CASTELLÓ. Casi mes y medio después de que se publicase el Real Decreto-ley 20/2022 de medidas de apoyo a la industria gasintensiva, el Ministerio de Industria comienza a perfilar cómo se articularán los 450 millones de euros. Industria ha sometido a exposición pública la orden que regula las bases de las ayudas. Según se desprende del borrador, las empresas podrán optar a un máximo de hasta 25 millones de euros por grupo empresarial, pero el plazo para cobrarlas se extiende hasta el 31 de marzo de 2024. Esta es la fecha límite que marca el Ministerio para que las empresas hayan recibido las ayudas.
Aunque el plazo para presentar alegaciones está abierto hasta el próximo 3 de marzo y por lo tanto, la orden podría sufrir modificaciones si se aceptan, estas son las principales líneas maestras del paquete de ayudas del Gobierno:
En primer lugar, el ámbito temporal contempla que se tendrán en cuenta los consumos de gas entre el 1 de febrero de 2022 y el 31 de diciembre de 2023. Las ayudas por tanto, se concederán en base al aumento de los precios del gas en dicho periodo comparado con un periodo de referencia que se ha determinado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.
En cuanto al importe que corresponderá a cada empresa, una de las principales incógnitas hasta ahora. El Ministerio establece una fórmula basada en el consumo de gas y que según explica la presidenta de Gasindustrial, Verónica Riviere, se trata de la fórmula que indica la Unión Europea y que se ha aplicado en el resto de países. Sin embargo, se ha establecido un importe máximo por grupo empresarial de modo que: En carácter general, la ayuda máxima por beneficiario será del 50% del coste subvencionable que no podrá superar los 4 millones de euros. De forma alternativa también se puede calcular ese importe máximo teniendo en cuenta el 40% del coste subvencionable hasta un máximo de 25 millones por grupo empresarial.
Para poder recibir estos 25 millones las empresas tendrán que acreditar que su EBITDA durante el período subvencionable (a partir del 1 de febrero de 2022) no no supera el 70% del EBITDA durante el año 2021 incluyendo la ayuda global. Es decir, acreditar que su EBITDA se ha reducido en un 30% o más con relación a la situación previa a la invasión de Ucrania.
La orden también aclara que en el caso de que el presupuesto disponible, es decir los 450 millones, no sea suficiente para conceder la ayuda máxima a todos los beneficiarios, se prorrateará de forma que la ayuda a cada una de las empresas represente la misma proporción sobre sus costes subvencionables.
La orden ministerial también recoge algunos requisitos que las empresas deberán cumplir para la obtención de las ayudas, y es que las compañías tendrán que realizar inversiones en materia de eficiencia energética o reducción de emisiones. En concreto, tendrán que cumplir uno de estos dos requisitos: implementar en cuatro años en todas sus instalaciones “actuaciones para la mejora del desempeño energético” siempre que sean, eso sí, económicamente rentables y que los costes de inversión sean proporcionados. El segundo requisito supone invertir el 50% de la ayuda en proyectos que den lugar a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en cualquiera de sus instalaciones. Esta inversión deberá acreditarse en el plazo de tres años desde la concesión de las ayudas.
Según se recoge en la orden, podrán acogerse a las ayudas las empresas que cumplan los siguientes requisitos: haber consumido más de 1,5 GWh de gas natural durante, al menos, uno de los dos años anteriores al de la convocatoria; Acreditar que el cociente entre el consumo anual de gas natural y valor añadido bruto de cada una de las instalaciones para las que se solicite la ayuda ha sido superior a 1,5 kWh/€ durante, al menos, uno de los dos años anteriores al de la convocatoria. Además de estos requisitos las empresas tendrán que pertenecer a alguno de los 25 CNAEs que el Gobierno ha determinado como beneficiarios de las ayudas.
Esta clasificación ha suscitado mucha controversia desde el principio, y es que tanto desde la asociación Gasindustrial como desde la patronal azulejera Ascer, defienden que el CNAE no es un índice de intensidad energética. “Desde GasINDUSTRIAL reclamamos un Estatuto del Consumidor Gasintensivo para un reparto que refleje realmente una calificación en función del consumo energético y que valore el peso de las compras de energía sobre la producción”, manifiesta Verónica Riviere, que anticipa que presentarán alegaciones en este sentido. Y es que muchas industrias gasintensivas han quedado fuera de este reparto, entre ellas las fritas, esmaltes y colores cerámicos o el textil, que a pesar de que el presidente Pedro Sánchez anunció que se incluirían, todavía no aparecen en la orden ministerial en exposición pública.
En el documento de memoria de la orden, el Ministerio justifica la elección de estos 25 CNAE teniendo en cuenta la ratio de consumo de gasnatural a valor añadido bruto superior 2,8 kWh/€. Sin embargo, se han excluido aquellos que, "han tenido la capacidad de repercutir el aumento de los precios energéticos en los precios de sus productos. Se ha determinado que estos sectores son aquellos cuyo índice de precios industriales (IPRI), publicado por el INE, acumulado entre 2019 y 2022 es superior al 50%". Además también se han excluido aquellos sectores cuyo excedente bruto de explotación(EBE) aumentó en 2022 por encima del 30% con respecto al de 2021 y también han decidido dejar fuera a los que "causan un perjuicio significativo al medio ambiente".
Por el momento, todavía habrá que esperar a que se cierre el plazo de alegaciones para conocer si el Gobierno decide incluir alguna de ellas que modifique finalmente el texto. Todo apunta a que teniendo en cuenta la documentación exigida y los plazos de la Administración, las ayudas no llegarán a las empresas hasta finales de año o principios de 2024, un horizonte muy lejano para un sector como el cerámico que agoniza.