VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València se marcó abril como plazo máximo para tener en funcionamiento el sistema de cámaras que controlará el acceso de vehículos no residentes a Ciutat Vella. Sin embargo, este sistema de vigilancia todavía no se ha puesto en marcha cinco meses después de que venciera el periodo estipulado, y tampoco se ha concretado todavía cuándo será el momento en el que empezará a funcionar.
El equipo de gobierno eludió dar una respuesta concreta sobre la fecha de inicio del plan a varias preguntas planteadas por el grupo municipal Ciudadanos, y tanto el alcalde de València, Joan Ribó, como el edil de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, también evitaron recientemente marcar un calendario sobre la materia.
De este modo, el control de acceso para vehículos no residentes en los barrios del centro de la capital queda en el aire hasta nuevo aviso. Este sistema de cámaras se planteó con el objetivo de "pacificar el tráfico en el cascarón de la ciudad y evitar así los trayectos oportunistas y de paso", explicaba en su momento Grezzi.
En este sentido, la intención es crear un Área de Prioridad Residencial (PAR), donde tan solo puedan pasar los usuarios inscritos en el registro municipal, bajo riesgo de recibir una sanción económica de 200 euros en caso de que no se cumpla con la restricción. Con todo ello, abril tendría que haber servido como un primer mes de prueba, en el que no se sancionaría pero sí que se informaría a los usuarios de sus infracciones.
Sin embargo, en junio el sistema de cinco cámaras todavía no estaba sirviendo al fin para el que había sido previsto, aunque el concejal del ramo explicó que los aparatos sí que estaban correctamente instalados y que se estaban utilizando para hacer análisis y recabar datos internos. En este sentido, la pasada semana Grezzi matizó que los servicios del consistorio estaban trabajando en la plataforma informática que efectivamente controlará el acceso de vehículos. Una función para la que, a día de hoy, todavía no hay fecha.
El permiso para entrar en Ciutat Vella sin ser multado lo podrán pedir los residentes empadronados, los propietarios o arrendatarios tanto de viviendas como de plazas de garaje, los vehículos oficiales y los servicios públicos, así como las personas con discapacidad y los usuarios que se dirijan a un parking público o un hospedaje. De la misma manera, también podrán solicitarlo los comercios y locales de la zona, las empresas de mudanza, los remolques, y todo tipo de empresas o asociaciones que operen dentro del área.
Según los datos que manejaba en marzo el consistorio, había registrados más de 3.100 vehículos operantes en la zona, de los cuales unos 1.250 eran residentes. Alrededor de 500 pertenecían a dueños de plazas de garaje, y otros 140 eran titulares de negocios en el seno de Ciutat Vella. Con todo, se podrán solicitar dos tipos de permiso: uno permanente y otro con una validez de 24 horas. Y estos se conceden para vehículos sujetos a acreditación del titular o de libre elección.
El consistorio explica que el propósito de esta medida es reorganizar el espacio de estacionamiento en el centro de la ciudad, de modo que se prioricen los desplazamientos más sostenibles, evitar el acceso indiscriminado de personas usuarias externas, o garantizar y ordenar el necesario acceso de vehículos de suministro y de vehículos que transporten personas con movilidad reducida.
Por otro lado, se busca la bajada de la intensidad del tráfico en esta zona residencial, así como una reducción de la contaminación, acústica y medioambiental, la reducción del consumo de energía y de los costes asociados al mismo.