VALÈNCIA (EP). La vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha confirmado el descenso de la lista de espera de dependencia, que en el mes de marzo se situó en 16.280 personas, 1.343 menos que en febrero.
Así lo ha destacado durante la visita que ha realizado a la residencia de personas mayores dependientes 'San Francisco y San Vicente' de Manises (Valencia), donde ha señalado que los datos publicados correspondientes al mes pasado corroboran la "recuperación" del sistema de la dependencia con 152.796 personas atendidas en la Comunitat Valenciana, 2.064 personas más que en febrero, según ha informado la Generalitat en un comunicado.
El balance refleja una tendencia al alza en personas atendidas y un descenso en la lista de espera, que vuelve a niveles inferiores a agosto de 2023, cuando la lista de espera superaba las 18.000 personas debido a la "paralización ocasionada por el anterior Ejecutivo". Al respecto, Camarero ha apuntado que fueron necesarias "dos ampliaciones de crédito" de 39,5 y 22 millones de euros antes de acabar 2023.
Al mismo tiempo, se ha referido al plan de choque diseñado por la Conselleria y al "esfuerzo" realizado por el personal de su departamento que está trabajando "sin descanso" para continuar en la mejora de estos datos y "dar respuesta" a las personas en situación de dependencia que "tanto necesitan un servicio o una prestación económica".
En relación a la financiación del sistema, la vicepresidenta segunda del Consell ha subrayado que el Gobierno de Sánchez tiene la "obligación" de financiar el 50 por ciento que la ley establece, sin embargo, "lleva demasiados años dando la espalda a las personas dependientes de la Comunitat Valenciana" con unas aportaciones del 21% en el año 2022 o el 15% que aportó en 2021. "Si el Ejecutivo central hubiera cumplido, no estaríamos hablando de listas de espera porque este problema estaría solucionado", ha asegurado Camarero.
En los últimos ocho meses, el departamento de Servicios Sociales ha resuelto un total de 25.165 expedientes y ha abonado 396,8 millones de euros, con la correspondiente actualización y pago de las cuantías de las prestaciones con las subidas y los atrasos correspondientes, de acuerdo con los nuevos importes acordados por el Gobierno central el pasado mes de agosto y que asumen las comunidades autónomas.
Según los datos correspondientes a marzo, el sistema atiende a 152.796 personas de la Comunitat, 2.064 más que el mes anterior. Por provincias, 47.148 personas residen en la provincia de Alicante, 17.480 en Castellón y 88.168 en la de Valencia. El balance refleja también que se resolvieron un total de 3.877 expedientes.
Estos datos han permitido reducir la lista de espera en 1.343 personas respecto a febrero. En cuanto a la nómina abonada, se han pagado 49,62 millones de euros correspondientes a las prestaciones económicas de marzo y atrasos.
Las 152.796 personas en situación de dependencia incluidas en el sistema reciben atención especializada a través de servicios residenciales o de día, o mediante una prestación económica por el servicio que el solicitante y su familia y el profesional de trabajo social acuerdan como mejor recurso para la situación personal del demandante.
Durante la visita a la residencia 'San Francisco y San Vicente' de Manises, Camarero ha recorrido las instalaciones y ha podido conversar tanto con las personas residentes como con los profesionales y el equipo directivo.
El centro, gestionado por la asociación LARES, dispone de 54 plazas residenciales, de las que 39 están financiadas por la Generalitat, a través de la acción concertada.
La vicepresidenta segunda también se ha interesado por el modelo de Atención Integral y Centrada en la Persona de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, que desarrolla esta residencia de Manises. Se trata de un proyecto que pretende avanzar hacia un nuevo modelo residencial en el que el sistema organizativo del centro y de los servicios ponen como eje de su actuación a la persona.
Este modelo residencial dispone de unidades de convivencia con grupos reducidos de personas residentes que comparten unos espacios diferenciados, como el salón o la cocina, que están ambientados "en la medida de lo posible" como un hogar. Al mismo tiempo, este proyecto busca promover el respeto a los "plenos derechos" de las personas mayores y su participación en la toma de decisiones.