La investigación a Zaplana lleva a la Guardia Civil a PortCastelló... y a Nules, la Vilavella y Alcalà

CASTELLÓ (CP/EFE). La investigación del Juzgado de Instrucción nº8 de València en el marco del conocido como caso Erial al expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana fue la que llevó a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a las oficinas de PortCastelló la semana pasada, un hecho que coincidió con la visita de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, tal y como ha avanzado Castellón Plaza. 

Además de la visita a la Autoridad Portuaria de Castellón, donde la UCO solicitó y obtuvo los expedientes relacionados con el contrato del organismo con la compañía Valora Energía, del año 2012, el instituto armado también se desplazó a Nules y la Vilavella, donde exigió la documentación que vincula a ambos ayuntamientos con la firma Elecnor, tal y como confirman a este diario fuentes municipales.

Además, la jueza también ha remitido un mandamiento al consistorio de Alcalà de Xivert solicitando de manera inmediata todos los expedientes de contratación entre 2010 y 2015 en los que la adjudicataria fuera la compañía energética vasca, al igual que a los otros dos ayuntamientos. Desde Alcalà afirman desconocer, a día de hoy, si la UCO se ha desplazado ya hasta allí. 

Un contrato de 22.000 euros 

En lo que se refiere a la Autoridad Portuaria de Castellón, la solicitud de documentación se refiere a los expedientes de 2012 y 2013 que recogen cómo la entidad abonó 21.780 euros en aquellas anualidades a Elecnor. Lo hizo en base a un contrato menor firmado en 2012. Como ya informó este diario, la colaboración de los responsables del puerto castellonense fue total y facilitaron la documentación mientras la ministra Sánchez participaba en una jornada a escasos metros de donde se encontraba la Guardia Civil. 

Fernando Castelló está investigado

No es la primera vez que el caso Erial salpica a la provincia. Ya en el verano de 2020 la UCO registró la casa del político castellonense Fernando Castelló por, presuntamente, haber recibido una comisión de algo más de 150.000 euros. El que fuera conseller de Industria de Eduardo Zaplana obtuvo supuestamente este dinero a cambio de adjudicaciones; 'enchufes' en la Administración valenciana y en consejos de administración de empresas privadas.

Para encontrar la relación que todo ello puede tener con Elecnor, a través de diversas operaciones que figuran en un atestado aportado por la Guardia Civil, la jueza ha decidido esta semana prorrogar la investigación otro medio año. 

Además de Zaplana y Castelló, en la causa figuran como investigados el también expresident de la Generalitat José Luis Olivas y la exdiputada del PP Elvira Suanzes. Empresarios como Francisco Pérez López, representante de una gasolinera y posible testaferro, y Saturnino Suanzes, abogado, posible gestor de fondos B y hermano de la citada exdiputada autonómica, son otros de los investigados en el caso Erial, así como la mujer de Zaplana, Rosa Barceló; su hija María Zaplana y su secretaria, Mitsuko Henríquez.

Sobre Zaplana, quien fue detenido el 22 de mayo de 2018 y puesto en libertad el 7 de febrero de 2019 (aunque en ese periodo pasó 51 días en un hospital para ser atendido de la leucemia que padece desde 2015), y la mayor parte de procesados pesan las acusaciones de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.

El caso se centra en las adjudicaciones de las ITV de la Comunitat Valenciana en 1997 y sobre el plan eólico autonómico en 2011, unas operaciones que, mediante el supuesto cobro de comisiones ilícitas, pudieron reportar a la trama supuestamente corrupta cerca de 11 millones de euros.

Por el momento se ha descubierto gran parte del supuesto entramado societario que sirvió a Zaplana y sus testaferros para ocultar esos fondos, pero al parecer queda por analizar diversa información sobre operaciones comerciales e inmobiliarias posteriores que pudiesen haber servido para repatriar fondos desde cuentas en el extranjero y blanquearlos.