VALENCIA. La elevada deuda que arrastran las organizaciones empresariales de Alicante (Coepa) y Castellón (CEC) obligará a la autonómica Cierval a presentar un plan de viabilidad. El comité de la organización que preside José Vicente González ha analizado este martes el avance de la liquidación del ejercicio 2015. Lo ha hecho en presencia del auditor, que ha instado a concretar ese plan de viabilidad antes de pronunciarse sobre las cuentas de 2015, ya que la organización debe provisionar casi 700.00 euros por lo que le deben sus dos filiales.
Según apuntan fuentes de la organización empresarial, el comité ejecutivo de Cierval y la junta directiva se reunirán dentro de un mes para aprobar si procede tanto el cierre contable de 2015 como el presupuesto de 2016.
Cierval anunció en marzo que dotaría que 476.267 euros por los impagos de Coepa, que está en pleno concurso de acreedores, y que contemplaba hacer lo propio con los 212.610 euros adeudados por la CEC. Con esas medidas no sería necesario acogerse al preconcurso de acreedores, consideró entonces.
Sin embargo, la comisión económica está elaborando un plan de viabilidad con las medidas a adoptar para reducir el impacto de esas provisiones. Una de las cuestiones que según las fuentes consultadas aún no está definida es si parte de esas provisiones se dotarán con cargo a las cuentas del ejercicio 2015.
Ante la presión de algunos de los miembros de la directiva por las posibles responsabilidades personales en las que podrían incurrir, la organización ya se comprometió en marzo a poner en marcha las medidas que fueran necesarias para minimizar el impacto en Cierval "de los procedimientos en curso que afectan a sus confederaciones miembro".
La viabilidad de Cierval, no obstante, está supeditada a cómo concluyan esos procesos. En el caso de Coepa, sus dirigentes han trasladado al comité de Cierval su confianza en superar el concurso, que depende de la valoración que obtengan del centro de formación por el que adquirieron la deuda con el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) que les ha llevado a concurso.
En el caso de la CEC, la incertidumbre es todavía mayor, ya que a sus dificultades económicas se unen los problemas judiciales que afectan a su cúpula, investigada por fraude en subvenciones públicas.
Por otra parte, la mesa de trabajo que Cierval iba a poner en marcha para reformar sus estatutos aún no ha comenzado a trabajar. Dos meses después de anunciarse su creación para redactar los nuevos estatutos, en los que se permitirá que las federaciones sectoriales puedan asociarse directamente a la organización autonómica, la cuestión ni siquiera ha sido objeto de debate este lunes.
La patronal de Valencia (CEV), que hoy por hoy es la única que contribuye a sostener económicamente a Cierval, aspira a que esa circunstancia se refleje en un mayor peso en la asamblea de la autonómica. Sin embargo, tanto Coepa como la CEC se oponen frontalmente a ceder poder a pesar de sus problemas.
El presidente de la castellonense, José Roca, ha hecho que constase en acta la oposición de la CEC a cualquier fusión o integración dentro de Cierval. El dirigente hizo un alegato sobre la necesidad de mantener la independencia de las tres organizaciones provinciales respecto a Cierval, una postura que sería compartida por Coepa.
Así las cosas, ante la reticencia de las organizaciones de Alicante y Castellón, Cierval ha optado por enfriar la reforma estatutaria, pues ya asume que no se llegará a tiempo de tenerla lista para la asamblea que se celebrará en verano, tal y como pretendía José Vicente González.