VALENCIA. Las cinco Cámaras de Comercio de la Comunitat y el Consejo autonómico de Cámaras ingresaron el año pasado 6,1 millones de euros en subvenciones. Las ayudas públicas representan el grueso de la partida que las Cámaras registran como otros ingresos de explotación, que en 2015 se incrementó un 40,3%. Este aumento consolida a los convenios con las administraciones públicas como su principal fuente de ingresos, muy por encima de los recursos que obtienen por prestación de servicios al sector privado.
Así consta en el último informe de fiscalización realizado por la Sindicatura de Cuentas sobre las Cámaras de Alcoi, Alicante, Castellón, Orihuela, Valencia y Castellón, así como del consejo autonómico. El trabajo analiza tanto las cuentas como el cumplimiento de la legalidad por parte de estas corporaciones de derecho público.
Tal y como recuerda el ente fiscalizador, la desaparición en 2011 del recurso cameral permanente -la cuota que las empresas estaban obligadas a pagar a las Cámaras de comercio- obligó a estas entidades a realizar importantes ajustes y buscar nuevas fuentes de ingresos. Algunas, como la de Orihuela, atraviesan graves problemas económicos, mientras que el resto han encontrado en los convenios con la administración la tabla de salvación para mantenerse a flote.
A pesar del sustancial incremento de las ayudas públicas de 2015, todas perdieron dinero ese año, sobre todo la de Alicante. En conjunto, los números rojos rozan los dos millones de euros. Con todo, las pérdidas se redujeron un 45,7% respecto a 2014, cuando el resultado negativo conjunto superó los 3,68 millones de euros.
Las Cámaras destinan los fondos públicos que reciben a actividades de formación profesional, promoción del valenciano, planes de mejora empresarial, promoción de viveros de naves industriales o planes de innovación en el comercio, entre otros conceptos.
El nuevo Consell ha mantenido las ayudas que el anterior ejecutivo del PP venía destinando a estas entidades. El primer convenio de colaboración autorizado por el govern del Botànic desde la entrada en vigor el pasado abril de la nueva ley autonómica de Cámaras reservó 560.000 euros para cubrir los costes de mantenimiento de la estructura de personal y gastos de funcionamiento del Consejo de Cámaras de la Comunitat y las cinco Cámaras que lo integran.
El pasado 9 de diciembre, el pleno del Consell aprobó un convenio de colaboración de 200.000 euros entre la Conselleria de Economía y el Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio de la Comunitat Valenciana para difundir las ventajas de la innovación.
En los presupuestos de 2017, el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) destina 800.000 euros a un convenio para "colaborar en la elaboración de instrumentos, actividades y ayudas de apoyo a los procesos de internacionalización de las empresas así como en temas de captación de inversiones".
En sus conclusiones, la Sindicatura subraya que las corporaciones camerales deben mostrar "fehacientemente" en sus cuentas anuales la diferenciación entre ingresos públicos y privados, tal y como obliga el artículo 35.3 de la Ley 4/2014, que prescribe la publicación de las subvenciones y recursos públicos recibidos.
Sin embargo, en general lo ventilan en un párrafo de la memoria. "En los balances de comprobación no se diferencian subcuentas de ingresos para registrar separadamente los derivados de actividades públicas delos de las privadas", explica el ente fiscalizador.
Por otro lado, la Sindicatura subraya que, en el momento de redactar su informe,las entidades han incumplido con su obligación de adaptar sus respectivos reglamentos de régimen interior a la nueva normativa autonómica ni tampoco han elaborado sus códigos de buenas prácticas. Según recuerda el organismo, el plazo legal para hacerlo concluyó el pasado 9 de julio.
En su informe sobre las cifras agregadas de las Cámaras, la Sindicatura refleja que el importe neto de la cifra de negocios supera los 7,19 millones de euros, un 1,2% inferior al del año anterior. Frente a ello, en los gastos agregados, destacan los de personal, que superan los 9,05 millones de euros, y otros gastos de explotación, que presentan un total de 6,21 millones.