VALENCIA, (EFE). El Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) suspenderá el próximo día 31 de enero el servicio de asistencia jurídica que prestan sus letrados en el Punto de Encuentro Familiar (PEF) ante los reiterados impagos del Ayuntamiento, que tiene una deuda acumulada desde enero de 2015.
El consistorio dispone a su cargo desde hace años de ese punto neutral para encuentros entre los miembros de familias en crisis con el fin de garantizar el derecho de los menores y de los propios progenitores o familiares a restaurar, mantener o desarrollar una relación adecuada tras una separación, divorcio o ruptura familiar.
El ICAV ha informado de esta decisión en un comunicado, en el que ha recordado que las familias con menores atendidos por el mismo, en las distintas funciones que aquel desarrolla, son derivados directamente por los Juzgados de esta ciudad o por la Conselleria de Bienestar Social.
Dicho punto está atendido por un equipo multidisciplinar y especializado de "profesionales comprometidos con el principio de proteger el interés del menor, desarrollando sus intervenciones, según la función indicada por el Juzgado en cuestión, con objetividad y salvaguardando la igualdad de las partes en conflicto".
Desde el inicio, el ICAV ha designado a los letrados que asisten en el PEF, después de un riguroso sistema de selección que acredita su idoneidad y formación para el desempeño de aquella función, cuya actuación profesional era abonada por el Ayuntamiento de Valencia a través del Colegio.
Sin embargo, según el órgano colegial, el Ayuntamiento no ha firmado el convenio para 2015, ya finalizado el año, proponiendo además para 2016 un texto en el que el pago se convierte en subvención, con fiscalización de las cuentas del ICAV y en el que se pretende que sea el propio colegio quien asuma todas las responsabilidades económicas derivadas de la prestación de aquel servicio municipal.
El Colegio de Abogados en conocimiento del Ayuntamiento su intención de, con fecha 31 de enero de 2016, suspender el servicio que garantizan los abogados designados, ante los reiterados impagos por parte del consistorio.
Por ello, tiene previsto presentar de inmediato la correspondiente Reclamación Administrativa Previa al Contencioso-Administrativo por el importe total de la deuda (desde enero de 2015) a favor de los letrados que han prestado el servicio y con el interés de seguir negociando una solución que no perjudique al ciudadano.
De igual forma se dará el oportuno traslado e información al Juez Decano a fin de que pueda tener conocimiento de la situación que, desde hace meses, y con origen en los citados impagos, están sufriendo.
Según han señalado, el coste del servicio que debe asumir la Administración Municipal, dado el servicio de interés general de que se trata, no lo puede atender el Colegio de Abogados con cargo a las cuotas del resto de colegiados.
El Colegio de Abogados de Valencia ha lamentado los trastornos y molestias que dicha suspensión del servicio causarán a la ciudadanía, incluida la eventual cancelación de toda nueva derivación desde los Juzgados y Tribunales al PEF por la falta de profesionales al frente de aquel servicio municipal.
Según ha argumentado, no puede asumir que el Ayuntamiento de Valencia siga manteniendo el citado servicio por profesionales del Derecho sin la atención económica de los mismos.