Las VTC aprovechan la 'prórroga' del Consell para decidir su futuro después de las elecciones

VALÈNCIA. El escenario político que salga de las urnas el próximo 28 de abril será decisivo para que las VTC, que dan servicio a las plataformas Uber y Cabify, decidan cuál será su futuro en la Comunitat Valenciana: irse, quedarse o recurrir el decreto ley del Consell que regula el servicio de transporte público de viajeros mediante vehículos con conductor. Y es que este sector ha aprovechado, además, la 'prórroga' de dos meses que les da la norma valenciana en cuanto a la precontratación para tomar su veredicto final.

Esta norma, que precisamente este miércoles fue convalidada por la Diputación Permanente de Les Corts, establece, entre otras cuestiones, la obligación de contratar el servicio con una antelación de al menos 15 minutos, principal queja de las empresas de VTC, que creen que esta regulación supondrá "su desaparición" en la Comunitat Valenciana.

No obstante, para esta precontratación se ha fijado una moratoria de dos meses que concluirá el próximo 1 de junio, una semana después de las elecciones locales y europeas del 26 de mayo. Con ello, la Generalitat se asegura de que en las dos campañas electorales no va a tener movilizaciones ni de taxistas -que ven con agrado la precontratación- ni de empleados de VTC.

El 1 de junio ya se conocerán los resultados electorales y los posibles movimientos de los partidos para la formación del gobierno. Por tanto, ese plazo de adaptación sumado a las próximas convocatorias electorales han sido dos factores fundamentales para que hayan decidido posponer su decisión sobre qué medidas emprender en la Comunitat, explica el presidente de Unauto Valencia, Ricardo González.

En este sentido, señala que ya ha habido partidos políticos que han anunciado la derogación del decreto que impulsó el Ministerio de Fomento que dirige José Luís Ábalos y que es el que ha facultado a las comunidades autónomas a regular este servicio. Por tanto, apunta que no tendría sentido tomar una decisión antes de conocer al próximo inquilino de la Moncloa que podría derogar el decreto estatal y, en consecuencia, el autonómico.

Asimismo, señala que la Generalitat podría cambiar de color político y derogar la norma del actual Consell. De este modo, prefieren esperar que precipitarse. "Debemos esperarnos a ver cuáles son los resultados tanto a nivel autonómico como nacional para tomar una decisión", subraya González.

Historia de "un conflicto"

A finales del mes de septiembre del pasado año, el Ministerio de Fomento aprobó un real decreto por el que se modificaba la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de arrendamiento de VTC que pretendía garantizar un equilibrio entre la oferta de servicios en esa modalidad de transporte y la que representan los taxis, dada la conflictividad registrada por entonces.

Entre sus novedades, esta nueva normativa facultaba a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a regular la actividad de los vehículos de alquiler con conductor, en los que se incluyen Uber y Cabify, con un régimen transitorio de cuatro años. En virtud de esta decisión, la administración valenciana se puso a trabajar en la elaboración de una norma para regular este servicio en la autonomía.

Tras meses de trabajo, la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio aprobó hace dos semanas su propia norma que establece para los transportes interurbanos la precontratación de 15 minutos -habilita a los ayuntamientos para decidir sobre el urbano- y deberá quedar constancia de los mismos en un registro de comunicaciones. Se exceptúan de esta previsión los servicios que se tengan que realizar de forma inmediata, como consecuencia de urgencias, emergencias y asistencia en carretera.

Los vehículos adscritos a las autorizaciones no podrán circular por las vías públicas en busca de clientela ni propiciar la captación de personas viajeras que no hubiesen contratado previamente el servicio. No se permite, por tanto, la geolocalización, como tampoco el estacionamiento en las vías públicas, debiendo hacerlo en garajes o aparcamientos no ubicados en ella, igual que el estacionamiento en lugares de concentración y generación de demanda de servicios de transporte como puertos, aeropuertos, estaciones de ferrocarril y de autobuses, centros comerciales y de ocio, instalaciones deportivas, hoteles, paradas de taxis, hospitales o cualquier otro establecimiento similar, que pueda propiciar la captación de clientela.