Les Corts rechazan la propuesta del PP para derogar el impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos

VALÈNCIA. (EP). El pleno de las Corts Valencianes ha rechazado la propuesta del PP para derogar el impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos e incineración, coincineración y valorización energética, que fue introducido en la ley de acompañamiento a través de una enmienda de Podemos. Los partidos del Botànic se han opuesto y Ciudadanos ha apoyado la derogación.

La diputada del PP Elisa Díaz ha criticado este nuevo gravamen, que considera "una metedura de pata" que afectará a la competitividad de los sectores industriales, especialmente el cerámico y cementero. Según ha remarcado, PSPV y Compromís "tuvieron que aceptar este impuesto como condición al apoyo de Podemos a los presupuestos" y ahora el Consell trabaja en un decreto de bonificaciones para "corregir" la medida, que entrará en vigor en julio.

Así, ha insistido en que la solución es derogar este impuesto para "recapacitar" y "dar marcha atrás a este impuesto que tanto daño puede hacer a la Comunitat Valenciana" y a sus sectores industriales, dudando de que el decreto de bonificaciones pueda "arreglar el desaguisado".

Teresa García (Compromís) ha negado que este impuesto sea "un freno a la competitividad" y ha explicado que nadie duda de beneficios fiscales a coches eléctricos, por lo que ve "de sentido común que en tratamiento de residuos haya cánones más altos" para "quienes más contaminan", con el objetivo de conseguir la economía circular que propugna la Unión Europea.

Además, también ha lamentado que la Comunitat es "víctima absoluta de un marco de desregulación" que hereda del anterior Consell, que ha favorecido "el turismo de residuos" de otras comunidades y que hace que el 80% de los residuos peligrosos de la propia región vayan a incineración o vertederos, sin pasar por el reciclaje. El objetivo, ha dicho, es que las empresas "no vean los residuos como algo de lo que deshacerse, sino como un nuevo sector para obtener nuevos recursos y materiales".

La socialista Noelia Hernández ha asegurado que esta propuesta del PP responde a su voluntad de "volver a hacerse amiguito de los empresarios" y ha recordado que Bruselas "urge a España a aumentar la fiscalidad verde" y, en este sentido, las comunidades son competentes en establecer este tipo de impuestos.

También ha recalcado que el Consell está negociando con los sectores implicados el decreto con las bonificaciones y "están bastante contentos con lo que se está planteando". "No es cierto que se esté perjudicando a las empresas, es un estímulo positivo para que inviertan en aquello que reduce los vertidos", ha dicho, para asegurar que "si una empresa cumple" en inversiones 'verdes' va a pagar "menos que lo que pagaba con la legislación del PP".

Desde Podemos, la diputada Beatriz Gascó ha censurado las críticas del PP, que "no ha hecho nada en 20 años y ha permitido la situación desastrosa de los consorcios de residuos". Ha defendido la necesidad de "revertir la situación dramática" actual en gestión de residuos: "No puede ser que tengamos ese submundo de vertederos que hasta la trama Brugal nació de ellos".

Por último, el diputado de Ciudadanos Emigdio Tormo ha criticado que "se ponga en situación de igualdad la valoración y la incineración", por ejemplo, y ha advertido de lo que supone a la hora de poder generar puestos de trabajo en las plantas de valorización, que sí podrán crearse en otras comunidades.