Las sanciones por infracción con la declaración responsable podrán ascender hasta un millón

VALÈNCIA. Las sanciones por infracción con las declaraciones responsables podrán ascender hasta un millón de euros. Así lo recoge el decreto ley del Plan Simplifica, publicado este miércoles en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), y que potencia el uso de esta fórmula para la agilización de los trámites con la administración. 

Como ya explicaba el president de la Generalitat, Carlos Mazón, en la presentación de dicho plan, la norma iba a contemplar entre sus medidas el potenciar la declaración responsable por encima de la licencia para abrir un negocio. Para ello, se reforzaría el sistema de control e inspección y se aumentará el importe de las sanciones. "Protegeremos el interés común bajo la premisa de quien la hace la paga", señalaba. 

Según consta en la norma, las infracciones leves se sancionarán con multas de hasta 6.000 euros, las graves con hasta 120.000 euros y las muy graves hasta el millón de euros. Unos procedimientos sancionadores que corresponderá al órgano directivo competente donde se aporte la declaración responsable o comunicación o donde operen los organismos de certificación, entidades colaboradoras sectoriales, entidades colaboradoras de certificación y entes habilitados.

Entre las infracciones muy graves se encuentra el incumplimiento doloso de los requisitos, obligaciones o prohibiciones aplicables a la actividad o proyecto. Cuando de las mismas resulte un daño muy grave o se derive un peligro muy grave o inminente. La negativa absoluta a facilitar información o prestar colaboración al personal inspector. El incumplimiento de la obligación de aseguramiento de riesgos por las entidades colaboradoras de certificación y la reincidencia en falta grave por la que se hubiese sido sancionado en el plazo de los dos años anteriores a la comisión de esta.

Cabe recordar que la voluntad con la norma es fomentar el uso de la declaración responsable para todo tipo de trámites, desde la apertura de negocios hasta las ayudas. Según consta en el texto, las declaraciones responsables serán exigibles en aquellos supuestos en los que la normativa vigente establezca la necesidad de acreditación del cumplimiento de determinados requisitos por parte de las personas interesadas, bien para el reconocimiento de un derecho o facultad, bien para su ejercicio.

Unas declaraciones responsables y comunicaciones que no estarán sujetas a ningún acto previo de la Administración para el inicio de la correspondiente actividad, sin perjuicio de la expedición del acta de comprobación favorable cuando así lo establezca la normativa reguladora. En este sentido, señala que las entidades incluidos en el ámbito de aplicación del decreto ley, como los consistorios, deberán revisar periódicamente los procedimientos autorizatorios de su competencia, con el objeto de analizar la posibilidad de sustituir autorizaciones o licencias por declaraciones responsables o comunicaciones.

En ésta constará la manifestación de la persona declarante de que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento del derecho o facultad, de que dispone de la documentación acreditativa y la pondrá a disposición cuando le sea requerida, y de que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.

Además, para incentivar este modelo se crea la figura de las entidades colaboradoras de certificación y la declaración responsable visada con las que se abre la puerta a la colaboración con colegios profesionales, cámaras de comercio o asociaciones empresariales para la expedición de documentos que permitan iniciar la actividad económica desde el primer día. "Una licencia de una gran compañía, de un comercio o un hotel es economía parada y empleos paralizados", señalaba Mazón.