Alberto Fabra (EVA MÁÑEZ)La intervención denuncia el abuso del contrato menor en ambas firmas y en el IVAS, mientras los auditores externos detectan prácticas como contabilizar activos de forma irregular o no aplicar los preceptivos deterioros de instalaciones
VALENCIA. Aunque con mucho retraso -ya iniciado 2016- el Consell ha completado prácticamente la formulación y auditoría de las más de 40 empresas públicas de la Generalitat correspondientes al ejercicio 2014. Entre los últimos informes publicados por la administración autonómica se encuentran los del Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (Ivace), la sociedad Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa) y el Instituto Valenciano de Acción Social (IVAS), tres firmas públicas en las que tanto la Intervención de la Generalitat como los auditores externos detectan irregularidades.
Los informes de la Intervención de la Generalitat ponen el acento en las irregularidades en materia de contratación. Sobre el IVAS, por ejemplo, el informe del ente fiscalizador denuncia que el instituto contrató más de 1,1 millones de euros en 465 contratos de servicios y 215.000 euros mediante 214 contratos de suministros.
"La contratación de las prestaciones de servicios analizadas han limitado el importe del contrato administrativo al importe de una anualidad, circunstancia que supone un fraccionamiento del contrato si la ponemos en relación con las previsiones contenidas el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público", afea la intervención.
Esta misma circunstancia es detectada por la auditoría de la Intervención en Vaersa. "Existen numerosos contratos menores cuyo objeto social supone un fraccionamiento que debiera licitarse de forma plurianual y que, por tanto, las exigencias de procedimiento administrativo y de concurrencia de las licitaciones deberían ser sustancialmente superiores. Entre ellos cabe destacar contratos anuales menores sobre mantenimiento (48.990 euros), licencias (39.807 euros), vigilancia (29.374 euros), gasóleo (27.396 euros) o limpieza (18.809 euros)", reza el informe del organismo autonómico.
El ente fiscalizador también critica que tanto Ivace como IVAS abusen del contrato menor -cuya adjudicación se realiza a dedo, sin publicidad ni concurrencia-. "Se han identificado, asimismo, proveedores para los que, no existiendo procedimiento de licitación, el total de operaciones del ejercicio facturadas por servicios o suministros de similares características supera el límite de los contratos menores de 18.000 euros", rezan las auditorías de ambas firmas.
En el caso del Ivace, además, llama la atención "sobre el volumen elevado de contratos negociados sin publicidad que se han llevado acabo en el ejercicio". Entre los que carecieron de concurso público se encuentran adjudicaciones como las de 32.000 euros a la Universidad Catolica San Vicente Mártir -por impartir cursos de internacionalización de la empresa Becas Talent-, otra de 60.000 euros a Viajes Halcón -por servicios de agencia de viajes-, u otros 60.000 euros en concepto de "organización de eventos para el foro contract del certamen 'See You in Valencia'" de Feria Valencia adjudicados a la empresa Europa Travel. Con esta última firma, como informó Valencia Plaza, el Consell también contrató en repetidas ocasiones haciendo uso de la caja fija.
Fabra y Puig, durante el traspaso de poderes (EVA MÁÑEZ)Por lo que respecta a las auditorías externas, en el caso de Vaersa la firma auditora Auren incluye una salvedad que la empresa pública no ha actualizado desde 2009 "la revisión del deterioro de las explotaciones o plantas de residuos". "Tampoco nos ha aportado información suficiente que nos permita determinar, en su caso, las correcciones de valor de estos activos a realizar en el ejercicio 2014", añade el auditor. El último deterioro registrado, el de 2009, registró un deterioro de casi 5 millones de euros por este concepto.
Otra salvedad, pero en la auditoría del Ivace, relaciona a ambas entidades públicas. En ella el auditor llama la atención sobre que el instituto mantenga registrados en el epígrafe 'inmovilizado material' un importe de 4,3 millones de euros correspondiente "al valor neto contable de la antigua sede de la mercantil Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (Sepiva) que durante el ejercicio 2014 fue cedida gratuitamente a la Sociedad Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa) para otros usos y destinos desvinculados a Ivace". "De acuerdo con lo dispuesto en la normativa contable, al 31 de diciembre de 2014, se debería haber registrado la correspondiente corrección valorativa de los citados activos", critica el auditor.
Además, la firma auditora de Ivace, BDO Auditores, critica que el instituto, al cierre de 2014, tenía registrados en el epígrafe 'inversiones inmobiliarias' "ciertos terrenos y parcelas cuyo valor neto contable asciende a 2,9 millones y 253.000 euros sobre los que en ejercicios anteriores se constituyeron de forma gratuita derechos de superficie a favor de terceros por un plazo de 50 y 99 años, respectivamente". Sobre tal circunstancia también reclama una "corrección valorativa" de los activos.
Como informó Valencia Plaza, el equipo de gobierno del actual presidente, Ximo Puig, señaló al de su antecesor, Alberto Fabra, como el responsable de que el 65% de las firmas públicas, un total de 28, no presentaran el análisis de un auditor externo en el plazo que marca la ley. Sólo 15 de un total de 43 contaban con el perceptivo documento a 30 de junio, la fecha límite.
Durante la segunda mitad del año las auditorías de la Intervención y de las firmas externas se han ido publicando con cuentagotas. Algunas de ellas, como las de Eige, FGV o Circuit del Motor, también alumbraron irregularidades cometidas durante la era Fabra.
