Los acusados de 'Alquería' renuncian a que Orengo, Toni Gaspar y Rosa Pérez acudan como testigos 

VALÈNCIA. Los acusados del caso Alquería han renunciado a un total de 12 testigos que habían propuesto sus defensas para el juicio. La Fiscalía y las acusaciones que ejercen el PP y la asociación Acción Cívica contra la Corrupción no se han opuesto, de manera que la Sala tendrá que aceptarlo y decidir si establece o no nuevo calendario. De hecho, éste parece en principio que se mantendrá pero sin esas declaraciones. 

Entre los testigos a los que se renuncia se encuentran la consellera de Transparencia, Rosa Pérez; el presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar; el que fuera número tres del PSPV, José Manuel Orengo; los exdiputados provinciales Enrique Aguar o Roberto Jaramillo; y la actual secretaria autonómica de Eficiencia y Tecnología Sanitaria, Concha Andrés. Sí que han mantenido que comparezca la vicepresidenta de la Diputación, Maria Josep Amigó (Compromís). 

Durante la sesión de este martes del juicio ha declarado como testigo el que fuera representante de Ciudadanos en el consejo de administración de Divalterra, Jorge Ochando, quien amplió la denuncia que dio inicio a la causa al considerar que las siete contrataciones de altos directivos que se produjeron en la empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia entre 2015 y 2018 fueron irregulares. 

"Los cargos se repartieron entre PSPV y Compromís"

En su intervención, ha señalado que tuvo en su poder tres informes sobre los contratos y otros salieron en prensa, de manera que comprobó que algunos eran contrarios. Decidió entonces poner la denuncia en la Fiscalía porque la ley hacía responsables a los administradores cuando se actuaba en contra de los estatutos de la empresa. "Desconociendo lo que podía pasar, y para salvaguardar mi responsabilidad como miembro del Consejo de Administración, decidí comunicar los hechos", ha explicado. 

Ochando ha remarcado que hubiera votado en contra de los contratos si hubieran pasado por el Consejo de Administración y que tal vez los hubiera impugnado también, pero eso no ocurrió. En su opinión, se ocultaron porque no se dio cuenta a este órgano. "Las áreas sí que se expusieron, pero nunca de contratos de alta dirección en esas áreas", ha comentado. Es decir, los que ahora se encuentran bajo sospecha. 

En su opinión, los cargos se repartieron entre PSPV y Compromís. "Comprobé en internet su procedencia y vi que ocupaban cargos en esos partidos. También se comentaba en la empresa, pero era tan fácil como mirar en internet", ha dicho. 

Igualmente, ha señalado que la cogerente de Divalterra Agustina Brines (Compromís) nunca le habló de la posible ilegalidad y que tampoco contactó nunca con las personas contratadas como altos directivos. "A algunos los vi en la empresa. Cuando fueron despedidos Divalterra funcionó sin ellos de la misma manera", ha indicado.