VALÈNCIA. La Generalitat y el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (CERMI CV) han presentado este martes un informe para fomentar la incorporación al empleo público de las personas con discapacidad, que incluye 22 propuestas como flexibilizar el acceso con concursos de mérito y temarios en lectura fácil, baremar el conocimiento de lengua de signos e implementar protocolos de acompañamiento y acogida en los puestos de trabajo.
La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha asegurado que el estudio "marca la hoja de ruta de los poderes públicos" para alcanzar "una sociedad plenamente inclusiva" y orientará el reglamento que la administración elaborará próximamente, como exige la Ley de Función Pública, para "dar cumplimiento a lo que convenios internacionales están demandando".
Así lo ha explicado en la presentación del Informe 'Personas con Discapacidad y Empleo Público en la Generalitat Valenciana', en la que han participado, además de Bravo, tres de los autores del informe: el presidente de CERMI CV, Luis Vañó, la directora general de Diversidad Funcional, Elena Albert, y la secretaria autonómica de Justicia, Gemma Fajardo. El documento recoge el trabajo conjunto de varias asociaciones y departamentos de la Generalitat.
En su intervención, la consellera ha puesto de relieve que la tasa de empleabilidad de las personas con un grado superior de discapacidad en la Comunitat Valenciana es del 33,3%. Además, las personas con discapacidad constituyen un 2,76% del empleo público a pesar de suponer un 6,3% de la población. "No hemos sido capaces de trasladar la diversidad a la administración", ha lamentado Bravo, que destaca no obstante que la nueva Ley de Función Pública supone "importantes avances" al elevar las tasas de reserva de plazas de un 7% al 10%.
Frente a esta situación, el informe propone, según ha explicado Bravo, poner en marcha una norma que regule el empleo público de las personas con discapacidad; redactar una guía de buenas prácticas en la convocatoria y el desarrollo de las pruebas; mejorar la difusión de los procesos selectivos y "contemplar otras vías de acceso al empleo público más flexibles" como los concursos de méritos.
También ha destacado la incorporación de lengua de signos, facilitar con antelación una descripción de las funciones y tareas de los puestos de trabajo y poner en marcha planes de formación dirigidos tanto a las personas con discapacidad como para la sensibilización del resto de plantillas.
Igualmente, se incluye el desarrollo de un protocolo de acogida en el puesto de trabajo, con medidas de adaptación y un sistema de apoyo para dar seguimiento a las personas con discapacidad en sus puestos trabajo".
"Estas propuestas no nos pueden hacer olvidar que necesitamos reformas de mayor calado, que lamentablemente no han sido posibles hasta la fecha", ha expuesto Bravo, para reivindicar la reforma del artículo 49 de la Constitución que se refiere a las personas con discapacidad con el "inapropiado" término 'disminuidos' y tiene "un espíritu totalmente paternalista".
Por otro lado, a preguntas de los medios de comunicación, la consellera ha valorado la aprobación este martes en el Consejo de Ministros de un Real Decreto por el que se reduce de 15 a 5 los años necesarios para que las personas con al menos un 45% de discapacidad puedan acceder a la jubilación anticipada: "Yo creo que es una propuesta positiva, que siempre hay que dejar abierta esa posibilidad para que aquellas personas que por sus propias circunstancias quieran adelantar su jubilación, que tengan esa puerta abierta".
Por su parte, Gema Fajardo ha concretado también que otra de las propuestas del informe es la creación de un órgano específico de consulta y participación, dependiente de la Presidencia de la Generalitat, para el seguimiento de la situación de las personas con discapacidad una vez ya han accedido al puesto de trabajo.
En él, ha planteado, deberán estar presentes tanto las administraciones como sindicatos y entidades representativas de la discapacidad, y debe incluir la creación de la figura de delegados, desplegados en todas las consellerias, para canalizar la información y necesidades a este organismo, y que velen por la inclusión en cada departamento.
Asimismo, Elena Albert ha destacado el anexo del informe que se refiere a las buenas prácticas en las pruebas de acceso, y que contempla, por ejemplo, la adaptación de temarios y de la prueba en lectura fácil.
También se recomienda, antes de la formalización del contrato, que la administración aporte un informe de tareas y funciones del puesto de trabajo para que los centros de valoración puedan emitir un certificado de compatibilidad de funcionalidad que sea más preciso. Igualmente, Albert ha subrayado la importancia de la creación de planes de acogida en el puesto de trabajo y que los empleados cuenten con una persona de referencia, para que "se permita no solo el acceso sino la permanencia en el puesto de trabajo".
El presidente del CERMI CV ha destacado la importancia de este informe también en el ámbito nacional, ya que se presentará al Ministerio por parte del CERMI estatal y ha destacado el "liderazgo" de la Generalitat y de la asociación autonómica en la inclusión de las personas con discapacidad, también con el ejemplo del modelo de justicia accesible.
También ha valorado el "paso valiente" de la Ley Valenciana de Función Pública, aunque ha lamentado que se haya retrasado el reglamento que la desarrollará. En ese sentido, ante la proximidad de las elecciones del 28 de mayo, ha asegurado que el CERMI CV estará "pase lo que pase" a disposición de contribuir a su desarrollo en la próxima legislatura.