Las elecciones deben marcar un cambio radical entre el Gobierno central y la Generalitat

Conformado el próximo nuevo Gobierno Central, debemos exigirle un trato justo, y no discriminatorio, tanto en financiación como en inversiones prioritarias, que permita dotarnos a la Comunitat Valenciana de Infraestructuras en transporte de mercancías y cadenas logísticas que contribuya a potenciar la competitividad de las empresas valencianas en su proyección internacional. 

Infraestructuras que favorezcan la movilidad ciudadana urbana y de nuestras áreas metropolitanas, y dotando financieramente, la Autoridad de Movilidad Sostenible que incluya a las tres administraciones con competencias en la materia, y finalmente, potenciando actuaciones hídricas-ambientales que minoren las carencias hidráulicas, puestas de manifiesto en el último caso de 'gota fría' (DANA) que ha azotado el Levante español y muy especialmente la Vega Baja del Segura (Alicante). 

Los informes del IVIE, el BBVA research o en el propio INE dejan patente el maltrato dado a la Comunitat por parte de la Administración del Estado. Refiramos algunos ratios:

a) La infrafinanciación sitúa a la Comunidad Valenciana en cabeza del déficit de las Autonomías. A agosto 2019, el Déficit de la Administración, en sus tres niveles competenciales, alcanzaba los 25.917 millones de euros. De ellos, 2.576 millones corresponden a las CCAA. La tercera parte de esta cantidad, o sea 898 millones corresponde al Déficit de la Comunidad Valenciana (-0,77% del PIBCV). Déficit que "suturado en falso" año tras año por el FLA, anteriormente con Montoro y el PP en el Gobierno Central, y ahora suplicado y agradecido por el Conseller Vicent Soler a su correligionaria del Gobierno Central, Montero, supone, anualmente, incrementar nuestra descomunal Deuda.

b) La deuda total de la Administración alcanzó en agosto-2019, los 1.210.915 millones de euros, equivalente al 98,9% del PIBN previsto. De ella las CCAA son responsables de 300.587 millones. La Comunidad Valenciana con 47.894 millones, por ello cada valenciano debe -por la deuda de la Comunitat- 9.628 euros (récord español de deuda/cápita), que sumada a los 24.055 euros que debemos cada uno como españoles, supone "en conjunto" la barbaridad de 33.683 euros/valenciano.

c) El PIB de la Comunidad Valenciana, que en 2018 ascendió a 112.128 millones de euros, tan solo representa el 9,32% al PIB Nacional (1.202.193 millones), porcentaje muy inferior a nuestra población (10,59%). En cuanto al Índice de Riqueza (PIBCV/hab), alcanzamos los 22.659 euros/habitante CV, que sólo alcanza el 87,64 % de la riqueza media nacional (25.854 euros/hab). Somos 300 euros/ hab menos ricos que el español medio, somos el 'furgón de cola' de la economía española. Abandonemos de una vez por todas, el falso estereotipo y  tópico del 'Levante feliz', cuando cada vez son más los valencianos censados que viven (malviven) en el umbral de la pobreza, y lo que todavía es peor, otro importante número, que aun teniendo un puesto de trabajo, su salario -por su baja productividad o especialización, en el sector de Servicios- no les alcanza, apenas, a satisfacer sus necesidades básicas.

d) Estudiada la evolución de las Licitaciones de la Administración Central en la Comunidad Valenciana en el extenso periodo 2012 → 2018 → septiembre 2019, el ratio resultante es demoledor. La licitación en la Comunidad Valenciana por parte de la Administración Central en este largo periodo ha sido un 6,09% de la licitación total nacional (cuando nuestra población, repito, es el 10,59% y nuestro PIBCV, el 9,32% del nacional). Por el contrario, la licitación en Andalucía alcanza el 12,60 %; en Galicia el 11,46 %; en Cataluña el 10,19 %; en Castilla y León, el 8,42 % o Madrid el 8,68 %. 

Por la Ley Orgánica 3/2019, se adicionó, al artículo 52 integrando en el Título IV ("Las Competencias") del Estatuto de Autonomía un nuevo apartado: La Generalitat participará en las decisiones sobre Inversión del Estado en la Comunidad Valenciana, la cual, excluido el fondo de Compensación interterritorial, será equivalente, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 138 de la Constitución, al peso de la población de la Comunidad Valenciana sobre el conjunto del Estado por un periodo de siete años. Con esta finalidad, se constituirá una Comisión integrada por la Administración Estatal (AGE), Autonómica (GV) y Local. Nada se ha hecho hasta ahora en cuanto a Licitación & Inversión, ajustada a nuestro peso poblacional. REPITO: debemos exigir las Inversiones Públicas Prioritarias que dinamizan nuestra actividad económica y creación de empleo.

Hace unas semanas, el actual Director General de Tributos de la Consellería de Hacienda, Rafael Beneyto, manifestó que la Generalitat no es viable sin liberar la mochila de la deuda. A 30 de junio, con 47.894 millones de euros, nos situamos con la más alta de la historia (sic). ¿Ante esta situación, por qué no decir a los valencianos en sede parlamentaria de Les Corts la verdad? Explicándoles que habrá que devolver al Estado Central aquellas competencias que no puedan ser atendidas en razón a la financiación que no se recibe. ¡Alto y Claro!

Por último y a la vez que EXIJAMOS al Gobierno Central mayores inversiones en Infraestructuras Productivas que nos aportan competitividad y creación de empleo de calidad (1 millón de euros de inversión en Infraestructuras genera 12,10 puestos de trabajo, más su efecto arrastre 10 inducidos. Debemos igualmente hacer nuestros deberes "aquí en casa", y es en ello donde andamos con asignaturas pendientes de aprobar y salir del SUSPENSO.

Según el prestigioso índice de la Competitividad Global (GCI) del World Economic Fórum (WEF), la Competitividad de un país/región, se sustenta en dos pilares básicos: la Seguridad Jurídica Institucional y en las Infraestructuras. Son las Inversiones en infraestructuras (viarias, ferroviarias, portuarias, logísticas e hidráulicas) las que, a falta de recursos propios (GV), insuficientes y escasos para poderlas acometer, las exigimos al Gobierno Central. Por contra, la Seguridad Jurídica es una asignatura dependiente y pendiente de la Generalitat. 

Es francamente desesperante que sea la propia Generalitat y parte de los miembros del propio Consell, Compromís y/o Podemos, que en verdad son los que tenían que velar por la Seguridad Jurídica Institucional de nuestro Gobierno autonómico, los que estén sembrando de inseguridad jurídica las Relaciones Consell & Empresariado & Inversores-Emprendedores, etc. que acuden a nuestra Comunidad para establecer sus proyectos y negocios. R recordemos las tensas relaciones con INTU Mediterráneo; explotaciones mineras de arcilla "paralizadas" en Castellón y Sagunto, cuya dilación injustificada incrementa los costes de la materia prima azulejeras y amenaza con el cierre de la cementera de Sagunto; la Terminal de Cruceros paralizada por la alcaldía de Ribó; la ZAL, el Plan Estratégico de la APV; el Acceso Norte al Puerto, etc. etc.  y multitud de obras prioritarias de ampliaciones, circunvalaciones, terceros carriles etc. de obras viarias, eternizadas su Declaración de Impacto Ambiental por las Consellerías de Economía Sostenible y Medio Ambiente.

Querido President: ¡Estamos a tu lado! Y te damos nuestro apoyo para fomentar la cooperación estrecha entre el Gobierno de la Generalitat y el Sector Privado para mantener altos niveles de integridad y establecer una cadena de responsabilidad y transparencia en la planificación y normativa en cuanto a nuevas inversiones y/o negocios propuestos por la iniciativa privada y en el ámbito de la contratación que nos sitúe en altas cotas de seguridad jurídica.

Manuel Miñés Muñoz es director-gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana