Las lenguas no tienen derechos, los ciudadanos sí

Todas las lenguas oficiales en España son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido, pero sólo una de ellas es común a todos, oficial en todo el territorio de España, y por tanto sólo una de ellas, el castellano, goza del deber constitucional de ser conocida y de la presunción consecuente de que todos la conozcan.

Es decir, en España hay diversas realidades culturales, pero sólo una de ellas es universalmente oficial en nuestro Estado democrático. Contar con una lengua común es una enorme riqueza para nuestro país, más aún si se trata de una lengua de tanto arraigo histórico y tanta vigencia en el mundo entero como el castellano.

Recientemente, en nuestro Senado, y gracias a una nueva genuflexión del PSOE, se ha producido un reconocimiento de la entelequia independentista de los “Países Catalanes”, admitiendo a trámite iniciativas que empleen ese término, así como la de “País Valencià”, a pesar de no tratarse de terminología oficial alguna y desviándose de cualquier principio de legalidad.

Además, supone una falsedad histórica a la que no se debe seguir el juego desde las instituciones ni puede contar con patrocinio oficial. Nos baña el mismo mar, compartimos historia, hablamos lenguas hermanas y una lengua común. Nos unen muchas más cosas que las que nos diferencian, pero Cataluña, la Comunitat Valenciana y las Illes Balears NO SON PAÍSES CATALANES.

Tampoco podemos aceptar que semejante terminología identitaria y excluyente intoxique y adultere los libros de texto de nuestros niños en las escuelas con mentiras.

Este delirio artificial sólo sirve para retratar una contradicción esencial del nacionalismo, que por un lado pretende ser secesionista, pero por otro es expansionista y colonialista.

Son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios, ni mucho menos las lenguas mismas.

Los ciudadanos que hablan cualquiera de las lenguas cooficiales tienen derecho a recibir educación y ser atendidos por la administración en la que elijan, pero las lenguas no tienen el derecho de conseguir hablantes por coacción ni a imponerse como prioritarias en detrimento del castellano.

La Constitución española establece en su artículo 3 que el castellano es la lengua oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Este artículo establece que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con los Estatutos.

A pesar de la claridad de este artículo de la Constitución, los partidos separatistas y nacionalistas han ignorado y conculcado en la práctica este principio, atacando al castellano y utilizando la lengua como un activo de negociación política.

Aunque existen numerosos ejemplos de las cesiones del bipartidismo a los partidos nacionalistas en materia lingüística, el ejemplo paradigmático es el de la inmersión lingüística en la educación.

Se trata de un modelo que excluye de manera directa y absoluta la vehicularidad del castellano en la enseñanza, haciendo imposible en la práctica que las familias puedan ver garantizado su derecho a la educación en su lengua materna, principio recogido no sólo en nuestra Constitución, sino también en los tratados internacionales suscritos por España, y, de manera destacada, en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña.

Nuestra Ley 4/1983, de 23 de noviembre, establece que la Generalidad Valenciana introducirá progresivamente la enseñanza del valenciano en los territorios de predominio lingüístico castellano y favorecerá cuantas iniciativas públicas y privadas contribuyan a dicho fin... Todo ello sin perjuicio de que los padres o tutores residentes en dichas zonas puedan obtener la exención de la enseñanza del valenciano para sus hijos o tutelados, cuando así lo soliciten. La misma Ley, en su artículo 20 obliga a la Administración a adoptar cuantas medidas sean necesarias para impedir la discriminación de los alumnos por razón de la lengua que les sea habitual.

Pero el Botànic impulsó una nueva Ley, la 4/2018, de 21 de febrero, desde la Generalitat para “regular y promover el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano”, ley que se ha acabado confirmando como una herramienta para dilapidar la igualdad en el acceso al castellano

La entrada en vigor de esta ley ha supuesto la eliminación de cualquier garantía de libre elección para los padres y madres que tienen el derecho reconocido de poder escoger la lengua vehicular en la que desean que estudien sus hijos e hijas.

Todos los preceptos descritos anteriormente están siendo sistemáticamente incumplidos con un modelo lingüístico único, que ignora la pluralidad de la Comunidad Valenciana y no tiene en cuenta las zonas valencianohablantes y castellanohablantes a la hora de su aplicación. En este sentido, ignora la ley de usos del valenciano y la existencia de un alumnado que durante su escolarización solicitó la exención en valenciano.

Pese a que todos los titulares se los suele llevar Cataluña, esta vulneración de derechos se está produciendo de manera flagrante en la Comunidad Valenciana desde la puesta en vigor de la Ley del Plurilingüismo en 2018. La posibilidad de establecer Proyectos Experimentales en los centros educativos ha conllevado la eliminación de la enseñanza en castellano en una gran cantidad de colegios de nuestra tierra en la etapa de Educación infantil.

Esta inmersión lingüística, disfrazada de normalización, no puede seguir desarrollándose en la Comunidad Valenciana si no queremos importar los problemas de fracaso escolar, segregación y enfrentamiento civil que el nacionalismo ha provocado en Cataluña. Las Administraciones Públicas tienen el deber de garantizar la libertad de elección de los padres y madres en cualquier nivel educativo y en cualquier zona de nuestro territorio. Los deberes de los políticos son los derechos de los ciudadanos, y la Constitución, la ley y las sentencias judiciales, la garantía de su libertad. Frente a quienes nos quieren aislados, enfrentados e incomunicados, los liberales apostamos por un proyecto común en el que quepan todas nuestras lenguas como patrimonio de todos, porque elegir es siempre una forma de ejercer la libertad.