La Ley de Cambio Climático sigue adelante a pesar de las diferencias 'insalvables' del tripartito

VALÈNCIA. Los grupos parlamentarios del Botànic tienen previsto rechazar este jueves en el pleno de Les Corts la enmienda a la totalidad a la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica presentada por el Partido Popular de la Comunitat Valenciana. Una votación tras la que la citada norma podrá continuar con su tramitación parlamentaria a pesar de las diferencias de calado que existen entre PSPV, Compromís y Unides Podem por los tres impuestos de nueva creación que plantea. 

La distancia entre los socios del Gobierno, de hecho, es tal que podría concluir con la alianza de socialistas y populares para tratar de mitigar el impacto que tendría la implantación de estos gravámenes de carácter autonómico sobre pequeñas y medianas empresas, pero especialmente sobre el sector azulejero. Incluso, la propia síndica del PPCV, María José Catalá, tendió este martes la mano al PSPV para llegar a un entendimiento si este no es posible entre los socios del Consell.  

Cabe recordar que la semana pasada finalizó el plazo para presentar enmiendas parciales a esta ley que emana del propio Ejecutivo autonómico; en concreto, de la Conselleria de Agricultura y Transición Ecológica que dirige Mireia Mollà. Entonces, PSPV, Compromís y Unides Podem presentaron un paquete de modificaciones legales de forma conjunta, pero los socialistas, además, fueron más allá y registraron por su cuenta una decena más para rebajar los denominados 'impuestos verdes' que la norma establecía. 

Lo hicieron en solitario porque la coalición valencianista y los morados no estaban de acuerdo con lo que pretendían estas enmiendas: mitigar el impacto fiscal que iban a tener estos impuestos. El artículo de la ley más polémico en cuestión o sobre el que se centra el grueso del debate es el 114, que plantea cuáles son los supuestos que no estarían sujetos al impuesto de emisiones de gases de efecto invernadero. 

En este punto los socialistas incorporaban un supuesto nuevo para que no estuvieran sujetas al gravamen "las emisiones de GEI realizadas desde instalaciones que emitan menos de 25.000 toneladas de CO2 al año". Una enmienda que en Compromís advirtió este martes que no aceptarán "bajo ningún concepto". 

Fuentes del grupo parlamentario señalan que, si accedieran a ello, supondría renunciar al impuesto porque ninguna empresa lo pagaría porque en la Comunitat ninguna emite por encima de la citada cifra. Así, hacen referencia a un estudio de la Universitat de València que recoge que con el redactado actual tan solo abonarían este impuesto 47 empresas y, según el diseño planteado, la Generalitat recaudaría menos de 500.000 euros anuales. 

Al rechazo de Compromís se suma también el de Unides Podem, donde consideran que enmiendas de este tipo desvirtúan el espíritu de la norma que, recuerdan, proviene del Consell. Así, las síndicas de ambas formaciones reclamaron a los socialistas que sean "fieles, honestos y leales" con lo acordado en el seno del gobierno del Botànic. La portavoz de la coalición, Papi Robles, confió en que los socialistas no tengan problema llegada la votación de enmiendas en respetar el texto "ya acordado por el gobierno" y sostuvo que las industrias que más contaminan deben pagar más impuestos con el objetivo de disponer de un "cajón de dinero" para facilitar la reconversión de los sectores. Su homóloga de Podem, Pilar Lima, recordó que los "compromisos están para cumplirlos con lealtad".

Por su parte, la portavoz del PSPV, Ana Barceló, defendió las enmiendas "diferenciadas" de su grupo y las justificó en el contexto actual de inflación y en la necesidad de que la cerámica no pague nuevos impuestos cuando ya lo hace por emitir gases contaminantes: "Sería una doble imposición". Tras hacer hincapié en que esta ley no tiene el objetivo de ser "impositiva", incidió en que el sector azulejero necesita más años de transición para adaptarse al hidrógeno 'verde', a pesar de que la ley prevé que los impuestos no se apliquen hasta 2025.

"Emisiones en exceso"

Pero no es el único punto sobre el que existe conflicto. Los socialistas también piden que no se aplique este impuesto a las "emisiones en exceso" porque a juicio del PSPV las empresas ya están asumiendo compromisos tales como adaptar sus instalaciones para rebajar sus emisiones y por tanto sería innecesario aumentarles la presión fiscal. 

Compromís y Unides Podem tampoco quisieron firmar la enmienda del PSPV que pide que no se grave a aquellas pequeñas y medianas empresas que únicamente están sujetas a una licencia municipal porque consideraron en su día que un cambio de la ley así provocaría que muchas empresas quedaran exentas del pago de impuestos. 

La futura ley de Cambio Climático y Transición Ecológica también introduce dos nuevas cargas impositivas en la Comunitat Valenciana dentro de la fiscalidad verde: uno para aquellos vehículos que sean contaminantes y otro para grandes superficies generadoras de gran movilidad. 

En medio de todo este conflicto, el Partido Popular, que presentó una enmienda a la totalidad para tratar de tumbar la ley y que el Parlamento la devolviera al Gobierno -algo que previsiblemente no saldrá adelante este jueves porque no cuenta con los votos necesarios-, también tendió la mano este miércoles al PSPV para intentar sacar adelante las modificaciones legales que plantean los socialistas. "Un grupo que plantea 150 enmiendas parciales está dispuesto a negociar", expuso la portavoz popular María José Catalá. Las negociaciones de esta ley que el Botànic busca aprobar antes de que acabe el actual periodo de sesiones no han hecho más que comenzar.