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Lo más leído sobre tribunales en Valencia Plaza en 2018

29/12/2018 - 

VALÈNCIA. El año 2018 entró en una fase de altas temperaturas en tribunales: las diferentes causas a las que se enfrenta Francisco Camps, el caso Erial y Eduardo Zaplana, Jorge Rodríguez y Alquería, Crespo Gomar y el PSPV y el Bloc, las incisivas intervenciones de "El Bigotes" o la histórica condena en el caso Emarsa, entre otras cuestiones, mantuvieron el foco de atención en tribunales... Y seguirá en 2019. 

La Operación Erial supuso la detención del expresidente de la Generalitat y exministro del PP, Eduardo Zaplana, que está acusado de blanquear casi 11 millones de euros de mordidas procedentes de los contratos de las ITV y del plan eólico en su etapa al frente de la Generalitat. Durante la instrucción, la magistrada ordenó el decomiso de diversas propiedades y objetos de valor presuntamente comprado con dinero de procedencia ilícita como su chalet de Benidorm y sus relojes de altagama. Junto a Zaplana están imputados, entre otros, su mujer, Rosa Barceló; susecretaria, Mitsouko Henríquez; el expresidente de Les Corts y ex directorgeneral de la Policía, Juan Cotino, así como sus sobrinos Vicente y José, su exjefe de gabinete, Juan Francisco García o los considerados testaferros, Francisco Grau y Joaquín Barceló.

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El alcalde de Vàlencia, Joan Ribó, tuvo que declarar como investigado después de que el asesor del PP del Ayuntamiento le denunciara por prevaricación y vulneración de derechos de los concejales del PP, a los que el alcalde negó el acceso a un expediente de una encuesta fallera durante más de 200 días pese a las reiteradas peticiones. Finalmente, la causa fue archivada.

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Dos años de cárcel y 3.000 euros de multa es la pena que pidió el fiscal para los cinco presuntos autores del intento de pucherazo de València en Comú en el que se debía elegir a una nueva Ejecutiva en septiembre de 2016. Un proceso de votación telemático en el que se suplantaron 83 identidades utilizando números de teléfono falsos procedentes del mercado negro ruso, falsificación de facturas y correos falsos para favorecer el resultado de la votación a favor de Vicente Germán Polo y Judith Lilian Saldivia.

La mercantil NuevasActividades Urbanas SL (NAU), liderada por los grupos empresariales Atitlan y Gesfesa, presentó en agosto un recurso contencioso contra el Plan de AcciónTerritorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana,ideado por el Consell para "la conservación activa de más de 7.500 hectáreas de suelos de elevada calidad ambiental, territorial y paisajística". El motivo del recurso era el impacto de este plan en los terrenos que posee la firma en el denominado Manhattan de Cullera, el megaproyecto urbanístico previsto desde hace años junto a la desembocadura del Xúquer donde está prevista la construcción de más de 30 torres de hasta 25 plantas (con capacidad para alrededor de 4.500viviendas) y dos hoteles de 40 alturas.

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El presidente de la Diputación de València y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, tuvo que dimitir de su cargo en la Diputación después de que la Policía Nacional lo detuviera como presunto autor de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por autorizar contratos de alta dirección en contra de los criterios técnicos. Junto a Rodríguez, se investigaban también en esta causa su jefe de gabinete, Ricard Gallego; los gerentes de la empresa pública provincial Divalterra Agustina Brines (de Compromís) y Xavier Simón (del PSPV-PSOE); el secretario-letrado asesor de Divalterra, Jorge Cuerda, y Manuel Reguart, asesor de Jorge Rodríguez en la Diputación.

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El alcalde dePaterna, Juan Antonio Sagredo, del PSPV y sus tenientes de alcalde Julio Fernández y Nuria Campos, fueron imputados como presuntos autores de un delito de prevaricación a raíz de una denuncia del PP de dicho municipio. Se investiga la presunta adjudicación irregular de un contrato para el concierto de Hallowen a la empresa Espectáculos y Producciones Artísticas Más, cuyo administrador,Mario Forner, tiene negocios con el marido de Nuria Campos.

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La pieza del caso Valmor que investigaba el pufo de la F1 y en la que estaba imputado el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, es la que más giros ha dado en 2018. Primero, y tras la declaración de la mano derecha de Camps, Belén Reyero, el fiscal pidió que se le procesara y que se levantara la imputación sobre el resto de investigados, entre ellos el expiloto Jorge Martínez Aspar, la exconsellera Dolores Johnson o la propia Reyero. Mientras tanto, Camps mantenía que él no sabía nada del tema. Finalmente, y en un giro inesperado, la magistrada informaba el 27 de diciembre que archivaba la causa contra el expresidente. El folletín se prevé largo pues no se descarta que la Abogacía de la Generalitat recurra el archivo. 

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Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ nunca defrauda cuando habla. A sus ya míticas declaraciones en el juicio de la Gürtel, en el Congreso de los Diputados o sobre el pochado de cebollas, este año hubo que unir el encendido de ventilador que hizo en su declaración en el juzgado que investiga las presuntas mordidas en la construcción del trazado de la F1 donde está imputado Francisco Camps. Pérez tuvo para todos, entre ellos, para los exvicepresidentes, Gerardo Camps y Vicente Rambla, el eurodiputado, Esteban González Pons o el yerno de Aznar, Alejandro Agag. Sin embargo la magistrada lo cortó y no incluyó todos los nombres que había dicho, por lo que su abogado ha pedido que se repita y se grabe, y sería la tercera vez, la declaración.

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El saqueo de 23 millones de euros de la depuradora de Pinedo ya tiene sentencia, y es una sentencia histórica por lo alto de las penas. La Audiencia Provincial impuso doce años y medio de cárcel al exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta; diez para Enrique Crespo, exvicepresidente popular de la Diputación de Valencia, exalcalde de Manises y expresidente de Emarsa, y otros 9 años para José Juan Morenilla, exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat (Epsar). Al ex director financiero de esa empresa dependiente de la Generalitat Enrique Arnal le condena a ocho años y seis meses, y al exresponsable de informática de Emarsa Sebastián García, a siete años y seis meses.

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La Fiscalía solicitó a la juez que investigaba las presuntas irregularidades en el contrato de publicidad concedido por el Ministerio de Vivienda a la empresa Crespo Gomar, agencia relacionada con la presunta financiación ilegal al PSPV, que acordara el archivo. El Ministerio Público se adhirió a la Abogacía del Estado, que ya solicitó el sobreseimiento de esta causa al no apreciar la comisión de algún delito en la adjudicación de la campaña de difusión del Plan de Vivienda 2009-2012 por el importe 126.208 euros.

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Francisco Camps ha sido el nombre propio junto a Eduardo Zaplana de la sección de tribunales en 2018. El rosario de imputaciones por su presunta relación con casos de corrupción fueron llegando a lo largo de los meses. El expresidente llegó a estar imputado en cuatro causas: dos relacionadas con la F1, otra con la visita del Papa y una cuarta que le relaciona con los contratos menores otorgados a la trama Gürtel. Camps se ha paseado por los juzgados durante todo el año y se prevé que todo siga igual en 2019, cuando deberá acudir a la Audiencia Nacional como investigado. Eso sí, el 27 de diciembre le archivaron una de las causas de la F1.

El juicio más mediático del año fue el que juzgó la financiación irregular del PPCV. Durante más de dos meses, el que fuera mano derecha de Camps en el partido y ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, y el exvicepresidente, Vicente Rambla, se sentaron en el banquillo. En el juicio se pudo ver a Costa reconocer el público como el PP de Camps se financió irregularmente. La sentencia condenó a todos excepto a Rambla que salió absuelto. El juez también condenó a los líderes de la trama Gürtel: Francisco Correa a 5 años y tres meses de prisión; Pablo Crespo a 5 años de cárcel; y a Álvaro Pérez 'El Bigotes' a seis años y nueve meses por girar facturas falsas para que otros empresarios sufragasen ilícitamente parte de los actos electorales de los 'populares' en 2007 y 2008.

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La semana negra del Partido Popular fue en mayo. En menos de cinco días vieron como el expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, era detenido e ingresaba en prisión, en la Audiencia Nacional se dictaba sentencia para el caso Gürtel con una resolución demoledora para la ya maltrecha gaviota: el PP se convertía en el primer partido político condenado, a una multa como beneficiario de la corrupción, en la democracia española. Y por último, los condenados por el caso Fitur, entre ellos la exconsellera Milagrosa Martínez, se veían obligados a ingresar en prisión para cumplir sus penas. 2018 ha sido un año nefasto para el PP, tanto que la sentencia de la Gürtel terminó con una moción de censura al entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

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La sentencia que tumbó un gobierno. Así se conoce al fallo que condenaba al 'cabecilla' de la trama Gürtel, Francisco Correa, a 51 años y 11 meses de prisión, al extesorero del PP Luis Bárcenas a 33 años y 4 meses además de 44 millones de euros de multa, a su esposa Rosalía Iglesias, 15 años y 1 mes de prisión y al PP a pagar una multa de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo, por su implicación en los primeros años de actividades de la trama. En la primera sentencia que dictaba la Audiencia Nacional sobre la trama Gürtel, los jueces consideron que los acusados cometieron delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, exacciones ilegales o estafa procesal intentada.

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