VALÈNCIA (EP).La ley de Familias anunciada el pasado miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es la misma que presentó la exministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, hace dos años y la misma que el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de febrero, a propuesta del actual ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, un texto que lleva ocho meses en el Congreso de los Diputados.
"Les anuncio que las próximas semanas los partidos del Gobierno de coalición vamos a intentar trabajar con los grupos parlamentarios para aprobar una nueva Ley de Familias en esta Cámara que ampliará los derechos de las familias monoparentales, las familias numerosas, las familias migrantes y aquellas familias que tengan algún miembro con discapacidad", aseguró Sánchez ante el Pleno de la Cámara el pasado miércoles.
En este sentido, avanzó que el objetivo es "impulsar la natalidad siendo fieles a los principios de la diversidad, de la libertad, de la justicia social". En todo caso, dijo que "no es realista pensar que España vaya a recuperar esa tasa de fecundidad de 2,1 hijos por mujer que garantiza el crecimiento natural de su población" porque "ningún país desarrollado del mundo lo ha logrado".
Si bien, la ley de Familias no es nueva pues el texto sobre el que se está negociado desde hace ocho meses en la Cámara Baja es el mismo que ya impulsó hace dos años la entonces ministra de Derechos Sociales Ione Belarra y cuya tramitación decayó en 2023 al convocarse elecciones anticipadas.
Además, es el mismo texto que Bustinduy llevó el pasado mes de febrero al Consejo de Ministros. El Gobierno le dio luz verde y lo remitió a las Cortes. Desde entonces, según han precisado a Europa Press fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, han estado negociando con los diferentes grupos políticos y, actualmente el texto se encuentra en la primera fase, que es la de enmiendas a la totalidad.
La ley de Familias tiene tres objetivos: reconocer jurídicamente y tratar de equiparar la diversidad familiar al marco legal, mejorar la protección social que perciben todos los supuestos de familias en España y la equiparación jurídica de las familias.
Así, reconoce jurídicamente a todos los supuestos de familias, como las monomarentales, las adoptivas, las familias LGTBI y las que cuentan entre sus miembros a personas con discapacidad.
Además, tal y como ha explicado Bustinduy, la ley de Familias va a formalizar una prestación por crianza, concretamente, una renta de 100 euros al mes por hijo e hija durante sus tres primeros años de vida y otras medidas como ampliar los permisos por nacimiento de 16 a 20 semanas, y retribuir 4 de las 8 semanas del permiso de cuidados hasta los 8 años.
En cuanto a la renta de crianza de 100 euros al mes, actualmente, ya tienen este derecho las madres trabajadoras con hijos de hasta tres años, las que perciben prestaciones contributivas o asistenciales por desempleo, las que estén dadas de alta en el momento del nacimiento o cualquier momento posterior en su régimen de seguridad social durante un mínimo de 30 días cotizados y las madres que tienen derecho al complemento de apoyo a la infancia (CAPI) del Ingreso Mínimo Vital.
Si bien, la intención del Ministerio es negociar para extender esta renta de crianza y avanzar "hacia la universalización", para que las familias la perciban hasta que el menor cumpla 18 años.
Asimismo, la ley de Familias indica que el padre o la madre no gestante podrá anticiparse al permiso de 16 semanas, cogiéndolo en los diez días previos a la fecha prevista de parto.
Por otro lado, en principio, a través de esta nueva ley el Ejecutivo elimina el término de 'familias numerosas', que pasarán a llamarse 'familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza' y entre las que se incuirá a las que hasta ahora eran consideradas numerosas (con 3 ó más hijos) y a las monoparentales con dos hijos. Además, la cateogoría 'especial' pasará de cinco a cuatro hijos y englobará también a las familias con tres hijos en caso de parto múltiple -en vez de cuatro como en la actualidad- y a las familias con tres hijos y bajos ingresos.
También serán consideradas como 'con mayores necesidades de apoyo a la crianza' las familias de dos hijos que tengan un padre o un hijo con al menos 33% de discapacidad y los hogares encabezados por una víctima de violencia de género.
En caso de separaciones o divorcios con custodia compartida el título de familia numerosa lo podrán ostentar ambos progenitores, para acogerse ambos a los beneficios por familia numerosa.
En todo caso, según han señalado fuentes del departamento, están abiertos a revisar el cambio de nombre de 'familia numerosa' -algo que provocó el rechazo de la Federación de Familias Numerosas- en la negociación parlamentaria si el problema es la "etiqueta", ya que el objetivo es tener "el mayor consenso posible".
La norma también recoge que las familias monoparentales tendrán prioridad en la elección de colegios, a la hora de acceder a una vivienda protegida, entre otras situaciones.
En cuanto a las parejas de hecho, se creará un registro estatal y tendrán los mismos derechos que un matrimonio. En este caso, recibirán pensión de viudedad y quedan recogidas en el acceso al Fondo de Garantía de Pago de Alimentos para los hijos e hijas a cargo en caso de disolución de la pareja de hecho.
Tras decaer la ley por la convocatoria de elecciones anticipadas, el Consejo de Ministros aprobó, por decreto, en junio de 2023, tres permisos por cuidado de familiares e hijos que se incluían en la Ley de Familias.
El primero de ellos es un permiso de cinco días al año, retribuidos, para utilizar en caso de accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que necesite reposo, tanto de un familiar de hasta segundo grado, como de un conviviente.
El segundo es un permiso "por causa de fuerza mayor", que se distribuye por horas y puede alcanzar en total hasta 4 días al año para cada trabajador. También está retribuido y busca permitir a padres y madres ausentarse del trabajo cuando haya motivos familiares urgentes, por ejemplo, si un hijo se pone enfermo o si el trabajador tiene que acompañar al médico a sus padres.
Del mismo modo, se aprobó un permiso parental de 8 semanas, para disfrutarlo de forma continua o discontinua, a tiempo completo o parcial, hasta que el menor cumpla 8 años. No obstante, por el momento, este permiso no está retribuido y el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, reconoció el pasado mes de agosto que España debe pagar a Bruselas 7 millones de euros "de momento", en concepto de sanción por no cumplir con el plazo para hacer retribuibles cuatro de las ocho semanas del permiso por cuidado de hijos, que vencía el 2 de agosto.
El decreto aprobado en 2023 incluye otra propuesta del equipo de Belarra, que también se recogía en la Ley de Familias, por el que las parejas de hecho tienen derecho a los 15 días de permiso por registro, igual que los matrimonios.
Bustinduy aseguró el pasado miércoles que la Ley de Familias busca "saldar una deuda" de "recursos, de tiempo y de conciliación" con las familias en España.
"Es una ley que va a incorporar mecanismos de protección universal para las familias en España y también intervenciones reforzadas para algunos casos que son particularmente urgentes y necesarios, como son las familias monomarentales, que por primera vez se verán recogidas y protegidas por esta ley, las familias numerosas que verán mejoradas todas las condiciones de su protección social, las familias que cuentan con algún miembro que sea migrante o las familias que cuentan con miembros con algún tipo de discapacidad", subrayó el ministro.