Foto: EDUARDO MANZANA/EPCASTELLÓ. La situación de los bomberos forestales de la Generalitat Valenciana no es la óptima. Aunque el Gobierno valenciano dirigido por Ximo Puig avanzó en la mejora de las condiciones del cuerpo autonómico de brigadas forestales -no sin conflicto con los sindicatos por la lentitud-, lo cierto es que con la anterior consellera de Justicia, Gabriela Bravo, muchas cosas se quedaron en el tintero. De manera que su sucesora en esta conselleria, Elisa Núñez, de quien depende el área de Emerencias de la Generalitat, tiene muchos deberes por delante.
Desde la firma del primer convenio de los bomberos forestales hasta el proceso de estabilización de los profesionales del cuerpo o la vertebración de la Unidad Valenciana de Emerencias (UVE), más conocida como la 'UME' valenciana, anunciada por Puig la pasada legislatura y cuya constitución debe hacerse de manera progresiva en los próximos meses. Son algunos de los retos de Núñez que, ante la peor ola de calor del verano, adquieren ahora todavía mayor sentido.
Las organizaciones sindicales representadas en la empresa pública de emergencias, la SGISE, se reunieron este miércoles con la consellera entrante para poner sobre la mesa las principales reivindicaciones de un cuerpo de bomberos que ha sufrido cambios importantes en los últimos años con la subrogación del personal por parte de la mencionada compañía, nacida en 2019 para albergar al cuerpo de bomberos forestales que trabajaba en Tragsa.
Desde entonces, sin embargo, "se están alargando problemas en el tiempo y no se corrigen", denuncian fuentes sindicales a este diario. Y la consellera se mostró dispuesta a "escuchar" y "mejorar todo aquello que han solicitado después de ocho años" habiendo estado "totalmente abandonados".
Así pues, ante la constatada falta de personal, que en el primer semestre de este año obligó a más de 420 movilizaciones de brigadas para atender emergencias fuera de su horario laboral, la reclamación es la contratación de un efectivo más por turno o la "adaptación de los turnos de trabajo" incorporando un tercer turno, por ejemplo.
A ello se suma la inestabilidad de parte del cuerpo, que "sólo trabaja seis meses al año", critican las organizaciones sindicales, quienes reclaman una "plantilla estable" durante todo el año. En ese sentido, cuestionan que se siga manteniendo un "servicio del siglo XX", con parte de los profesionales trabajando sólo durante la época estival. Algo que a su juicio debería cambiar si nos encaminamos a veranos más largos y con temperaturas más extremas, además de la concurrencia de otras emergencias derivadas de inclemencias meteorológicas, especialmente en otoño.
Pero quizá una de las quejas más sonoras es la falta del convenio laboral dentro de la empresa pública de emergencias que, tras cuatro años desde su creación, todavía está en los despachos a la espera de informes favorables de la Conselleria de Hacienda y otros departamentos. "Lo entregamos a finales del año pasado y en abril nos dijeron que estaría listo para su aprobación en pocas semanas, pero llegaron las elecciones y todavía no se ha hecho", critican en la parte social, que ya se manifestaron en mayo contra la Generalitat.
Este convenio incluye mejoras sobre la segunda actividad, que implica que los trabajadores mayores de 55 años o con motivos de salud no tengan que estar en primera línea de fuego, sino que se puedan recolocar en otro servicio estipulado. También prevé el reconocimiento de la toxicidad, penosidad y peligrosidad tras 30 años de reivindicación del servicio, y la unificación de tres realidades diferentes de este colectivo, que incluye a aproximadamente 1.000 personas en las tres provincias, y que realizan el mismo trabajo.
Y en paralelo a todo ello, está en proceso la estabilización de parte del personal de la SGISE, que afecta a unas 300 personas y que está a la espera de que se publiquen las listas definitivas de los admitidos en el proceso, para pasar más tarde a la fase de baremación y, en algunos casos, de examen. "La empresa adjudicataria que lo llevá está dando problemas", aseguran fuentes sindicales, que critican la falta de celeridad para la consolidación de los puestos de trabajo.
Pero quizá el trabajo de mayor envergadura es la implantación de la conocida como 'UME' valenciana, el cuerpo de emergencias impulsado por el anterior gobierno valenciano y que pretende coordinar los bomberos de los consorcios provinciales y de las tres capitales, los bomberos forestales de la SGISE y el resto de cuerpos de emergencia de la Comunitat para actuar de manera conjunta no sólo ante incendios sino ante todo tipo de emergencias.
Este proceso debe completarse en un año a partir de que se publicara el decreto de creación de la UVE, datado del mes de febrero. En este tiempo, se deberá duplicar el personal técnico de las unidades helitransportadas y ocupar el resto de plazas de mando y control de la Sgise. También se tendrá que crear una unidad de mando de la UVE con funcionamiento las 24 horas del día los 365 días del año, y se deberán adecuar todas las bases y parques de emergencias.
