Joan Calabuig, delegado del Consell para la UE. Foto: MARGA FERRERBRUSELAS (EFE). Las comunidades autónomas españolas se mostraron hoy partidarias de que las asignaciones que los países europeos reciben a través de los fondos estructurales europeos no se vinculen al cumplimiento del Pacto de Estabilidad, pues las regiones "no pueden ser responsables del déficit nacional".
Varios representantes de gobiernos autonómicos españoles presentaron hoy en el Comité Europeo de las Regiones (CdR) en Bruselas su documento de posicionamiento sobre el futuro de la política de cohesión tras el año 2020, momento en el que el nuevo presupuesto europeo, ya sin Reino Unido, entrará en vigor.
En las diez páginas del documento se alude a la necesidad de que los recursos de esta partida "no se sacrifiquen" ante la previsible complejidad de las negociaciones, con lo que los recursos deben "mantenerse en su nivel actual y, si es posible, incrementar".
La posición española subraya varios elementos a mantener de la actual política de cohesión y también algunos que, a su juicio, deben revisarse para el próximo periodo plurianual, entre las que figura la condicionalidad macroeconómica.
El documento apunta a que "en ningún caso la política de cohesión debe verse obstaculizada por condiciones cuyo cumplimiento se sustrae totalmente a la influencia de los entres locales y regionales y de los demás beneficiarios".
España estuvo a punto de enfrentar una congelación de los fondos estructurales que le correspondían en el verano de 2016 por incumplir sus compromisos fiscales por Bruselas, una situación que las regiones quieren evitar a partir de 2020.
"No parece lógico que comunidades autónomas que siempre han cumplido con el déficit tengan que estar pendientes de si se le retiran fondos en función de si cumple el Estado", señaló el director general de Relaciones Exteriores de la Xunta de Galicia, Jesús Gamallo.
El delegado del Consell valenciano para la UE y Relaciones Externas, Joan Calabuig, admitió las dificultades que provocará la resta de más de 10.000 millones de euros en las cuentas comunitarias por el Brexit, pero incidió en que las políticas de cohesión "están en el corazón de la UE y son esenciales para su futuro".
En la misma línea se sitúa la posición del CdR sobre el futuro de esta política, cuyo ponente, Michael Schneider, explicó que sin dichos fondos hubiera sido "imposible" que hubiera regiones que en poco tiempo hayan logrado recortar la distancia (en términos sociales y económicos) que les separaba de otras en su mismo país.
La reivindicación del CdR, recordó el alemán, es que haya "una dotación adecuada y suficiente", en una proporción similar a la del presupuesto entre 2014 y 2020 y que ofrezca posibilidades a todas las regiones, "no solo a aquellas que están rezagadas" respecto a las demás.
El director de la Dirección General de Fondos Europeos (órgano de gestión del Ministerio de Hacienda), Jorge García Reig, que también asistió a la presentación del documento, señaló que su organismo se suma a lo expuesto por las comunidades "en sus principios generales y en la práctica totalidad de sus contenidos".
García Reig dijo estar "satisfecho" por este acuerdo en la posición española respecto a la política de cohesión, el primero en esta materia entre regiones y gobierno, y recalcó que estos fondos han servido a España para crecer, cuando estaba en un pico de crecimiento, para atenuar la crisis y para salir de la misma.
