El president del Consell, Ximo Puig. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. PP, Ciudadanos, e incluso Podemos, ya habían avisado. Sus movimientos en la pasada Junta de Síndics para forzar una sesión de control al president de la Generalitat, Ximo Puig, -renunciaron a sus mociones subsiguientes para ello- ya auguraba un debate tenso. Ni la celebración del Debate de Política General hace apenas unas semanas había calmado a los grupos que no se integran en el Consell. Un síntoma de que la dureza empleada por los tres partidos no fue anecdótica por la relevancia de la cita. La mayor intensidad de crítica de los morados con sus socios del Botànic y la mayor agresividad de los naranjas y los populares, habían aparecido en escena para quedarse.
La líder y síndica del PP, Isabel Bonig, lo confirmó este jueves. Su discurso armado a modo de lista de "agravios" del bipartito, dejó pocas consellerías fuera de la diana de sus críticas. El decreto de plurilingüismo, la polémica de Sanidad con la renovación del contrato del Instituto Valenciano de Oncología (IVO) o el incendio de la Ciudad de la Justicia, elevaron la tensión apenas unos minutos después de iniciarse el pleno.
"Señor Puig, haga el favor y cese a todos sus consellers", pedía desde la tribuna una Bonig en su versión más dura. "Usted ni me cesa, ni me calla", respondió lacónico el president de la Generalitat para después replicar las críticas de Bonig con herencias pesadas de la gestión del PP.
Aunque parecía difícil que la tensión y alboroto -las bancadas del PP, PSPV y Compromís han aplaudido o replicado cada crítica de los suyos o de los adversarios- se incrementara aún más, la intervención de la diputada popular, María José Ferrer San-Segundo desató un auténtico incendio. Especialmente, por la contestación que le ofreció momentos más tarde la consellera de Justicia, Gabriela Bravo.
"Alarmas que suenan pero no se oyen, alertas visuales que nadie vio, extractores y extintores bloqueados.... ¿Sabe que el martes se celebraban pruebas de emergencia y desde que llegaron ustedes no se hacen?", censuró San-Segundo sacando la lista de incidencias en el funcionamiento de la Ciudad de la Justicia. "President, ¿va a cesar a una consellera cortocircuitada que huye de la quema y del hollín de su errática gestión?", interrogó la parlamentaria.
Si este edificio sufrió el calor de las llamas, la respuesta de Bravo avivó el fuego político contra el PP. "No hemos quemado nada como hicieron ustedes con Ciegsa", finalizó la consellera en referencia al fuego que calcinó en 2005 documentos de la mercantil pública en una de sus sedes, concretamente en Alaquàs. El conseller de Hacienda, Vicent Soler, aplaudió enérgico sus palabras junto a las dos fuerzas que integran el Ejecutivo valenciano -PSPV y Compromís-.
La acusación, que puede acabar con una denuncia del PP contra Bravo en los tribunales, provocó la ira de los populares. Bonig exigía la palabra al president de Les Corts, Enric Morera, para defenderse. Éste, no obstante, se negó alegando, entre el tumulto de reproches de los grupos, que la consellera no había dicho "ustedes". "¡Calle señora Bonig!", mandó el president de la Cámara valenciana en repetidas ocasiones.
Con el PP sin poder hablar, Morera concedía a Bravo otro turno de palabra. La consellera, con la intención de rebajar la crispación, se disculpaba por si "se habían sentido identificados" y argumentaba que no quería "imputar ningún delito a nadie". "No vuelva a acusarnos, porque ejerceremos las acciones judiciales pertinentes", advirtió la presidenta del PPCV.
La controvertida gestión de la renovación del contrato del IVO sirvió más tarde para mantener el agrio enfrentamiento entre la bancada del PP y PSPV. "Carmen Montón ha engañado a estas Cortes varias veces. Incluso a su propio Consell. Mítico es el whatsapp del conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, que dice 'Montón me ha engañado", señaló el diputado popular José Juan Zaplana, que relató la jugada de la cartera de Sanidad que desveló este periódico sobre el IVO. "Ahora vemos cómo 'la conse' y su pandilla elaboran informes para engañar a la Abogacía y a la Intervención, y propone contratos ilegales. Engaña a los periodistas, pone en riesgo a los facultativos y lo peor de todo: pone en riesgo la salud de los enfermos de cáncer", denunció.
Visiblemente molesta por la intervención del parlamentario del PP, Montón replicó: "No voy a aceptar lecciones de honestidad política de nadie". Y contraatacó: "Menos de alguien que adjudicó un contrato a dedo de la Púnica y está en el sumario del caso". Zaplana se revolvió: "No estoy ni imputado, ni procesado, ni investigado. Puede ir a los tribunales por las acusaciones que haga. Tenga cuidado", le advirtió. Apenas un segundo después, el síndic de los socialistas, Manolo Mata, se levantó como un resorte del escaño para denunciar que aquello era una "amenaza mafiosa". "No puede amenazar a un miembro del Gobierno valenciano", se quejó.
El turno de Podemos auguraba más calma. Pese a que el estilo no fue tan bronco como el del PP, el portavoz de los morados, Antonio Estañ, apretó con la tasa turística y el sistema de reciclaje de envases SDDR, puntos fundamentales para la formación de izquierdas. "Puede aliarse con el PP, usted sabrá lo que hace", empezó refiriéndose a la tasa turística, para más tarde matizar: "Sé que no lo hará, que está de nuestro lado". Sin embargo, el inicio, pretendía marcar al president del Consell. Ante todo, el líder de Podemos fue más duro con los empresarios del sector: "Hosbec no representa todo el sector turístico, ni la soberanía de esta Cámara".
Pese a su tono conciliador, marcó terreno y puso de manifiesto las exigencias de Podemos para respaldar los presupuestos: la eliminación de los barracones, que se garanticen los medicamentos a aquellos con rentas bajas, así como el derecho a la vivienda. En este caso, Estañ apretó pero no ahogó convencido de que la vía balear de tensionar al máximo puede ser contraproducente para captar a los votantes de izquierdas descontentos con el Consell, pero que temen la llegada del PP a la Generalitat Valenciana en 2019.
La portavoz de Ciudadanos en Les Corts, Mari Carmen Sánchez, continuó con la dureza, pero sin llegar al nivel de crispación de los populares. La síndica naranja preguntó a Puig por el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos, a lo que el jefe del Consell respondió que se habían cumplido "un 71% y un 21% están ejecución". Aunque president de la Generalitat reivindicó la "autoexigencia y autoevaluación de un ejecutivo que no tiene ocurrencias", Sánchez se puso el mismo vestido de vehemente oposición que lució en el Debate de Política General: "Siguen habiendo barracones, listas de espera en sanidad, el empleo es precario y las familias siguen sin una vivienda digna. No ha solucionado ningún problema de los que prometió arreglar. Hay 1.000 millones sin ejecutar. Del IVACE, por ejemplo, solo el 3%", remató la portavoz naranja.
"A pesar del 'hooliganismos' de algunos, usted es razonable y puede ayudar al Consell y mejorar vida de ciudadanos. Hágalo, será una buena idea", le replicó Puig. Una contestación en busca de diálogo que contrasta con una sesión bronca, de oposición de alto voltaje por parte del PP, críticas duras de Ciudadanos y con un Podemos que ha dado otra vuelta de tuerca a sus exigencias.
