Las leyes y decretos deberán adjuntar un informe sobre cualquier contacto con 'lobbies'

VALÈNCIA. Han pasado siete meses desde que lo plasmaran como uno de los compromisos del Gobierno valenciano. Para que la transparencia en todos los rincones de la Generalitat sea efectiva, el departamento que dirige Manuel Alcaraz planteaba en julio de 2016 en Torrevieja regular por ley la actividad de los lobbies y la relación de estos grupos de presión con la Administración. Un proyecto del que ya se tiene un primer borrador y que ya ha sido trasladado a la Abogacía de la Generalitat, paso previo a ser revisada por el Consell Jurídic Consultiu (CJC) y aprobada posteriormente por el Consell.

La norma se crea para "asegurar la transparencia en la participación de los grupos de presión en la adopción de políticas públicas y elaboración de los proyectos normativos" y, por ello, además de fijar la obligatoriedad de crear un registro público de estos grupos de presión, se exige a los altos cargos que den publicidad de las reuniones que mantengan con ellos.

En este sentido, el artículo 18 del borrador de la ley determina que cuando las actividades de los lobbies traten de influir en la elaboración de una ley o decreto los "cargos públicos y el personal empleado público de la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental que hayan mantenido contactos, directos o indirectos, orales o escritos, con cualquier persona que actúe en nombre o defensa" de los intereses de estos grupos se presión, se hará constar en un informe de manera detallada. De manera que este documento contemple qué cargos públicos se han reunido con ellos, la fecha, la razón del contacto y los lobbies por los que se ha actuado.

Estos informes, además, deberán adjuntarse a los anteproyectos de ley de la conselleria correspondiente que haya elaborado la norma cuando se eleve al Consell. Y lo mismo sucederá con un proyecto de decreto cuando se remita para su aprobación al pleno del Consell. 

Pero no sólo eso, toda esta información deberá ser publicada en el Portal de Transparencia de la Generalitat y, para quien no lo cumpla, el borrador ya contempla un régimen de sanciones. 

Régimen sancionador

La norma recoge sanciones graves y leves que pueden cometer ambas partes: tanto cargos y empleados públicos como los grupos de presión. A los primeros se les podrá castigar si fijan en su agenda reuniones con lobbies que no estén inscritos en el registro público, en cuyo caso la infracción será considerada leve o grave en función de las veces que esta situación se repita. Esto es, si esta falta se reitera hasta en "tres o más ocasiones en el plazo de un año", la infracción será grave, en cuyo caso la multa podrá llegar a los 6.000 euros. 

No obstante, el borrador diferencia entre los cargos públicos y los empleados del sector público. Así, para estos se contempla como sanción grave mantener reuniones con estos grupos de presión si lo hacen sin haber recibido tal instrucción del alto cargo del que dependan. Así, a este grupo no le serán aplicadas las sanciones económicas que la ley fija para los lobbies y altos cargos, sino las establecidas en "los regímenes disciplinarios correspondientes de aplicación según su naturaleza". 

A las sanciones económicas, que también serán aplicables a los lobbies bien por no estar inscritos y aún así mantener reuniones con consellers, altos cargos o funcionarios para influir en su propio beneficio a la hora de que se tome una decisión o elabore una norma, o bien por omitir su condición de lobby o no actualizar la información aportada en el registro cuando corresponda, también se le podría imponer la prohibición durante un período de uno a dos años de inscribirse en este registro, con lo que durante ese término no podría tampoco mantener reuniones con la Administración.