El director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La Agencia Antifraude que dirige Joan Llinares ya ha elaborado la propuesta del reglamento de funcionamiento del organismo. Un documento que puede consultarse en la propia web de la Agencia y que en los próximos días deberá publicar el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) para su consulta pública. En él, el director de este órgano adscrito a Les Corts incluye la recuperación de los derechos laborales perdidos por su personal en el momento en el que se incorporaron a la institución.
En este sentido, conviene recordar que la ley de creación de la oficina de Llinares determina en su artículo 29 que los puestos de trabajo se clasifican y proveen "de acuerdo con las normas de la Ley de Función Pública Valenciana". Esto es porque la plantilla de la Agencia Antifraude está integrada por funcionarios de carrera, tal y como viene especificado en la Relación de Puestos de Trabajo del ente.
Sin embargo, los que han ingresado en la Agencia han dejado de cobrar la carrera profesional. Esto es, los complementos salariales que un funcionario adquiere por la progresión y promoción interna -por ejemplo, mediante la ejecución de cursos- que ha realizado desde que superó la oposición y se incorporó a la administración.
Unos complementos que Llinares quiere que se les reconozcan. En el artículo 64 del reglamento fija que los funcionarios "que se integren en la Agencia por cualquiera de los sistemas de provisión de puestos de trabajo previstos en la normativa básica de función pública tendrán derecho, desde el día de la incorporación, a la carrera profesional horizontal".
A través de una disposición transitoria, pide además que se recupere estos complementos con efectos retroactivos. "Los efectos del reconocimiento de la carrera profesional horizontal se computarán desde la fecha de ingreso en la Agencia, cualquiera que haya sido la forma de provisión del lugar", especifica.
Sin embargo, no es la primera vez que Llinares intenta que se acometa este cambio. En noviembre de 2017, un año después de que se aprobara la ley de la Agencia Antifraude, pidió vía enmienda a la ley de Acompañamiento que se modificara la norma de creación del organismo. En concreto, añadía al artículo 29 de la normativa que la clasificación y provisión de puestos se hicieran de acuerdo a la Ley de Función Pública Valenciana "sin perjuicio de la regulación" que de forma específica pudiera "establecerse reglamentariamente por la agencia".
Una adición motivada especialmente por la situación de los funcionarios. A Llinares, según el escrito remitido en su momento a Les Corts Valencianes, no le parecía "lógico ni razonable que el personal funcionario de carrera de la agencia procedente de otras administraciones o instituciones", pudiera "ver disminuidos sus derechos" como consecuencia de ingresar en esta. Es decir, quiso evitar que menguaran las condiciones laborales de los futuros trabajadores o que este factor -la pérdida de salario- pudiera desalentar a los interesados en formar parte de la plantilla.
Una enmienda que, tal como publicó este diario, tenía intención de volver a registrar en la ley de Acompañamiento de 2019 sobre la que en las próximas semanas los grupos parlamentarios comenzarán a trabajar y a presentar modificaciones.
El portavoz de Hacienda del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, José Díaz, asegura que Mazón se dispuso a modificar la ley de Antifraude porque "se le ocurrió un plan mejor que eliminar la Agencia: dirigirla desde dentro para usarla a su antojo"
