y anunciará su intención de acudir el TS, al mantener que los nueve procesados -entre los que se incluye la también exalcaldesa del PP, Sonia Castedo- incurrieron en los delitos reflejados en su escrito de acusación: revelación de información privilegiada por autoridad o funcionario, cohecho y tráfico de influencias. Por lo pronto, fue la decisión que se adoptó frente a la sentencia absolutoria dictada por un tribunal de la Sección Séptima sobre la causa matriz del caso Brugal, relacionada con el contrato de recogida de la basura de Orihuela. Ese recurso sigue ahora pendiente de resolución.
De igual modo, la defensa de Díaz Alperi, ejercida por el abogado Vicente Grima, también ha comunicado formalmente su pretensión de acudir al TS para lograr la exculpación del único delito que se le atribuye. No obstante, todavía no ha trascendido si Ortiz y su representación legal podría adoptar esa misma posición.
Por lo pronto, en la misma diligencia de ordenación notificada este martes, la Sección Tercera vuelve a insistir en que las solicitudes de devolución de las cantidades ingresadas por Ortiz y por el promotor ilicitano Ramón Salvador, para cubrir posibles responsabilidades civiles en caso de condena, se resolverán una vez transcurra el plazo para el anuncio de los recursos. Se trata de la misma respuesta que ya se facilitó tras registrarse las solicitudes de reintegro, como también avanzó este diario.
Entre tanto, el juicio celebrado respecto al supuesto amaño en la adjudicación del vertedero previsto en el Plan Zonal de la Vega Baja, iniciado este martes en la Sección Séptima de la Audiencia, volvió a ajustarse este miércoles al mismo guion que se ha seguido en todos los procesos emanados del caso Brugal hasta ahora. Así, en la segunda sesión de la vista, la defensa de Ortiz sostuvo que, durante la instrucción de la causa, se produjo una infracción del derecho de defensa y de los derechos fundamentales de todos los acusados, ya que el juzgado se "negó" a facilitar una copia de los audios y transcripciones de los mismos a las defensas.
El abogado del empresario, Francisco Ruiz Marco, detalló ante el tribunal, en el planteamiento de las cuestiones previas, que "no hubo manera" de acceder a las escuchas y que la "limitación" del derecho de defensa se ha debido también a que la opción eran escucharlas en sede judicial, algo que resultaba "imposible" al tratarse de "miles" de grabaciones.
Por ello, reclamó al tribunal la nulidad de las resoluciones judiciales con las que se prorrogaron las intervenciones telefónicas de Ortiz, así como de las escuchas que dan "base" a las acusaciones y que las defensas "no han podido escuchar" durante la fase de instrucción. "Si la sala no lo remedia, los acusados soportarán una acusación en base a una prueba que solo ha escuchado el Ministerio Fiscal", subrayó Ruiz Marco. Así, señaló que a su cliente le piden 17 años de cárcel en base a una "supuesta" prueba que no ha podido "conocer" ni "refutar", al contrario que sí ha hecho el Ministerio Público, por lo que alegó una "violación" del derecho la "igualdad de armas".
Para finalizar, también aludió a la existencia de dilaciones indebidas, puesto que el juicio arranca 14 años después del comienzo de la investigación. "Tengan en cuenta que los acusados escucharán por primera vez en esta sala una grabaciones de hace 14 años", recalcó.
Este jueves está prevista la intervención de la abogada de la exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, que cerrará el turno de las exposiciones de las defensas. Según el calendario oficial, el juicio se reanudaría en enero con las declaraciones de los acusados.
