VALÈNCIA. Una de las tradicionales reivindicaciones de autónomos y empresarios hacia las administraciones públicas ha sido que, más que ayudas o subvenciones, lo que necesitan de sus gobernantes es algo tan simple como que no les estorben y no les pongan palos en las ruedas, para de esta manera poder centrarse en aquello que mejor saben hacer. Es decir, generar actividad económica y crear empleo.
Lamentablemente, esto es precisamente lo que no está haciendo el Ayuntamiento de Valencia en materia de licencias, siendo víctimas nuestros emprendedores de las trabas burocráticas del gobierno municipal, provocando la existencia de miles de licencias municipales pendientes de concesión.
La obtención de licencia para la puesta en marcha de una actividad siempre ha sido uno de los grandes quebraderos de cabeza del colectivo. Y fruto de sus reivindicaciones y como parte de la estrategia Europa 2020, se aprobó, en el año 2012, a través del Real Decreto Ley 19/2012, la posibilidad de presentar una declaración responsable, también conocida como licencia exprés, que permitía el inicio de una actividad económica o profesional prácticamente de manera inmediata, reforzándose de esta manera el régimen de no intervención previa administrativa.
Sin lugar a dudas, la declaración responsable o licencia exprés, se trata de un excelente instrumento para poner en marcha una actividad de forma rápida, pero dicho mecanismo no puede ser utilizado en todos los supuestos, al establecer también la citada norma una serie de actividades excluidas. Así, por poner algunos ejemplos, todavía se necesita tramitar la licencia de la manera convencional en el caso de las terrazas de hostelería, de locales ubicados en el centro histórico o en el caso de la construcción de viviendas. Es decir, el alcance de la licencia exprés no es ilimitado y existen miles de actividades que requieren de una autorización previa en forma de licencia por parte del Ayuntamiento.
A priori, tampoco debería representar un especial problema: unas actividades se ponen en marcha en nuestra ciudad de manera automática a través de la declaración responsable, sin perjuicio de la comprobación posterior de los técnicos municipales, y otras, se ponen en marcha tras un proceso de solicitud previa y posterior resolución por parte del Consistorio. Pero claro, esto no representaría mayor problema, siempre y cuando la concesión de dichas licencias se emitiese en un periodo de tiempo razonable y no se eternizase en el tiempo. Cosa que no está sucediendo en nuestra ciudad, a diferencia de otras grandes ciudades españolas.
En este momento, la ciudad de Valencia, según denuncian los propios colectivos afectados, con los cuales hemos tenido ocasión de mantener reuniones de trabajo recientemente (autónomos, hosteleros, comerciantes y promotores), por culpa de la mala gestión del equipo de gobierno, presenta un enorme retraso en la concesión de licencias municipales. Extendiéndose en muchos casos hasta los 2 años, lo cual supone un grave freno a la generación de actividad económica y creación de empleo en nuestra ciudad.
Desde el grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, hemos presentando numerosas iniciativas para intentar resolver el problema, sin encontrar, lamentablemente, una respuesta satisfactoria por parte del equipo de Gobierno de Compromís y PSOE.
En el pleno del pasado 25 de julio, preguntamos por el número de licencias pendientes de resolución, así como por su tiempo medio de concesión, y la respuesta no pudo ser más desalentadora, tanto por la crudeza de los datos, como por el desconocimiento de los mismos por parte de la propia concejalía competente.
Así, si hablamos del número de licencias pendientes, en lo relativo a las licencias de terrazas, la propia concejalía reconocía la existencia de 2.371 expedientes pendientes de resolución, cifras claramente alarmantes que afectan gravemente a un sector puntero en nuestra ciudad, como es la hostelería. Y respecto de las licencias de negocios en edificios protegidos, y de construcción de edificios, la propia concejalía nos decía que no disponía de esos datos, aunque según estimaciones de los propios promotores valencianos, sólo en lo correspondiente al número de viviendas, estaríamos hablando de más de 3.000 viviendas pendientes de autorización.
Por otro lado, durante el último pleno, interpelamos al respecto al equipo de gobierno, exigiendo la búsqueda de una rápida solución a este problema que tanto daño está causando a miles de emprendedores y autónomos valencianos y, por ende, al desarrollo económico al empleo en nuestra ciudad.
Rafa Pardo, concejal de Ciudadanos del Ayuntamiento de Valencia.