Foto: ROBER SOLSONA/EPMe recomiendan que me calle porque son muchos y muy reivindicativos, pero es que si no lo digo reviento –a riesgo de que si lo digo me revienten–: lo de convertir por la patilla a los interinos que llevan cinco o más años en un puesto que no es suyo en funcionarios con la plaza en propiedad es una injusticia, una cacicada mayúscula que el Tribunal Constitucional tendrá que anular en nombre de la igualdad y la justicia, dos de los pilares de nuestro estado de derecho.
Aquí un resumen, por si alguien no está al tanto: el Congreso de los Diputados ha aprobado una ley promovida por Miquel Iceta cuando era ministro de Política Territorial y Función Pública para acabar con la vergonzosa temporalidad del empleo en las Administraciones Públicas. Una ley que se salta a la torera los principios de igualdad, mérito y capacidad que la Constitución establece como imprescindibles para el acceso a la función pública. Bueno, el de mérito no, porque precisamente es la experiencia en el puesto de trabajo, después de estar ocupándolo de forma temporal cinco años, lo que se quiere convertir en mérito suficiente para quedárselo, sin examen.
Y aún hay más, se ha aprobado también que quienes lleven menos de cinco años pero más de tres como interinos en un puesto tendrán que pasar un concurso-oposición en el que los méritos del concurso, especialmente la experiencia, sumará hasta 40 puntos sobre cien, mientras el examen no será eliminatorio. Es decir, que si los puntos por experiencia son 40, podría ocurrir que consiguiera la plaza aún sin aprobar el examen, siguiendo la tónica de las últimas corrientes educativas según las cuales se puede pasar de curso en la ESO o Bachillerato con varios suspensos o iniciar un máster universitario sin haber acabado la carrera.
Pues, con todo eso, no están contentos los que se manifiestan bajo el lema "fijeza ya" y califican la ley como "Icetazo". Los interinos exigen ser fijos automáticamente a los tres años de ocupar la plaza, como pasa con los empleados temporales de las empresas privadas. Pero el Tribunal Supremo ya ha dicho que ese "abuso de la temporalidad" deriva no en la conversión de los interinos en funcionarios, sino en indefinidos no fijos, con el mismo derecho a una indemnización que cualquiera si pierden el puesto de trabajo.
Uno de los argumentos de los interinos es que han trabajado al servicio del interés público durante años y no merecen ser despedidos si otro gana la plaza que ocupan. En algunos reportajes salen hasta con la familia. La realidad es que han ejercido un trabajo por el que han cobrado un sueldo, como cualquier empleado del sector privado, pero no tenían una plaza en propiedad, por lo que estaban expuestos a perder este empleo exactamente igual que lo han perdido millones de españoles en la anterior crisis y en la actual.
La ley, que ahora ha iniciado su tramitación en el Senado para su aprobación definitiva, es una injusticia para los servidores públicos que sí accedieron al puesto en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, es decir, que se presentaron a una oposición y, tras años de estudio, lograron una plaza. Es una injusticia igualmente para los funcionarios que, teniendo ya una plaza y pudiendo promocionar a un puesto mejor según lo previsto en la ley, veían bloqueados muchos de esos puestos porque no salían a concurso-oposición, ocupadas como estaban por interinos. Y ahora resulta que ya no saldrán.
La RAE define así "interino" en su segunda acepción: "Que ejerce un cargo o empleo por ausencia o falta de otro". Procede del latín interim, que significa "mientras tanto". Ni antes ni después, mientras tanto. Es obvio que la interinidad es lo contrario de la fijeza.
La ley es, además, una injusticia para los millones de jóvenes que han terminado sus estudios y aspiran a ingresar en la Administración a fuerza de continuar unos años más estudiando sin disfrutar del sol ni de sus amigos. Uno se pregunta dónde está la juventud que se queja de la falta de empleo y de la precariedad. ¿No se han enterado de que el Parlamento les están birlando decenas de miles de puestos fijos, bien remunerados y con condiciones de trabajo mejores que en el sector privado, a los que podrían acceder mediante concurso-oposición?
Uno puede entender que exista cierta aversión al examen entre quienes llevan muchos años sin tocar un libro; que se sienten en desventaja frente a los recién egresados, pero el menor hábito estudiantil se compensa con la parte del concurso, donde lo que cuenta es la experiencia. Aversión al examen y al estudio. Recuérdese lo que pasó con los profesores de las bolsas de trabajo a los que María José Catalá, siendo consellera de Educación en 2013, dio cuatro años para que acreditasen competencias en valenciano. Si no, quedarían desactivados en la bolsa y no podrían seguir ejerciendo como interinos. Y al cabo de cuatro años había cerca de 2.000 profesores que no habían tenido tiempo ni ganas –se presume que capacidad sí que tienen– y Marzà, presionado por los sindicatos, les dio otros cuatro años, que acaban el año que viene. Y seguro que al cabo de ocho años hay más de uno que monta un cirio porque no ha tenido tiempo. Y pedirá la fijeza.
El pasado mes de julio se contabilizaban en España 622.295 interinos en las administraciones públicas. En las manifestaciones dicen que son 800.000. Hartos de abusos laborales, hace años que empezaron a organizarse para, por ejemplo, tener prácticamente los mismos derechos que los funcionarios de carrera que desempeñan su labor en la mesa de al lado. No obstante, la pretensión de fijeza sin concurso-oposición encontró de inicio el rechazo de sindicatos y partidos políticos.
Los primeros en claudicar fueron los sindicatos, temerosos de que alguna organización en defensa de los interinos acabara cogiendo fuerza en el sector público. Los sindicatos siempre han defendido a quien tiene trabajo frente al que no lo tiene, así que tampoco les supuso mayor esfuerzo crear una sección de interinos dentro de su organización y olvidarse de los que esperan en la calle una oferta pública de empleo.
A continuación cayeron los partidos políticos, cuanto más a la izquierda menos defensores de la igualdad en el acceso a la función pública. Sorprende ver a Unidas Podemos en esa batalla porque se supone que uno de sus caladeros de votos más importante está en la gente joven sin empleo. Detrás fue el PSOE, que primero se negó, luego anunció que aceptaría la fijeza a partir de los diez años en el puesto y, finalmente, ha terminado apoyando que sean cinco años.
Lo de los diez años tenía una explicación maliciosa, y es que convertir en funcionarios a los que llevaban una década en el puesto significaba consolidar a quienes se habían colado en las bolsas en la época de Zapatero, que acabó su mandato en 2011. Las dos tazas que se tuvo que beber el PSOE, servidas por ERC y PNV, también tienen su explicación. Y es que la formación de las bolsas de trabajo tienen muchos menos controles que un concurso-oposición, por lo que el enchufe a través de las bolsas está a la orden del día.
Dado que no en todas las CCAA gobiernan o han gobernado PSOE, ERC o PNV, de la fijeza también se van a beneficiar jetas próximos a otros partidos, como el PP en la Comunitat Valenciana. Además la nueva ley se extiende a todas las administraciones incluidas las empresas públicas como À Punt.
Los últimos en sucumbir han sido PP y Ciudadanos, que se abstuvieron en la votación en el Congreso. Lo de Pablo Casado se puede explicar porque el PP ha gobernado y tienen gente que consolidar en sus puestos. Lo de Arrimadas es inexplicable. Al final, solo Vox votó en contra de la ley y anunció un recurso –otro más– al Constitucional. Es incómodo tener que coincidir solo con Vox, pero quienes han cambiado de opinión han sido los demás.
