VALÈNCIA. (EP). La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha comenzado este martes, día 12 de febrero, a juzgar a 12 líderes independentistas por el denominado 'procés' en Cataluña. Nueve de ellos se encuentran en prisión preventiva, acusados del delito de rebelión; mientras que a tres de ellos, en libertad provisional, se les atribuyen los delitos de malversación de caudales públicos y desobediencia.
Según afirma la Fiscalía en su escrito de acusación, todos ellos "dirigieron, promovieron y/o participaron activamente en la ejecución de una estrategia --a la que denominaron 'procés'-- perfectamente planificada y organizada para fracturar el orden constitucional con el fin de conseguir la independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña como un nuevo Estado con forma de República".
A continuación se detalla un listado con las penas de prisión que piden a cada uno de los miembros del Gobierno de Carles Puigdemont que se sientan en el banquillo y que se encuentran en prisión provisional, los hechos de los que se les acusa y sus principales argumentos de defensa:
Oriol Junqueras: Exvicepresidente de la Generalitat y consejero de Economía y Hacienda. Fiscalía pide 25 años de prisión y 25 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por condición de jefe o promotor y por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicita 12 años de cárcel por sedición y malversación; mientras que la acusación popular ejercida por VOX pide 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.
La Fiscalía relata en su escrito de acusación que participó en el diseño del proceso
independentista y autorizó a los diferentes departamentos del Gobierno catalán a realizar las acciones y contrataciones necesarias para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Asimismo, señala que asistió a la reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña en los días
previos a la votación, en la que fue advertido por los máximos responsables de los Mossos
d'Esquadra de la alta probabilidad de que se produjeran incidentes violentos tras el
antecedente ocurrido el 20 de septiembre de 2017, durante el registro de la Consejería de
Economía.
El 'número dos' de Puigdemont defiende la legalidad del referéndum, en cuya jornada --
asegura-- no hubo ningún alzamiento violento ni el delito de rebelión. Además, denuncia la existencia de una causa para escarmentar el independentismo.
Joaquim Forn: Exconsejero de Interior. Fiscalía pide 16 años de prisión y 16 años de
inhabilitación por el delito de rebelión agravada por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicita 11 años y medio de cárcel por sedición y malversación; mientras que VOX pide 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.
La Fiscalía asegura que Forn impulsó un operativo policial para que el 1-O saliese adelante,
pese al mandato judicial de que se impidiese. Al igual que Junqueras, indica que participó en la reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña, donde ambos fueron advertidos de posibles altercados violentos durante el referéndum.
La defensa del exconsejero de Interior asegura que defendió la independencia por vías
pacíficas y que no dio ninguna consigna política ni operativa a la policía autonómica, ni diseñó los operativos policiales del 20 de septiembre y del 1 de octubre
Jordi Turull: Exconsejero de Presidencia y portavoz del Govern. Fiscalía pide 16 años de
prisión y 16 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por la malversación de
caudales públicos. La Abogacía del Estado solicita 11 años y medio de cárcel por sedición y
malversación; mientras que VOX pide 74 años de prisión por dos delitos de rebelión,
organización criminal y malversación.
El Ministerio Público arma que también participó en el diseño del plan del 'procés' y autorizó a los diferentes departamentos del Gobierno catalán a realizar las acciones y contrataciones necesarias para el 1-O.
En este sentido, el escrito explica que desde su Consejería se financió la creación de páginas web, la publicidad institucional, cartelería, gasto en papeletas, censo electoral y citaciones a los miembros de las mesas de votación.
Turull también niega la violencia y asegura que no tuvo ninguna responsabilidad en las
contrataciones para el referéndum. Además, rechaza la malversación de fondos públicos que se le atribuye porque, según indica, aún no ostentaba el cargo en la Generalitat.
Raül Romeva: Exconsejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales yTransparencia. Fiscalía pide 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicita11 años y medio de cárcel por sedición y malversación; mientras que VOX pide 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.
La Fiscalía arma que fue otros de los miembros del Gobierno de Carles Puigdemont que
participó en las reuniones para organizar el proceso independentista. Con la finalidad de
celebrar el 1-O, su departamento se encargó de sufragar las delegaciones del Govern en el
exterior (que funcionaban como embajadas); de la campaña internacional de la Generalitat;
así como las página web internacionales y la contratación y financiación de expertos y
observadores internacionales.
La defensa de Romeva insiste en que no hubo ningún alzamiento violento y, por tanto, se
debería descartar el delito de rebelión. También dice que la votación del 1 de octubre era
legal y que existe una causa general contra el independentismo
Josep Rull: Exconsejero de Territorio y Sostenabilidad. Fiscalía pide 16 años de prisión y 16
años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por la malversación de caudales
públicos. La Abogacía del Estado solicita 11 años y medio de cárcel por sedición y
malversación; mientras que VOX pide 74 años de prisión por dos delitos de rebelión,
organización criminal y malversación.
El Ministerio Fiscal dice que participó en los encuentros donde se definió la estrategia
independentista. Añade algunas de sus manifestaciones públicas como la del 21 de
septiembre de 2017 en la que alardeó de haber impedido atracar un buque para alojar a los
miembros de la Policía en la bahía de Palamós (Girona).
El exconsejero es otro de los acusados que insiste en que no hubo violencia y que la causa
pretende escarmentar a políticos pacistas, ya que, a su juicio, la Justicia ha creado un relato
inexistente retorciendo el Código Penal. Asimismo, señala que el día 20 de septiembre de
2017 nadie intentó asaltar la Consejería de Economía ni impedir la comitiva digital.
Dolors Bassa: Exconsejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia. Fiscalía pide 16 años de
prisión y 16 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por la malversación de
caudales públicos. La Abogacía del Estado solicita 11 años y medio de cárcel por sedición y
malversación; mientras que VOX pide 74 años de prisión por dos delitos de rebelión,
organización criminal y malversación.
La Fiscalía subraya que Bassa se responsabilizó de poner a disposición de la Generalitat los
centros escolares y cívicos que dependía de su Consejería para garantizar el 1-O y que
desarrolló una base de voluntarios para participar en la consulta.
El escrito de defensa no ha sido facilitado por lo que no se conoce aún sus argumentos.