Las defensas de los gerentes de Divalterra aducen que 'Alquería' es un caso administrativo y no penal

VALÈNCIA. Las defensas de los dos exgerentes de Divalterra que se sientan en el banquillo por el conocido como caso Alquería destacaron este lunes que el procedimiento tendría que ser administrativo pero no penal. Una tesis contraria a la mantenida por el juzgado de Instrucción y la Fiscalía, que apuntaron a los presuntos delitos de prevaricación y malversación por contrataciones irregulares que únicamente respondieron a un reparto partidista entre PSPV y Compromís con un perjuicio para las arcas públicas de 1,1 millones de euros. 

Durante la presentación del informe de conclusiones, el letrado de la exgerente de la empresa pública Agustina Brines (Compromís) pidió la libre absolución de su patrocinada y negó los presuntos delitos de los que se le acusa. Remarcó que no se puede admitir la inhabilitación a un funcionario público por estos hechos y que, en cualquier caso, tampoco se puede exigir responsabilidad civil porque es un asunto del Tribunal de Cuentas. 

La acusación a Brines, dijo, es "arbitraria y sin sentido". El fiscal, señaló, le atribuye el conocimiento de la ilegalidad por un supuesto informe que cita uno de los denunciantes de Alquería, José Luis Pellicer, "que no aparece por ningún lado y que menciona por primera vez en su declaración durante el juicio oral". Igualmente, comentó que la exgerente de Divalterra tenía "limitados conocimientos de derecho administrativo".

El abogado de Brines indicó que no hubo ningún intento por su parte de ocultar los contratos y que los informes con los que contaba no eran desfavorables al formato de la alta dirección. "¿Se contaba antes de realizar las contrataciones de 2015 con algún informe que tajantemente dijera que eran ilegales? No. Ningún informe lo decía. Ni tampoco se dijo en el Consejo de Administración. Ni siquiera José Luis Vera, director jurídico de la empresa pública, dudó de las contrataciones", comentó.

"La prevaricación ni concurre ni se da. No se hizo nada ilegal. Y en cualquier caso no se quería hacer nada ilegal en esos tres contratos que Brines firma. La ilegalidad debe ser contundente y manifiesta. Si hubiera prevaricación tan clara no habríamos estado tantos días de juicio", apuntó el letrado. 

También mencionó algunas declaraciones de testigos como las de la vicepresidenta de la Diputación de Valencia Maria Josep Amigó o el exgerente de Divalterra Víctor Sahuquillo, quienes aseguraron que defendió la legalidad.

José Luis Vera, una vez más

Por su parte, el abogado del exgerente Josep Ramón Tíller (Compromís) explicó que su cliente no fue objeto de denuncia por los denunciantes iniciales ni por la Fiscalía Anticorrupción, sino que fue llamado un año después de levantarse el secreto del sumario y su imputación es de carácter genérico. Igualmente, consideró que, según los criterios de la Fiscalía, José Luis Vera debería estar imputado. 

El letrado expuso que se buscó la figura de alto directivo porque la idea de los contratos de alta dirección fue del propio señor Vera. Y que hubo proceso de selección porque se han encontrado cuatro currículums de gente que ni siquiera fue seleccionada para estos puestos. 

"El 7 de febrero de 2016 Tíller cesó tras drenar la ciénaga y propiciar un cambio. La Fiscalía mostró un cuadro que exhibe la empresa como chiringuito y que los cargos estaban dados porque apareció su nombre y la formación política. Este organigrama es de reparto de competencias porque Imelsa-Divalterra es un espejo de las áreas de la Diputación que se distribuían entre los socialistas y Compromís. El gerente que aparece es Sahuquillo, no Tíller", relató el abogado. 

Al igual que el anterior interviniente, consideró que el juicio "da la sensación de estar en un contencioso administrativo o social más que en un penal" y que nadie advirtió a Tíller sobre la posible ilegalidad de las contrataciones de alta dirección. Tampoco José Luis Vera. "Tíller es lego en derecho y el primer contrato de alta dirección que vio en su vida fue el que él firmó. No se le puede pedir lo mismo a él que a un experto jurista", apuntó.