Stefano Dindo y Francisco González Castilla, en el congreso de la UIA (MARGA FERRER) Expertos en derecho alimentario analizan la necesidad de crear una red profesional como nueva área de especialidad
VALENCIA. La alimentación es el motor de Europa. Con más de 287.000 empresas y más de 4,2 millones de trabajadores y un volumen de facturación superior al billón de euros en 2010, el sector alimentario supone el 15% de la caja europea. Frente a tan rutilantes cifras, la falta de una traslación al campo del derecho a través de una red común de profesionales, junto al carácter poco litigante de los actores de la cadena alimentaria, ha retrasado el nacimiento de la especialidad en los despachos de abogados.
Enmarcada en las jornadas del Congreso anual de la Unión Internacional de Abogados (UIA) celebradas en Valencia, la comisión sobre el derecho alimentario como nueva especialidad analizó el viernes pasado las problemáticas más candentes del ámbito agroalimentario en torno a la protección de los productos mediante las denominaciones de origen y las marcas registradas.
Aunque los abogados trabajan con la normativa europea sobre el sector desde hace tiempo, hasta ahora no se ha tratado como una clara especialización dentro del derecho en Europa, explica a Valencia Plaza Stefano Dindo, coordinador de la conferencia y socio del despacho Dindo, Zorzi e Associati de Verona (Italia). “Nuestro objetivo es tratar de explicar esta carencia y poner el foco en la creación de un grupo de trabajo con el fin de dar mejor servicio a nuestros clientes y complementar a los colectivos del sector”.
Como uno de los grandes ejes en el marco de las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea en la firma del El Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP), el sector alimentario suscita el debate entre expertos ante una posible estandarización de las normativas de ambos zonas del Atlántico.
“Estados Unidos y Europa cuentan con unos antecedentes históricos y tradiciones distintas, y la aproximación al mundo del comercio y la industria también es diferente. No es posible razonarlo en términos de unificar las legislaciones. Solo es posible intentar buscar acuerdos. El problema típico de los acuerdos entre Estados Unidos y Europa son las cuestiones que afectan a las denominaciones de origen, porque consideramos que el origen permite excluir a quien no comparte el mismo origen. Es necesario reflexionar sobre qué significa el origen. La cuestión es hallar un acuerdo en esta materia, pero no la unificación de las normativas”, sostiene Dindo.
La cuestión es hallar un acuerdo en el origen de los productos, pero no la unificación de las normativas
En Europa, las denominaciones de origen se cuentan por miles. Aunque se definen como formas de protección y reconocimiento de calidad de los productos alimenticios, el objeto de la ponencia de Dindo trató de dilucidar la efectividad de estas medidas.
“Las D.O. son una buena protección dentro de las regulaciones en Europa, pero no son efectivas fuera de Europa, sobre todo porque el acuerdo de la OMC de 1994 no fue totalmente implementado. El problema de siempre es la lucha entre dos ideas, el origen y la reputación. Si estuviéramos en Nueva Zelanda, puede que no tenga mucho sentido decir que tu vino de Valencia, y quizás no tiene tanto sentido esta forma de protección en el exterior”, observa Dindo.
La historia de la especialidad en el sector alimentario recuerda a la vivida en el ámbito paralelo del consumo, como señala uno de los participantes de la mesa de análisis, Francisco González Castilla, presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana y profesor titular de Derecho Mercantil en la Universitat de València.
“El derecho de consumo no estaba nada desarrollado hace treinta años. Cuando surgió el caso de la colza, de pronto todo el mundo empezó a demandar. Hoy es muy habitual que un consumidor demande porque le han prestado un mal servicio o un producto defectuoso. En derecho alimentario ha pasado algo parecido. Desde hace poco tiempo, Los consumidores están empezando a plantear demandas, como las class actions en Estados Unidos.
“Los agricultores y ganaderos no litigan en defensa de sus derechos por miedo”,
Pero los agricultores y ganaderos no suelen litigar en defensa de sus derechos por el factor del miedo. Aunque el derecho les dé la razón, demandar a quién les compra los productos es un paso muy complicado. Hay que intentar desde el poder público equilibrar la balanza entre productores e industria alimentaria. Se trata de dar un paso al frente para que la sociedad lo vea como una parte importante de la defensa de sus derechos”.
El frágil equilibrio entre productores y distribuidores en la cadena alimentaria europea fue el tema disertado por Castilla, en referencia a la aprobación en España del código de buenas prácticas contemplado en la ley de mejora de 2013, respaldado en informes recientes como el dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Aunque la convocatoria de elecciones podría demorar la aprobación del texto, a partir del nuevo código todos los contratos tendrían que ser por escrito en transacciones superiores a 2.500 euros, sin cambios ni aplicaciones retroactivas de condiciones, y se impediría el mal uso de la información.
“Una práctica general era que la industria hiciera sufragar parte del coste del establecimiento a los productores. Con el nuevo código eso ya no será posible. No puede ser que las grandes superficies hagan venta a pérdidas de productos agrícolas, ni se puede hacer mal uso de los productos de primera necesidad como gancho en el catálogo, desvalorizando el producto, mientras la distribución presiona los precios en la agricultura. Esto se tiene que romper equilibrando el mercado, protegiendo desde la administración que ese equilibrio exista y luego permita competir”.
