FOTO: EUROPA PRESSVALÈNCIA. (EP). La patronal de constructoras de mediano tamaño Anci ha reclamado la imposición de peajes en toda la red de carreteras del país como "herramienta para generar recursos" que propone destinar a generar un fondo de inversión en infraestructuras.
Así lo indicó el presidente de la asociación, Jaime Lamo de Espinosa, dentro del listado de peticiones que realiza al nuevo Gobierno, expuesto ante la asamblea general de la asociación.
De esta forma, esta patronal constructora se suma a la reivindicación histórica de otras organizaciones del sector, como la de grandes constructoras y concesionarias Seopan y la Confederación Nacional de la Construcción (CNC).
Además, la demanda se plantea en tanto el nuevo Gobierno ha avanzado su intención de, precisamente, todo lo contrario, levantar las barreras de peaje de las autopistas que comienzan a concluir el periodo de concesión, las primeras la AP-1 Burgos-Armiñón, este próximo mes de noviembre, y el tramo de la AP-7 Tarragona-Alicante, a finales del año que viene.
En esta línea, Anci también considera que "no tiene vuelta atrás" la relicitación de las nueve autopistas de peaje quebradas que el anterior equipo de Fomento preveía lanzar este año para ceder de nuevo su explotación a empresas privadas.
De igual forma, en su asamblea anual, la asociación de constructoras medianas demandó que se mantenga el plan extraordinario de inversión en carreteras con capital privado de 5.000 millones que dejó listo el equipo de Íñigo de la Serna.
De hecho, estaba anunciada la licitación en este mes de junio de los dos primeros contratos del plan, y de obras por un total de 2.000 millones a lo largo de este año.
No obstante, las constructoras de mediano tamaño consideran que es precio fragmentar en lo posible estos y otros contratos para "favorecer la concurrencia" de todo tipo de empresas y "garantizar la eficiencia de la licitación pública" en aras de lo que además recomienda la nueva Ley de Contratos. En su opinión, lo contrario "favorece a las empresas de mayor dimensión y limita la competencia".
Lamo de Espinosa destacó la recuperación que la obra pública registró en la primera mitad del año, tras los mínimos históricos de ejercicios anteriores que, en el caso de sus firmas asociadas, "motivó" un proceso de internacionalización.
Fruto de este proceso, al cierre de 2017 la veintena de empresas asociadas a Anci contaban con presencia en 44 países en los que suman una cartera de unos 4.000 millones, frente al volumen de trabajo internacional "casi inexistente" de hace una década, en 2005.
"Gracias a esa actividad exterior han podido conservar su 'know-how' y mantener puestos de trabajo, pero esta contratación en el exterior es más una cuestión de supervivencia derivada del escaso mercado en España", subrayó el presidente de Anci que, entre otras empresas, agrupa a Aldesa, Azvi, Copisa, Copasa o Rubau.
