VALÈNCIA. La pandemia provocada por el coronavirus está asolando el mundo. Los datos del paro del mes de marzo llevan a vislumbrar un futuro inmediato nada alentador para millones de españoles. Pero hay colectivos, que si ya en una situación normal son vulnerables, estos días lo son aún más. En Valencia Plaza hemos visitado un centro que acoge a familias de inmigrantes sin recursos. Sus historias hielan la sangre, pero su esperanza saca la sonrisa de cualquiera con un poco de humanidad.
La Concejalía de Cooperación al Desarrollo e Inmigración, a través de la Fundació Per Amor a l'Art, y con la ayuda en la gestión de la ONG Obra Mercedaria, acoge a familias inmigrantes, la mayoría con menores a su cargo mientras tramitan los papeles para poder trabajar. Casi todas las familias han solicitado asilo político.
Hasta ahora, todos estaban en una residencia que tiene el consistorio en Rocafort, pero debido al coronavirus ha tenido que ser trasladado a lo que, habitualmente, es un centro de día de inclusión de menores. Sus historias podrían protagonizar un guión de cine pero, por desgracia, la realidad siempre supera la ficción.
En el centro hay dos familias procedentes de Colombia. Ambas tuvieron que abandonar su país y a sus familias para salvar la vida. Angelly y Diego salieron con lo puesto de Palmira, la ciudad a la que habían huido desde su Cartago natal. Juntos a ellos, en la misma habitación están Gerry, la hermana de Angelly, y Dieguito, un terremoto de cuatro años que sabe que algo pasa, pero al que tratan de dulcificarle la situación.
En el caso de Diego fue un intento de asesinato lo que le llevó a dejarlo todo atrás. Él es experto en siderurgia. Un día, harto de trabajar para terceros, decidió abrir un negocio propio con un amigo de toda la vida. Diego solicitaba el préstamo, y su compañero ponía los contactos. Al principio todo fue bien, la empresa iba bien, ganaban dinero y pagaban la cuota del préstamo.
El problema vino cuando su compañero sacó todo el dinero del banco y desapareció. Diego no podía hacer frente a las cuotas y los dueños del servicio de crédito al que había solicitado el préstamo comenzaron a amenazarle. El ‘banco’ al que había pedido prestado el dinero resultó estar vinculado a un grupo armado procedente de los cárteles de droga.
Tras las amenazas vinieron las primeras visitas a su casa. Se llevaban sus enseres, sacaban las pistolas y le golpeaban, muchas veces en presencia de su hijo de tres años. Finalmente, y ante el temor de que aquello fuera a más decidieron huir a Palmira. Se creían a salvo, pero nada más lejos de la realidad. Los encontraron, y un sicario no dudo en sacar una pistola y dispárale tres veces a Diego, quien para salvarse saltó por un terraplén y consiguió huir. Después vino la decisión más difícil de su vida, dejarlo todo atrás y venirse a España.
Nos cuenta que cuando llegó conocieron a una señora en una iglesia, quien sin saber nada de ellos, les acogió en su casa, los empadronó y le ayudó con los papeles y a contactar con el ayuntamiento. “No queremos que nos mantengan, queremos trabajar. En España hay respeto, aquí nadie te va a venir a agredir. Me gusta la idea de criar aquí a mi hijo”, nos dice mientras que al mismo tiempo nos habla con nostalgia de su país.
De Colombia son también Laura y Juan (nombre ficticios para proteger su identidad). Igual que Diego y su familia, este matrimonio también tuvo que salir huyendo, en este caso debido a las extorsiones que sufrían por parte de bandas organizadas que actúan en su ciudad natal. Cada mes le tenían que entregar a esa gente el 30 por ciento de los beneficios de su negocio. Finalmente, hartos de la situación y del miedo constante, tuvieron que venderlo todo para poder pagar los pasajes y las deudas acumuladas.
El miedo es tal, que nos piden por favor que no demos ningún dato que no sea genérico sobre ellos. Las represalias en Colombia son el pan nuestro de cada día. Han pedido asilo político y están a la espera de los papeles que les permitan trabajar, al igual que su compatriota, nos dicen: “queremos trabajar, poder traer a nuestro hijo y generar empleo”.
Mario y Maria son rumanos. En su país, él trabajaba en la construcción mientras que ella cuidaba de sus dos hijos pequeños. Vinieron a España en busca de una vida mejor, pero lo único que encontraron fue una chabola y los 100 euros al mes que Mario sacaba de vender chatarra, y ropa y otros enseres en el rastro. Pero pese a todo, los niños, Robert, de siete años, y Bianca, de diez, han estado escolarizados desde el minuto cero.
En su caso fue la Policía Local de València la que ante la situación tan precaria en la que vivían los puso en contacto con el ayuntamiento. Mientras estamos allí se produce una situación que nos parte el corazón. En el desayuno, su hijo Robert prueba por primera vez en su vida el zumo y las magdalenas. Quiere más. Las trabajadoras del centro le proveen de su preciado tesoro mientras sus padres miran con una mezcla de alegría y tristeza la situación.
Mientras viven en el centro, Mario aprende a marchas forzadas el idioma, quiere trabajar, y es consciente que no hablar bien el español es un hándicap para él. Bajo ningún concepto quiere que su familia vuelva a malvivir. De hecho nos cuenta que si no consigue trabajo volverán a Rumanía. Su historia es la de miles de inmigrantes que chocan con la dura realidad cuando llegan a España.
Desde Cuba llegaron Cristina y Alejandro. Como ellos mismos explican, vienen de la dictadura más larga de Latinoamérica. Preguntado por el motivo de su salida, Alejandro lo resume en una frase: “Allí la religión evangélica está perseguida. Tienes que adorar al Partido Comunista, olvidarte de Dios y abrazar sus ideales si no quieres tener problemas”, mientras apostilla la frase diciendo “cuando Raúl Castro subió al poder cerró cualquier atisbo de religiosidad en el país”.
Nos cuentan que para salir de Cuba pidieron un permiso para ir a Rusia, el régimen sólo concede permisos para visitar países comunistas o excomunistas durante un plazo de tres meses. Sin embargo, cuando hicieron escala en Ámsterdam a Cristina le dio un infarto en el avión y tuvo que ser trasladada al hospital. Viendo que no estaban en Rusia pidieron asilo, la única posibilidad que les dio la policía holandesa para no deportarlos. Sin embargo, se lo denegaron.
Ahí comenzaron un periplo que les llevó por Alemania, Bélgica y Francia hasta que, finalmente, llegaron a España. Ambos son nietos de españoles, pero para evitar ser detenidos en el aeropuerto, no pudieron llevar ningún papel acreditativo, lo que les ha llevado a tener que solicitar una regularización por arraigo, que tarda tres años.
En estos momentos están en un sin vivir, pues desde el ayuntamiento, la técnico que lleva su caso les ha dicho que cuando termine el confinamiento se van a la calle con sus dos hijas adolescentes. Sin posibilidad de encontrar un trabajo, pues nadie les puede dar de alta hasta que tengan los papeles, y para eso falta año y medio, la ansiedad es una constante en su vida.
La esperanza que todavía les queda se la ha dado una trabajadora de la ONG, quien les ha dicho que nunca ha visto dejar en la calle a una familia. La espada de Damocles en forma de ley que impide que tengan un contrato está ahí, pero sus ganas de seguir adelante también.
Como sus compañeros, lo único que realmente desean es poder encontrar un empleo que les permita tener un piso y alimentar, por sus propios medios a sus hijas. Pese a lo dramático de su situación, ambos desprenden optimismo y siempre están con una sonrisa en la boca. Alejandro repite, una y otra vez, “para nosotros la libertad de expresión es lo más sagrado, y aquí en la madre patria podemos decir lo que pensamos. España, aunque sea más pobre que sus vecinos europeos tiene un calor humano increíble”.
Soila salió de Nicaragua con sus dos hijos, Salatiel de 23 años y Siquen de 20. La insostenible situación política del país la llevó a tomar la decisión más difícil y dura de su vida: dejarlo todo atrás. La represión del régimen Sandinista en Nicaragua obligó a Salatiel a dejar la universidad, pues las revueltas estudiantiles por el incremento del seguro social el gobierno las resolvía a tiros con los manifestantes.
Managua quedó prácticamente cerrada, y Salatiel, que hacía un viaje en autobús de una hora y cuarenta minutos de ida, y otros tantos de vuelta, cada día para poder estudiar vio como sus oportunidades se desvanecían. “Si no eres sandinista no tienes acceso a ningún tipo de beneficio del gobierno”, nos explica.
Su madre, que dejó el colegio donde trabajaba para vender verduras, vio como su sustento, debido a los cortes de carreteras y a la estabilidad política, menguaba sistemáticamente. Finalmente, y ante el panorama desolador, decidió marcharse del país. Al igual que sus compañeros de Cuba, ha solicitado una residencia por arraigo, lo que la obliga a estar tres años en España hasta que puede tener un trabajo legal. Solo llevan dos meses en España.
Las historias de vida de estas personas nos recuerdan que en las grandes crisis siempre son los más vulnerables los que peor lo pasan. Sin embargo, en España todavía quedan ONG que lo dan todo por los demás, y en este caso, desde el Ayuntamiento de València, se les está ofreciendo un apoyo fundamental para evitar que estas familias sin recursos acaben en la calle.