VALÈNCIA. (EP). Un total de 49 municipios de la provincia de Valencia sumarán esfuerzos y se coordinarán para luchar de manera conjunta contra la violencia de género, compartiendo experiencias, recursos económicos, humanos y materiales, en la Red de Municipios Protegidos contra la Violencia de Género que se ha constituido este miércoles en la Diputación de Valencia.
En la sesión constitutiva, la diputada de Igualdad, Isabel García, ha explicado que un total de 54 consistorios pidieron adherirse a esta red, pero cinco de ellos no cumplían alguno o varios de los requisitos para ser miembro: tener una concejalía o delegación de Mujer o Igualdad, tener implantado un plan de igualdad o en el caso de los de menos de 20.000 habitantes estar adherido al Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género (ATENPRO).
Estos cinco municipios son Sagunto, Puçol, Macastre, Bocairent y Salem, y podrán pedir incorporarse en la nueva convocatoria si subsanan su situación a una red que, ha explicado la diputada, está "siempre abierta".
En esta red, los municipios pondrán "experiencias en positivo sobre la mesa", contarán con un protocolo común de actuación en los casos de violencia machista que tiene como objetivo evitar la "revictimización" de las mujeres, podrán compartir recursos económicos y humanos e, incluso, solicitar ayudas a nivel europeo conjuntamente para poder crear planes y establecer dinámicas de trabajo, ha explicado la diputada.
"El próximo año nos planteamos, dentro de la convocatoria, la contratación de personal formado en psicología, atención sanitaria y atención jurídica en los pequeños municipios, en red también, para que acompañen a las mujeres en todo el periplo administrativo y jurídico que supone ser víctima de violencia de género", ha avanzado.
Por ejemplo, ha citado entre los beneficios de pertenecer a esta red que "una persona que no quiere poner una denuncia en su pueblo porque es un pueblo pequeño donde todo el mundo la conoce pueda ir al municipio más cercano y pueda ponerla allí o ser atendida por los servicios sociales de ese otro municipio sin importar dónde está empadronada".
En esta primera etapa de la red ya se ha puesto por parte de la corporación provincial a disposición de los municipios una convocatoria que saldrá "en breve" con 200.000 euros. Para 2019 será de 400.000 o 500.000 euros.
La red prevé reuniones anuales de evaluación y análisis, y cuenta también con una comisión de expertos para ir viendo qué corregir, qué caminos tomar y proponer prácticas "en positivo".