El ex director general de la conselleria de Justicia Pedro Hidalgo se acogió a su derecho a no declarar
VALENCIA. Las dos únicas personas que quedaban detenidas tras la ronda de más de 20 arrestos efectuada por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional el pasado martes por, presuntamente, ser parte del entramado que amañó los contratos antiincendios de varias provincias ya se encuentran en libertad tras prestar declaración ante el juez que instruye la causa en Sagunto.
El primero en declarar fue el ex alto cargo de la Conselleria de Interior de la Generalitat Catalana. Contra todo pronóstico, pues la causa es secreta incluso para las partes, Ramón Dinarés estuvo más dos horas declarando y contestó a todas y cada una de las preguntas que el juez y el fiscal Anticorrupción le fueron haciendo.
A la salida del juzgado, Dinarés, se mostró muy tranquilo aunque declinó hacer ningún tipo de declaración sobre lo que le acababa de contar al magistrado siguiendo el consejo de su letrado, ya que “la causa está secreta y no puedo decir nada”. Lo único que dijo fue que “el trato ha sido exquisito” y que “he contestado a todo”.
Dinarés salió del juzgado acusado de los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y actividad prohibida a funcionario público, además de con la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar España.
Después de Ramón Dinarés fue el turno del exdirector general de la Conselleria de Gobernación, Pedro Hidalgo, que tres horas antes llegó al juzgado esposado en el interior de un coche patrulla. Tras más de dos horas de espera en los calabozos donde se le veía especialmente nervioso, no hacía más que sentarse y levantarse en su celda, se sentó delante del magistrado acompañado por su letrado, Juan Carlos Navarro, y se acogió a su derecho a no declarar. Menos de diez minutos duró la entrevista con el magistrado y el fiscal.
Al termino de la breve comparecencia el juez acordó la libertad con cargos y sin fianza, con la única medida cautelar de no abandonar el país y le acusó de los delitos de falsedad en documento público, prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos.
La causa que investigan el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Sagunto de la mano de la Fiscalía Anticorrupción acumula ya un rosario de acusaciones en cuanto a delitos se refiere.
La investigación judicial que sigue secreta, y en la que también está imputado el exdelegado de Gobierno, Serafín Castellano, está abierta por organización criminal, alteración del precio en concurso público, falsedad mercantil, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad en documento público y negociación fraudulenta a funcionario público. Además de contar con cerca de 30 personas imputadas y más de 20 registros efectuados.
Por su parte, el exdelegado de Gobierno Serafín Castellano tuvo que ir ayer a Les Corts a declarar en otra causa muy diferente, en la comisión que investiga el accidente de metro.
Ante las preguntas sobre la causa en la que está como investigado Castellano afirmó saber más por la prensa que por él mismo: “Decirle que todo lo que conozco sobre esa cuestión es lo que va publicando usted, ustedes... Yo creo que ustedes saben más de esa cuestión y es lo que voy leyendo. Sí decirles que lo que voy leyendo, en lo que a mí respecta, me parece un auténtico disparate. No obstante eso, ya tendré ocasión, espero, y lo antes posible, de demostrar mi total y absoluta inocencia.”
Y añadió:“Es un tema que está subiudice. Está en secreto de sumario y yo espero que cuando se demuestre mi inocencia ustedes le dediquen también la misma dimensión a las noticias”
El Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia investiga los contratos con la empresa DV4