VALÈNCIA. Se termina el año, y vuelve la hora de un clásico del periodismo: hacer predicciones para el año siguiente. Un género barato que permite rellenar columnas con facilidad, humor, y sobre todo sin amenaza de querellas. Así que vamos a ello.
Lo primero y más obvio del 2023 es que es un año electoral: municipales y autonómicas el 28 de mayo, y como plato fuerte las elecciones generales, que aún no tienen fecha pero que como muy tarde deberán celebrarse el 10 de diciembre. Y hay varias razones para que Pedro Sánchez quiera apurar al máximo la legislatura: en el segundo semestre, la presidencia rotatoria de la UE le tocará a España, una perita en dulce (poca responsabilidad y mucho acto protocolario para darse lustre) que Sánchez no querrá perderse ni interrumpir anticipadamente. Y celebrar elecciones antes del verano prácticamente obligaría a hacerlas coincidir con las elecciones locales, que sería jugárselo todo a una carta.
Sánchez tiene muy claras dos cosas: una, que el tiempo juega a su favor. Cuanto más atrás queden la covidia y la inflación de 2022, mejor para el gobierno (y si ambas no se acaban de ir del todo, ¡más acostumbrada estará la gente!). Y dos, que la continuidad del gobierno pasa sí o sí por un buen resultado de la izquierda a la izquierda del PSOE, y allí ahora mismo hay montado un buen lío entre el Más País de Íñigo Errejón, el Podemos de Pablo Iglesias (que parece querer teledirigir el partido desde su podcast), y quien pretende aglutinarlos a todos, la iniciativa “Sumar” de Yolanda Díaz. Lio que no parece que pueda resolverse en tres meses.
La implacable lógica del sistema electoral (52 circunscripciones separadas, 40 de las cuales eligen siete diputados o menos, y 21 cuatro o menos) dicta que tres partidos nacionales de izquierdas, cada uno con su 4% del voto, sacarán como mucho 3-4 diputados cada uno. En cambio, unas listas conjuntas que lleguen al 12% pueden aspirar a 25-30 escaños. Dado que el problema de la izquierda a la izquierda del PSOE es básicamente el reparto de esos escaños (amén de asuntos personales, pero con esos al final hay que convivir), la única forma “imparcial” de resolverlo es ir por separado a las elecciones locales, aunque implique perder ayuntamientos y autonomías, y después repartir puestos en función de los resultados.
Pero 2023 también nos trae un buen puñado de aniversarios redondos. Algunos son inofensivos: 300 años desde que Blas de Lezo se hizo cargo de la flota española del Pacífico. Otros se prestan más a especulaciones de “¿qué hubiera pasado si…?”, como los 50 años desde el magnicidio del presidente del gobierno Carrero Blanco, el 20 de diciembre de 1973, un acontecimiento que privó al “bunker” franquista de su líder natural justo antes del inicio de la Transición.
Otros aniversarios en cambio son más ominosos. Por ejemplo, 200 años del fin del Trienio Liberal, finiquitado por Fernando VII, quien apoyado en un ejército invasor francés disolvió el 1 de octubre de 1823 las Cortes y abolió la Constitución de 1812, que según él con su desacato, cobardía y traición le había impedido su “paternal gobierno”, sustituyéndolo por una vil democracia. La restauración del absolutismo inició la Década Ominosa, con una salvaje represión de cualquier oposición al poder absoluto de la monarquía, todo ello bendecido por la Iglesia española como custodia de las esencias eternas y valladar de la monarquía por la Gracia de Dios.
Casi exactamente 100 años más tarde, el 13 de septiembre de 1923, se produjo el golpe de estado de Miguel Primo de Rivera, que puso fin al periodo constitucional de la Restauración. Un régimen agotado y carcomido por la corrupción no encontró otra solución que el recurso al autoritarismo, bendecido por el rey Alfonso XIII, que así también evitó la publicación del Informe Picasso (prevista para el 2 de octubre), que analizaba el desastre de Annual, y la posible implicación del monarca en la fatídica campaña en la que murieron casi 10000 soldados españoles, la inmensa mayoría soldados de reemplazo. (Aunque tal implicación no se ha podido probar a posteriori, lo cierto es que el papel de Alfonso como comandante supremo, su estrecha relación con todos los generales, su desdén por los prisioneros en manos de Abd-el-Krim, y la rápida amnistía real al único condenado sí le hacen merecedor de una cierta responsabilidad política, y desde luego fue visto así por la opinión popular.) La política parlamentaria, con todas las imperfecciones que se le puedan achacar en ese periodo, fue sustituida por una dictadura militar.
Saltando ya al presente, y sin salirnos de la familia Borbón, para finales de 2023 tenemos un aniversario un poco más alegre: el 31 de octubre, la infanta Leonor de Borbón cumplirá 18 años, y lo que le toca es jurar la Constitución ante las Cortes ese mismo día. Como quiera que las Cortes deberían disolverse 54 días antes de las elecciones, 17 de octubre si estas cayesen el 10 de diciembre, nos encontramos con el problema de encajar el funcionamiento de las instituciones democráticas con el cumpleaños de una adolescente, amén del potencial feo de que quizás una parte significativa de los diputados rehúse asistir a la ceremonia, que para algo estarán en precampaña. Ya durante la abdicación de su abuelo, 50 diputados del Congreso se negaron a apoyar la ley orgánica de la abdicación. Esta vez quizás sean unos cuantos más. Otra mácula en la imagen de “la monarquía de todos”. Finalmente, parece que el gobierno sabiamente ha optado por aplazar la ceremonia a después de las elecciones.
Dice el refranero popular que no hay dos sin tres. En 1823, un Borbón encabezó una dictadura clerical. En 1923, otro Borbón bendijo una dictadura militar. Pero Iglesia y Ejército ya no tienen el poder de antaño. Si en 2023 nos aguardara algún tipo de dictadura, esta no sería la “dictadura progre” que tanto parece preocupar a algunos (al fin y al cabo, el Congreso -y con él el gobierno- se tiene que someter a las urnas cada cuatro años): más bien parece que sería de tipo judicial. Porque el CGPJ (y otros tribunales) no es que no se someta a las urnas: es que sigue ejerciendo sin ninguna cortapisa pese a que su mandato caducó hace ya cuatro años.
Ya hemos visto unos cuantos choques entre el Poder Judicial y la “democracia” entendida en un sentido amplio: interferencias en quién puede recoger acta de diputado, diputados inhabilitados, vetos a leyes y resoluciones incluso antes de que estas se aprueben… Por no hablar del manejo de los tiempos: cuando los “amigos” piden amparo, puede haber sentencia en horas, cuando lo piden los malos españoles, las cosas se pueden alargar al infinito. Siete años tardó el Tribunal Constitucional en determinar -¡por mayoría de dos tercios!- que el matrimonio homosexual era compatible con la Constitución, con la consiguiente inseguridad para todas aquellas personas que se habían acogido a él y durante todo ese tiempo tuvieron que temer que de un día a otro les fuese negada la condición de casados. Con razón se dice que “justicia aplazada es justicia negada”.
Hace 200 años, los obispos aún tenían suficiente fuerza para tumbar un parlamento con sus homilías, y hace 100 aún podía colar en parte de la población la idea de unos militares como apolíticos salvadores de la patria. Hoy ambas nociones son tan ridículas que nadie se puede imaginar seriamente algo así en ningún país occidental. La última intentona, el fallido golpe del 23-F de 1981, le dio al PSOE 202 escaños. En cambio, los jueces sí mantienen su ascendiente. Y no falta gente que cree que una victoria de Sánchez sería el principio del fin para España. Así que si un tribunal decidiera envidar a grande e impugnar algunas urnas, algunos votos o unas elecciones enteras (y a veces solo parece cuestión de tiempo, aterran algunas cosas que se ven ya en Estados Unidos a nivel local), apoyado en ciertos medios y partidos políticos que lo reclamaran… la reacción de mucha gente sería de dudas, de buscar un referente. Eso es precisamente lo que pasó el 13 de septiembre de 1923, y ahí quedó la decisión de Alfonso XIII, bendiciendo un golpe que no ideó, pero al que tampoco se opuso.
No sabemos si Leonor ha estudiado con detenimiento estos capítulos de la historia de España. Sería recomendable, aprovechando los centenarios y que en la Casa Real ahora andan un poco huérfanos de referentes históricos tras las sospechas vertidas sobre Juan Carlos de Borbón. Por desgracia parecen ser más de estudiar a Blas de Lezo que otros acontecimientos recientes que quizás reflejen mejor la situación actual. Pero como dijimos, todo esto no son más que especulaciones gratuitas de fin de años. Esperemos que Leonor tenga un cumpleaños sin alteraciones, que Sánchez tenga un 20 de diciembre pacífico, y que todos tengamos un año que no sirva de carnaza a los plumillas de 2123.