Los abogados de Grau y García-Fuster defienden la prescripción de los delitos en el juicio sobre financiación del PP  

VALÈNCIA. El juicio sobre la presunta financiación irregular de las campañas electorales del PP en València durante 2007 y 2011 ha arrancado este martes en la Audiencia de Valencia. Por estos hechos se sientan en el banquillo el que fuera vicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau, y la exsecretaria del grupo municipal popular, Mari Carmen García-Fuster, además de José Salinas (Fundación Turismo Valencia Convention Bureau) y Juan Eduardo Santón (Fundación de la Comunidad Valenciana para la Innovación Urbana y la Economía del Conocimiento).

La Fiscalía ha renunciado a varias declaraciones de testigos relacionadas con la parte de la investigación del blanqueo de capitales de la campaña de 2015, en la que figuraban varios exediles y exasesores populares y que fue archivada. El tribunal lo ha aceptado.

Durante la sesión, dedicada a las cuestiones previas, el abogado José María Corbín –letrado de García-Fuster y uno de los principales investigados en otra macrocausa, la de Azud– ha defendido la prescripción de los delitos para la exsecretaria del grupo municipal popular. 

Por su parte, el abogado de Alfonso Grau, Jesús Bonet, ha solicitado nueva prueba documental. La Sala solo ha aceptado la incorporación de una parte. El letrado ha expuesto igualmente la ausencia de delito continuado por parte del exvicealcalde de València y, al igual que el de Fuster, que los hechos están prescritos. Algo a lo que se han sumado los abogados de los otros dos acusados. 

La Fiscalía les ha replicado a todos ellos que el plazo de prescripción no se puede aplicar en este caso y el tribunal ha indicado que se pronunciará en la sentencia. 

De esta pieza separada dentro de la macrocausa de Taula se han encargado el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción. Ambos apuntaron a que el PP de València ingresó y destinó a las campañas electorales una cantidad de dinero y de recursos muy superior a la establecida legalmente mediante procedimientos clandestinos. Lo denominaron "sobrefinanciación articulada". 

En 2007 se habrían servido de la agencia de comunicación Laterne, sin actividad real y que se habría dedicado a canalizar ingresos de entidades municipales y de diferentes empresas con elevado nivel de contratación con el Ayuntamiento y por trabajos que parecen ser simulado. 

En 2011, los investigadores tienen la tesis de que se sirvieron de otra empresa, Trasgos. Así, creen que parte de gasto electoral se pagó mediante las aportaciones económicas, bien en metálico de ilícita procedencia, o de distintas empresas con una fuerte vinculación al Ayuntamiento de Valencia. 

Tanto en una cita electoral como en la otra consideran que medió la intervención de Alfonso Grau, que actualmente tiene 83 años. La Fiscalía le acusa de un presunto delito continuado de malversación y un delito continuado de cohecho y le pide 9 años de prisión. Fuster, por su parte, está acusada de un delito continuado de cohecho y Anticorrupción le solicita un año de cárcel; a Santón y Salinas los acusa de un delito continuado de malversación y les pide cinco años de prisión. 

En diciembre de 2021, la Audiencia Provincial archivó la investigación sobre un supuesto blanqueo de capitales para varios exediles del PP del Ayuntamiento tras seis años de instrucción. Una decisión que provocaba que el procedimiento sólo haya adelante para los cuatro acusados que ahora se sientan en el banquillo.