Hoy es 14 de agosto
La preservación y la tutela del Medio Natural, soporte de nuestra vida y la iteración de los factores físicos y biológicos -principalmente las personas y su comportamiento con el Medio Ambiente- es un valor intrínseco sobre el que vivimos, y por ello debe ser un principio rector, a tener muy en cuenta en las Actuaciones de las Administraciones Públicas. De ahí que venga recogido tanto en la Agenda 2030 que nuestro país, asumió ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 25 septiembre en 2015, junto a otros 193 Jefes de Estado y Gobierno, que tenemos que cumplir en los próximos 15 años (horizonte 2030) y que quedan resumidos en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Pues bien, concretamente seis de ellos, ODS-6: Agua Limpia y Saneamiento; ODS-7: Energía asequible y no contaminante; ODS-9: Industria, innovación e infraestructuras; ODS-11: Ciudades y Comunidades Sostenibles; ODS-13: Acción por el Clima y ODS-15: Vida de ecosistemas terrestres, están relacionados con la interacción de nuestra vida, movilidad y desarrollo socio-económico con el Medio Natural. Asimismo, estos principios rectores, vienen implícitamente recogidos en la aplicación de los Fondos Next Generation EU.
Expuestos estos principios básicos y rectores, quisiera focalizarlos sobre la planificación y ejecución de las infraestructuras prioritarias, tan necesarias para desarrollar armónicamente nuestra vida sobre la tierra; más ello no debiera consistir en la priorización del Medio Ambiente sobre la necesidad de Infraestructuras, no es una disyuntiva, ni una preferencia obligada de la salvaguarda del Medio Ambiente sobre, y por encima de, toda decisión económica con relevancia ambiental sobre el territorio… ¡Nada más lejos! Tan solo en casos excepcionales, se podría entender que la máxima in dubio pro-natura (ante la duda, actúa a favor de la naturaleza) sería la única solución aceptable.
Para calibrar la compatibilidad de la Infraestructura, con la salvaguarda del medio ambiente, lo que denominamos la Evaluación del Impacto Ambiental, permite contrastar -en el curso de un proceso complejo y multidisciplinar- la deferencia y respeto de toda Obra pública e Infraestructura, en cualquiera de sus múltiples naturalezas (edificatoria, hidráulica, ferroviaria, viaria o energética) con los múltiples vectores ambientales afectados. El resultado y su correspondiente Declaración (DIA) debe ser una decisión técnica, igualmente basada también en la experiencia, que la autoridad ambiental adopta, determinando las medidas correctoras que se deberán imponer para dar autorización para acometer la Infraestructura proyectada… ¡Nunca su anulación!
Solo excepcionalmente, y en su caso sería siempre en la fase previa a la evacuación de impacto ambiental …o sea, en la fase decisoria sobre la necesidad de la infraestructura, cuando regiría el in dubio pro-natura.
Tales son las implicaciones negativas que una Evaluación Ambiental, manipulada, cuando no, con una interpretación torticera de la ley podía inferir… e impedir poder llevar "a buen puerto" los proyectos, actuaciones, mejoras tecnológicas y digitales y actividades vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española que nos brindan los Fondos Europeos Next Generation EU (140.000 M€), en el periodo 2021-2026, que la Administración Española (AGE), presta, publicó el Real Decreto-Ley 36/2020 (30/12/2020) para la Modernización de la Administración Pública, mejorar su eficacia, impulsar la inversión privada, hacer que el mercado único sea más fuerte y resiliente y acelerar la transición ecológica y digital, incorporando una serie de instrumentos dirigidos a reducir las barreras normativas y administrativas para agilizar la gestión de las AAPP, incluso en su artículo 66, el RD-Ley referido a la Evaluación Ambiental de los Proyectos del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, introduce cambios y dota de mayor agilidad a la Ley 31/2013 de Evaluación Ambiental. Igualmente y en este mismo sentido y referido a la agilización de los fondos Next Generation UE, asignados a las Autonomías y Ayuntamientos y en especial dirigidos a la potenciación de las Energías Verdes, descarbonizadas y no contaminantes, las Comunidades Autónomas han legislado al efecto.
Veamos ejemplos y actividades concretas:
Potenciación de las energías renovables
El debate medioambiental, social y político de las centrales nucleares españolas (Almaraz I, Almaraz II, Asco I, Asco II, Cofrentes, Vandellós II y Trillo) se contempla, obviando intencionadamente el tema económico. Según datos aportados de la Red Eléctrica Española (REE) al 31/12/2021 los siete reactores nucleares en activo aportaron al "mix energético" que consumen hogares y empresas el 22% sobre el total, en concreto aportó unos 54.000 GWh. Todo ello cuando el Gobierno viene planteando su cierre paulatino y escalonado para el año 2035, y cuando aún resuena el proyecto de la Comisión Europea de reconsiderar esta energía, junto con los ciclos de gas entre las 'verdes'.
Mix de generación eléctrica en España
Ante el brutal encarecimiento de la electricidad, y la necesidad –como venimos argumentando– de impulsar proyectos de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo, bombeos en riegos e industria y transporte en general, al igual que la energía eólica… necesarias para combatir el cambio climático y rebajar la factura eléctrica, la Generalitat Valenciana promulgó el Decreto-Ley 14/2020 (DOGV 28/08/2020) que incluía "medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad urgente de la reactivación económica".
El Mix de generación eléctrica en la Comunitat Valenciana (19.600 GWh)
Ante esta realidad actual, la Comunitat ha asumido el objetivo para el 2030, en alcanzar 6.000 megavatios de potencia instalada en centrales fotovoltaicas, y los 4.000 megavatios en parques eólicos. Se trata de una meta casi imposible de alcanzar, cuando en la actualidad tenemos tan solo instalados 364 MW fotovoltaicos y 1.255 MW eólicos… Ello supone multiplicar por 16 la potencia actual de fotovoltaicas en la Comunitat y por 3 las plantas eólicas. Frente a este gran reto y una energía eléctrica con los actuales mix cuyo precio que ha superado los 230 euros MWh, a fecha de cierre de diciembre 2021, la realidad es la siguiente:
-Durante el año 2030 en la G.V. no se ha instalado ni un solo megavatio de energía renovable.
-El índice de autoabastecimiento de energía eléctrica en la Comunitat es aproximadamente de tan solo el 27%, luego desgraciadamente dependemos en un 73% de las CC. AA del Estado español.
-La Administración Autonómica (Consellerias de Economía Productiva, y Agricultura y Transición Ecológica) en manos de Compromís tiene encima de la mesa hasta 500 proyectos pendientes de aprobación y unos 400 parques fotovoltaicos están en riesgo de perder la inversión por retrasos en su tramitación. A día de hoy según fuentes de la Conselleria de Economía en cuanto a energía eólica funcionan 36 parques eólicos (1.263 MW, capacidad de generación), y otros 32 están en lista de espera (1.400 MW de capacidad generación).
Frente a varios municipios de la provincia de Castellón como Traiguera, Onda, Montanejos, Sant Mateu, Segorbe o Morella, que ya tienen proyectos en marcha, y existe interés por las empresas energéticas, en instalarse en los municipios de la Provincia de Valencia como Ayora, Bellús, Bolbaite , Chiva, Fuente la Higuera o Camporrobles… y en la provincia de Alicante hay peticiones para más de 30 localidades, cada vez surgen más y más municipios en donde Asociaciones Ecologistas, Plataformas y colectivos como Acció Ecologista Agró, Colla Ecoligista l’Arrel, Nou Model Energétic, Xuquer viu, Plataforma Val per un Nou Model Energetic, etc., que pretenden blindar su territorios –modificando a toda prisa, sus Planes Generales urbanísticos y calificación territorial de suelos agrícolas/forestales– aduciendo el daño medioambiental y creando nuevas áreas protegidas que puede suponer graves dificultades para implantar este tipo de instalaciones (ejemplos: Aielo de Malferit, Montesa, Chiva, Valle de Ayora, Jarafuel, Zara, Carcaixent, L’Ollería, Fontanars dels Aforins, etc).
Por contra Aragón, Extremadura y Andalucía acaparan el 60% de los nuevos megavatios que han entrado en operación en el país, concretamente Aragón en los cuatro últimos años ha instalado 2.482 MW eólicos y 1.260 MW solares… Actividad que además de retener población en los municipios considerados dentro de la 'España vaciada' eleva sus ingresos fiscales (IBI, actividades de Mantenimiento y Conservación, elevar el rendimiento de suelos baldíos o de monte bajo, etc.). No olvidemos que también en la Comunidad Valenciana tenemos 24 pueblos con menos de 100 habitantes, 17 en la provincia de Castellón, 3 en la provincia de Valencia y 4 en la provincia de Alicante… y que la implantación de parques fotovoltaicos y/ o aerogeneradores eólicos mejorarían el nivel de vida de los ciudadanos y atraerían a población foránea trabajadora.
No quisiera dejar de mencionar/ recordar la visita a Madrid (2019) de la activista Greta Thunberg para asistir a la Cumbre del clima, cuyas conclusiones firmes fueron: que la energía que se produzca y utilice será lo más limpia y verde posible, y otra muy distinta es que sea todavía "más cara que limpia", empobreciendo al conjunto de los ciudadanos (hogares y economía /transporte/industria). Pues bien, el Real Instituto Elcano, lanzó una encuesta sobre el cambio climático y he aquí las respuestas.
-¿La energía que producimos debe venir de fuentes renovables (sol, viento, agua, tierra) tan pronto como sea posible aunque tengamos que pagar más por ella durante algunos años? Respuesta positiva: un 87%.
-¿España debe tener objetivos de reducción de emisiones contaminantes de CO2, para todos los Sectores económicos, aunque suponga mayores costes para empresas y consumidores? Respuesta positiva: un 83%.
El consenso que existe en la Sociedad española –quizás no suficientemente informada, o con una información muy segada por la clase política y por una inmensa mayoría de los medios de Comunicación – exigía al Gobierno tomar políticas 2audaces y valientes" sin que los ciudadanos en general no conocieran, como mínimo, a corto/ medio plazo, las implicaciones y costes de la Transición Ecológica y unas propuestas/ exigencias. Asumiendo:
-No más nucleares (reconsideración planteada, nuevamente como “energía verde” por la UE).
-Contención de energías hidroeléctricas, con connotaciones (presas) que modifican el paisaje según movimientos ecologistas (¿?)
-Impulso de las energías renovables y Bonos sociales para los consumidores más vulnerables.
-Paralización de, siguiera búsqueda de yacimientos de petróleo en aguas españolas y destierro del fraking.
-Precios intervenidos con tarifas reguladas… y eso sí, teniendo una, seguridad absoluta de suministro, con sistemas redundantes y tecnología de respaldo para los consumidores, en aquellas situaciones en las que las energías renovables no puedan cubrir la demanda.
Una vez más, hemos de recurrir al rico y sabio refranero españo: "soplar y sorber a la vez no puede ser". El Gobierno de España, los Gobiernos Autonómicos y Locales y la oposición y "plataformas anti" deben reconsiderar muy seriamente el modelo (mix) energético y no pongan "puertas al campo" que hagan imposible el cumplir la Agenda 2030 en cuanto a Parques Fotovoltaicos y Eólicos.
Afectación del impacto ambiental y DIA en Infraestructuras: Prioritarias Portuarias; Hidráulicas/anti-riadas/ vertidos a depurar; Viarias y Ferroviarias.
Obras portuarias
-ZAL-Valencia
-Ampliación Norte del Puerto de Valencia
Obras hidráulicas /antirriadas/ depuradoras
-Presa de Montesa.
-Depuradora EDAR de Alcácer, Colector Sur –paralelo a la V-31– (Pista de Silla). Finalización de los Tanques de Tormenta. Salvaguardar la Albufera con agua limpia.
Obras ferroviarias
-Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías (núcleo Valencia/Alicante)
-Duplicación de la línea de Cercanías C-1 tramo Cullera-Gandía, vía y electrificación
-Proyecto constructivo de las instalaciones de telecomunicaciones (GSMR) y duplicación de vía entre Valencia, San Isidro y Buñol. Cercanías C-3. Pendiente de DIA
Obras Viarias
-Segunda fase Mejoras Funcionales, de Seguridad Vial e Integración Ambiental del By-Pass tramo C-35/V30- Polígono Fuente del Jarro
-Duplicación y Acondicionamiento de la N-232 desde María de la Torreta, hasta Morella Sur (15,5 Kms)
-Remodelación de la N-332 en Altea para conectar la AP-7 con la N-332 y evitar el paso por la población de Altea, evitando el Gran impacto ambiental, contaminación y colapso para el municipio
Estos son sólo algunos de los ejemplos de Infraestructuras Prioritarias, que deberían acelerarse por el Gobierno de la Generalitat y en relación con su Consellería de Transición Ecológica, Agricultura y Medio Ambiente, exigirle diligencia en las Evaluaciones Ambientales en las que tiene que manifestarse, exigiendo Medidas correctoras, y por supuesto no impedir, ni retrasar más allá de lo necesario (eficiencia, eficacia y espíritu colaborativo) la ejecución de las mismas.
En resumen, la enorme inyección económica europea de 140.000 M€ Next Generation para España y en su parte alícuota para la Comunitat Valenciana, del que la mitad está compuesta por transferencias directas, sin recargo a nuestro abultado déficit o deuda, corremos el riesgo de perderlos, en gran parte si gestionamos mal o tardíamente el proceso. ¡La agilidad y eficiencia no está reñida con la eficacia y solvencia! La actuación de la Conselleria, su dilación, es frustrante y está retrasando una serie de proyectos fundamentales, para el progreso y bienestar de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. ¡Soplar y sorber a la vez no puede ser!