El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas sitúa ya a la vivienda como el principal problema para los españoles. Y lo hace por delante del paro y la crisis económica, que hasta ahora había liderado las inquietudes. No es la primera vez que aparece, ni la primera que los políticos de este país intentan situar la promoción de vivienda pública o de alquiler en el foco de sus políticas. Otra cosa es el éxito de sus iniciativas.
El Gobierno lo ha intentado con la ley de Vivienda para limitar los precios del alquiler en las denominadas zonas tensionadas y de esta manera, que los jóvenes y no tan jóvenes puedan acceder a viviendas a un precio que lo permitan sus sueldos. Pero como no hay consenso entre los grandes partidos, basta con que lo proponga uno para que no se apliquen esas políticas en las comunidades que gobierna el otro.
Con las viviendas turísticas, los políticos sí que le han visto las orejas al lobo, de ahí que muchos, incluidos los del PP, hayan optado, como Alicante y València, por la moratoria en la suspensión de las licencias y el ordenamiento por zonas. Sin embargo, no aplican las zonas tensionadas.
El fomento del alquiler y sacar las viviendas vacías, que las hay y muchas, en todas las ciudades, debería ser una prioridad de todas las administraciones. Es verdad que hay mucha desconfianza entre los propietarios a la hora de ceder los inmuebles por varias razones: impagos, destrozos, dificultades a la hora del desahucio, etc. En ese caso, la administración pública debería jugar un papel de garante de todas esas incógnitas: fiador del pago, mantenimiento del inmueble y alternativas de planes b en caso de que el propietario quiera hacer uso del inmueble para su disfrute o para algunos de sus familiares, en el medio y corto plazo. A ella habría que sumar la posibilidad de la bonificación fiscal, bien vía IRPF —-queya existe—, bien en tributos locales; o el adelanto de parte de los réditos del alquiler, como hacen algunas empresas. Sería una buena fórmula de incentivar que los propietarios pusieran esas viviendas en el mercado. Ya sé que no es fácil, y máxime en ciudades turísticas donde el alquiler de temporada —-otrafórmula para escapar del régimen turístico, como está pasando en Barcelona— es otra tentación que ha encontrado un agujero en la ley de vivienda. La futura agencia que ultima el Gobierno debería ofrecer esos atractivos si de verdad quiere ser útil. Y a la propia Generalitat Valenciana tampoco le vendría mal un instrumento de este tipo. Da igual que la solución, una vivienda en el mercado, a un precio razonable, es un éxito.
Después está la promoción de vivienda pública, que es un buen instrumento, pero a medio y largo plazo. El Gobierno de Carlos Mazón lo situó como una prioridad y ha lanzado varios concursos en los que los ayuntamientos ceden el suelo a promotoras a cambio de viviendas en régimen de alquiler bajo la fórmula de la concesión demanial por la que la administración cede el suelo y, a los 50 años, estas propiedades construidas sobre ese suelo pasan a ser de titularidad pública. También el Gobierno central, a través del Sepes y de la Sareb, ha optado por esta vía. Aquí el gran obstáculo que tienen las administraciones es que las grandes promotoras suelen decantarse por las viviendas de renta libre por su mayor rentabilidad. Como en el alquiler, hay que hacer las promociones muy atractivas para que la iniciativa privada acuda a los concursos.
El problema de la promoción pública de vivienda es que la política debe ser constante y diría que por igual en todos los municipios. Es decir, todos los ayuntamientos deberían estar obligados a promoverla, o a fomentar el alquiler como institución garantista, porque el problema es igual en casi todos los sitios. Lo que pasa es que la tradición va por ciudades. Normalmente, las más grandes, y con mayor masa trabajadora, son donde las políticas se han perpetuado (con mayor o menos éxito), y además con instrumentos como las empresas públicas o los patronatos municipales.
No sé si esta reflexión será útil. Lo que parece claro es que las políticas de vivienda, las de promoción y fomento del alquiler, cunden poco. Debería haber un pacto de Estado. Incluso me atrevería a decir que debería formar parte de la Constitución, no solo como derecho fundamental, donde ya está recogido, sino como obligación pública para su promoción. E incluso para ser más eficaz, como precepto legal dentro de los presupuestos municipales de cada ayuntamiento. Sería la única manera de que nuestros servidores se pongan las pilas en este campo, y no actúen solo cuando viene el lobo, como ahora con las viviendas turísticas. El contribuyente suele tener paciciencia, pero también quiere ver que se ponen en marcha soluciones, aunque después sea todo propaganda. Al menos, por favor, que lo intenten, que sea un prioridad, no una respuesta a un fenómeno puntual.
Pase lo que pase, pese a que no tengo mucha, Feliz Navidad, Bon Nadal.