VALÈNCIA (EFE). El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado hoy la ley sobre acción concertada para la prestación de servicios a las personas en el ámbito sanitario, que permite que entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro puedan prestar esos servicios.
La norma, que inicialmente se tramitó como un decreto ley del Consell, ha contado con el apoyo del PSPV, Compromís y Podemos, y el voto en contra del PP, que ha considerado que lo que se ha aprobado es "adjudicar contratos a dedo", y de Ciudadanos, que ha opinado que puede ser inconstitucional y quedar "en agua de borrajas".
El objetivo de la nueva ley es establecer medidas urgentes para la puesta en funcionamiento de la acción concertada para la prestación a las personas de servicios de carácter sanitario en la Comunitat, después de que el Gobierno estatal no haya traspuesto todavía las directivas europeas en esta materia.
La norma fija que la prestación de servicios sanitarios se podrá hacer mediante gestión directa o con medios propios; por gestión indirecta según las fórmulas establecidas en la normativa de contratos del sector público; o por acuerdos de acción concertada con entidades públicas o con entidades privadas sin ánimo de lucro, no vinculadas o creadas ad hoc por empresas con ánimo de lucro.
El diputado socialista Ignacio Subías ha explicado que esta concertación es una forma alternativa de gestión que llevan a cabo entidades sin ánimo de lucro y que es "buena" para los ciudadanos, sobre todo los más vulnerables, y ha acusado al Gobierno de no transponer la directiva europea por "dejadez e incapacidad".
La diputada de Compromís Isaura Navarro ha indicado que desde febrero de 2014 existe una directiva europea que el Gobierno español no ha traspuesto, por lo que era necesario dar cobertura a estos servicios que se prestan a las personas, como han hecho ya otras autonomías, para dar seguridad jurídica a una realidad existente.
José Juan Zaplana (PP) ha dicho que esta norma faculta al conseller de Sanidad de turno a contratar con empresas y fundaciones públicas y privadas los servicios que "estime oportunos, sin ningún límite", ni económico ni competencial, mediante una nueva fórmula de contratación de servicios que está "fuera de la legislación del Estado".
Para Zaplana, el Consell hace una interpretación "interesada y errónea" de las directivas europeas para aprobar una ley que puede ser inconstitucional, servirá para adjudicar contratos "a dedo" y que propicia a su juicio "el arribismo, el enchufismo y la manipulación", además de que "no se ajusta a derecho".
Mercedes Ventura, de Ciudadanos, ha indicado que no quieren que esta ley de concertación acabe siendo "la ley del desconcierto", y ha alertado de que "no es viable", "roza la inconstitucionalidad" y facilitará la adjudicación de contratos "a medida" y "sin ningún tipo de control".
El diputado de Podemos Daniel Geffner ha calificado de "necesaria, oportuna y necesaria" esta ley, que no es "perfecta" pero supone "una clara mejoría de la situación actual" y permitirá mejorar la calidad y la sostenibilidad de las prestaciones que hace el tercer sector.