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Licitaciones públicas: logros y escollos en busca del equilibrio entre calidad y precio

14/12/2018 - 

VALÈNCIA. El Hotel SH Valencia Palace acogió este miércoles un desayuno informativo organizado por Valencia Plaza para abordar la cuestión del equilibrio entre calidad y precio en las licitaciones públicas, un encuentro en el que participaron Francesc Gamero, subsecretario de Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana; Josep Ochoa, director general de Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno de la Conselleria de Transparencia; Cristina Moreno, directora General de Trabajo y Bienestar Laboral y del Invassat; Amelia Navarro, presidenta Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de la CEV; Miguel Ángel Segovia, director regional de Clece; Juan Cruz, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía del sindicato CCOO-PV; y Lola Navarro, secretaria general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) del sindicato UGT-PV.

Francesc Gamero, subsecretario de Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, abrió el debate con una mirada retrospectiva hacia "la inercia histórica de mirar solo el factor precio". "Es cierto que en la actual regulación busca en las licitaciones alcanzar la mejor propuesta atendiendo a la relación calidad-precio, pero los orígenes de la regulación están en la obra pública, basados en un 'estado policía' de mínima intervención, cuyo único objetivo era garantizar las infraestructuras mínimas al mínimo precio".

"La sociedad reclama ahora un modelo más cualitativo, lo que requiere un modelo diferente y hay que asentar este cambio de paradigma, llevarlo a la práctica", demandó el dirigente, que lamentó que organismos como la Intervención o la Abogacía de la Generalitat "mantienen una visión conservadora en defensa del factor precio". "Debería existir un órgano central que impulse este cambio de paradigma. Un observatorio… algún tipo de entidad o infraestructura que ejerza de árbitro", solicitó Gamero, que en concreto abogó por "perder el miedo a que el factor precio pese menos de la mitad en una licitación".

Josep Ochoa, director general de Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno de la Conselleria de Transparencia, afirmó en la misma línea que "la administración ha de entender que se ha producido un cambio de paradigma y un cambio normativo". "Es un camino de no retorno. La inclusión de cláusulas éticas, de responsabilidad social o cuidado del medio ambiente es una realidad a atender. El mayor precio no es un sobrecoste, es una inversión. Hay que cambiar el chip y facilitarte esta labor a las administraciones más pequeñas", defendió el mandatario, que destacó que la legislación autonómica va "más avanzada en algunas cuestiones como la exigencia de salarios a los trabajadores según el convenio sectorial, o de la subrogación de la plantilla en caso de cambio de empresa".

Cristina Moreno, directora General de Trabajo y Bienestar Laboral y del Invassat, también defendió que se ha producido "un cambio de paradigma", si bien reconoció que "no está siendo fácil implantarlo en el gigante de la administración". Por ello reclamó "la formación en la administración, una labor formativa en el funcionariado para que interiorice este nuevo escenario". Sobre las nuevas cláusulas, Moreno destacó las laborales por ser "una palanca de cambio muy importante". "Hay que atender al estatuto de los trabajadores", dijo.

De la teoría a la práctica

En sus intervenciones, los representantes de la empresa privada y los sindicatos, pese a coincidir y aplaudir el "cambio de paradigma", incidieron en las carencias con las que se encuentran actualmente en las licitaciones, e instaron a la administración a hacer realmente efectivos los cambios introducidos para primar la calidad de los servicios.

Amelia Navarro, presidenta Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de la CEV, reclamó "una vigilancia efectiva para constatar que se está cumpliendo correctamente con que las contrataciones están siendo socialmente responsables". "Estos criterios pueden ser una palanca para incorporar buenos criterios laborales, ambientales y sociales en la empresa, pero solo si se logra que primen realmente en las adjudicaciones y si se vigila posteriormente su cumplimiento. Por otro lado, la dirigente solicitó "tener en cuenta a las pymes para que no queden discriminadas, primando los criterios de ejecución".


Miguel Ángel Segovia, director regional de Clece, lamentó que pese a los cambios normativos "siguen apareciendo licitaciones que son auténticas subastas, circunstancia que es un absoluto peligro". "Nuestra experiencia como empresa es que seguimos viendo aspirantes jugando al límite, ofreciendo el mínimo de lo mínimo para competir simplemente en precio, sin primar la calidad del servicio. Y todo ello acaba perjudicando la calidad con la que se presta el servicio y la de los puestos de trabajo. Es la sensación que tenemos como empresa", aseveró.

El representante de la empresa puso ejemplos concretos de "licitaciones con cláusulas sociales en una checklist en la que, pese a que se ha introducido con buena intención, todos marcan todas las casillas convirtiendo de nuevo la licitación en una simple subasta de precio". "Ha de cumplirse la ley y ha de hacerse un seguimiento real a las empresas para velar por que se cumplan las licitaciones. Sería una muy buena idea crear una Dirección General de Contratación", sugirió Segovia, que destacó que "en otros países hay incluso listas de empresas incumplidoras que disuaden de incurrir en malas prácticas". 

Juan Cruz, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía del sindicato CCOO-PV, destacó en el mismo sentido que "la ley habla de más transparencia y de mayor relación calidad-precio pero la realidad es que existe un miedo escénico por parte de quien tiene que realizar los pliegos". "Se ha triplicado el número de contratos, han proliferado los contratos menores por el miedo a la licitación con estas nuevas reglas del juego", alertó, al tiempo que criticó que "falta mucha formación a las personas encargadas de estas nuevas licitaciones" y que "hay que hacer un seguimiento a la licitación".

Lola Navarro, secretaria general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) del sindicato UGT-PV, coincidió en que "lo que se sigue haciendo es adjudicar en base al factor precio, aunque muchas veces deriva en el incumplimiento de convenios colectivos sectoriales o derechos y deberes como la subrogación de los trabajadores". "Cumplir o no con estas directrices es algo que afecta de forma transversal a la administración. La diferencia entre que prime la calidad o que se atienda solo al precio está en la profesionalidad de nuestros funcionarios", afirmó.

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