VALÈNCIA. (EP). Las empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC), las que prestan servicio para firmas como Uber y Cabify, cuentan con un plazo de tres meses para presentar reclamaciones ante el Ministerio de Fomento por el Decreto aprobado este viernes, la norma que dentro de cuatro años les suprimirá la habilitación para dar servicio urbano, su principal negocio y con el que compiten con el taxi.
Este plazo de reclamaciones ante la Administración ha arrancado ya, dado que empieza a contar desde la entrada en vigor de Real Decreto Ley, esto es, una vez se ha publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Así se establece en el propio texto legal, que indica los pasos a seguir en el caso de que los propietarios de las alrededor de 11.200 licencias VTC existentes consideren que el plazo de cuatro años que la ley les otorga antes de suprimir su capacidad de dar servicio urbano no fuera suficiente para amortizarlas.
En el supuesto de que se reconozca una indemnización complementaria, ésta no se abonará en forma de compensación económica, sino en tiempo de moratoria adicional y por un periodo máximo de dos años más.
Los titulares de VTC deberán dirigir sus reclamaciones dentro de dicho plazo de tres meses, con la correspondiente justificación y documentación, ante la Dirección General de Transportes Terrestres del Ministerio de Fomento, que las resolverá en el plazo de seis meses.
En el caso de las miles de licencias VTC que están pendientes de concesión por vía judicial, entre 6.000 y 9.000 autorizaciones, el plazo para reclamar y la moratoria comienzan a contar desde el día que sean otorgada.
La resolución de la Dirección General de Transportes pondrá fin a la vía para reclamar por vía administrativa. En el caso de la vía judicial, si bien Fomento asume que se presentarán recursos, el propio titular del Departamento, José Luis Ábalos, indicó el viernes, tras la aprobación de la nueva norma, que se trata de un Decreto "blindado jurídicamente".
El Ministerio considera que la moratoria de cuatro años que la nueva legislación da a los VTC antes de suprimir la habilitación de transporte urbano es un plazo suficiente para amortizar la licencia.
Además, argumenta que las licencias no se suprimen o expropian, sólo cambian sus condiciones y seguirán existiendo para dar servicio interurbano o para solicitar nueva autorización para el urbano.
La nueva norma abre no obstante puerta a que a partir de esos cuatro años, y el plazo adicional para las que recurran y logren más tiempo, los ayuntamientos supriman el número de VTC que consideren en sus territorios.
Una vez concluya la moratoria, para realizar trayectos urbanos, las VTC tendrán que pedir una nueva autorización de servicio dentro de una misma ciudad a los correspondientes ayuntamientos.
Estos ayuntamientos podrán disponer el número de autorizaciones que dan, bien en función de la proporción de una por cada treinta taxis que se fijó en 2015 y actualmente está ampliamente sobrepasada, o de la que estas administraciones decidan. Ello en la práctica supondrá la desaparición de miles de licencias urbanas actuales.
Por el momento, y una vez que el Decreto Ley ha entrado en vigor, las comunidades y los ayuntamientos pueden entrar ya a regular y gestionar el servicio de los VTC en sus territorios al igual que hacen con el taxi.
Así, aunque aún no pueden reducir el número de estos coches en servicio, pueden decidir sobre sus condiciones de precontratación, sobre recorridos mínimos y máximos, horarios e incluso las características técnicas de sus vehículos.
