VALÈNCIA. El 3 de julio de 2006 pocos segundos después de las 13 horas, 10 minutos y 16 segundos del mediodía, la vida de casi un centenar de familias cambiaba para siempre. Pasaban a penas tres minutos de la una cuando dos trenes de metro que viajaban en doble composición descarrilaban en una curva cercana a la estación de Jesús. Una de esas unidades, la 3736, fue la que volcó y causó los fallecidos.
El resultado final de aquel accidente fueron 43 personas muertas y otras 47 heridas. Ahora, doce años después de aquel fatídico día, las familias de los fallecidos y del resto de víctimas han logrado su primera batalla judicial real, conseguir ir a juicio y sentar en el banquillo a ocho exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) 12 años después del accidente.
El problema judicial básico se ha basado a lo largo de los años en la negativa sistemática de la magistrada instructora, Nieves Molina, en llevar adelante la causa. Desde el minuto uno, Molina vio un archivo por extinción de la responsabilidad penal, pues el conductor había fallecido e iba muy por encima de la velocidad permitida. Sin embargo, para las víctimas, el caso iba mucho más allá del hecho de que el conductor hubiera superado la velocidad permitida.
En la lista de las preguntas sin respuesta que las familias planteaban a la juez se encontraban, entre otras, por qué se había borrado la caja negra que se borró después de un primer volcado realizado delante de un policía que declaró no tener los conocimientos suficientes para saber qué estaban haciendo, por qué las ventanas del vagón siniestrado que más víctimas causó no cumplían con las normativas de seguridad o por qué el libro de averías también desapareció cuando la noche del accidente fueron los trabajadores de Ferrocarrils de la Generalitat quienes se hicieron cargo de la custodia de los vagones siniestrados.
La lucha ‘magistrada versus víctimas’ no ha tenido cuartel a lo largo de los años, y buena prueba de ello es que Molina ha llegado a archivar la causa hasta en cuatro ocasiones, y otras tantas la tuvo que reabrir por los recursos de las familias. De hecho, la lucha llegó a tal extremo que fue la Audiencia Provincial la que tuvo que enmendarle la plana a la juez y ordenarle llevar a juicio el accidente de metro.
Y es ahí, en ese punto, en esa victoria moral para las familias, donde este lunes se ha detenido el procedimiento judicial.
El auto procesa a la exgerente de FGV, Marisa Gracia, pero junto a ella se sentarán en el banquillo de los acusados Vicente Contreras, exdirector adjunto de la Explotación de FGV; Francisco García, exdirector técnico; Manuel Sansano, exdirector de Operaciones; Juan José Gimeno, exresponsable de Auditoría para la Seguridad y Circulación; Luis Miguel Domingo Alepuz, exjefe de Talleres de València Sud; Sebastián Argente, exjefe de la Línea 1, y Francisco Orts, exresponsable de estudios y proyectos.
Pero lo más llamativo es que en los fundamentos del derecho, donde se supone que debería explicarse el por qué se va a juicio, la magistrada utiliza tan solo un folio de los 28 de los que consta el auto. La primera parte de ese escueto folio lo dedica a enumerar quién ha declarado y las periciales que se han practicado.
En la segunda parte… Un mensaje entre líneas a la Audiencia Provincial de València: "atendiendo al contenido del auto de la Audiencia Provincial (Sección 2ª) de fecha 16/02/18, y encontrándose vinculada esta juzgadora por lo dispuesto en el mismo, entendiendo el Tribunal que los hechos pueden ser constitutivos de delitos, procederá acordar la continuación del procedimiento". O lo que es lo mismo, y en lenguaje profano, 'como me obligáis, vamos a juicio'.
