VALÈNCIA. (EP). José Calatayud, abogado que defiende a Marc Llinares, uno de los principales acusados en el juicio por las presuntas irregularidades en subvenciones a ONG y en el proyecto del fallido hospital en Haití, ha planteado en la sesión de este lunes que las acusaciones particular --Abogacía de la Generalitat-- y popular --la Coordinadora Valenciana de ONGD-- acepten los pactos de conformidad alcanzados entre Fiscalía Anticorrupción y la mayor parte de los acusados y que se cancele la vista para "evitar un circo".
A esta solicitud se ha sumado gran parte de las defensas, entre ellas la de los dos principales acusados, el exconseller 'popular' Rafael Blasco y el empresario Augusto César Tauroni. Todas las acusaciones se han opuesto, incluido el fiscal, y el tribunal ha respondido que esta cuestión se resolverá "cuando corresponda".
El letrado del ex jefe de área de la extinta Conselleria de Solidaridad dirigida por Blasco ha anunciado al inicio de su intervención en esta sesión de cuestiones previas que iba a ser "innovador" y ha solicitado que se suspenda el juicio, o en todo caso que solo se celebre con aquellos procesados que no tengan acuerdos con el fiscal, al haber aceptado ya los hechos los firmantes de los pactos.
El fiscal de Anticorrupción Jesús Carrasco presentó el pasado lunes en la segunda sesión de cuestiones previas pactos de conformidad o preacuerdos todavía por concretar con un total de 16 acusados de los 24 que se sientan en el banquillo. Entre ellos, señaló que podrían presentar próximamente un acuerdo con los tres principales acusados: Rafael Blasco, Augusto César Tauroni y el propio Marc Llinares, entre otros.
Ya en el inicio de la jornada, la Sala ha respondido a los intentos de anular el procedimiento que los acusados iniciaron el último día. Los magistrados han rechazado dos peticiones de nulidad por la procedencia de los peritajes y de la calificación de la causa como procedimiento abreviado y no como sumario.
También el letrado de Blasco solicitó la nulidad de la causa por la incorrecta declaración de su defendido, a su juicio, a lo que los magistrados han indicado que sí declaró en calidad de investigado y ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), como correspondía al estar en ese momento aforado.
En su turno, la defensa de Llinares ha presentado un poder otorgado a la Generalitat para que esta pueda disponer de un inmueble situado en Dénia, valorado en 395.000 euros según la última tasación efectuada --aunque ha precisado que se hizo sin contar la totalidad de los metros, por lo que su valor sería superior-- y una "dación" de "todas las cantidades que ha pagado" Llinares.
Esto es, todos los salarios embargados desde febrero de 2012, unos 78.000 euros, así como 37.000 euros consignados en julio de 2018 que "provenían de un dinero que tenía en Miami" y de unas costas a las que ha renunciado el letrado.
Calatayud ha destacado que el inmueble de Dénia es "el único bien que tiene" su representado y que lo va a destinar para el pago de las indemnizaciones que se le reclaman. "No les voy a decir que ha pagado todo porque es imposible, no tiene más", ha agregado.
Asimismo, el abogado ha expuesto los términos en los que se fija la "conformidad absoluta" alcanzada con el fiscal Jesús Carrasco tras "29 horas de reuniones" y después del cambio de los términos en el pacto que se firmó con el anterior fiscal del caso, Vicente Torres.
Llinares acepta dos años de prisión por el delito de malversación en concurso con prevaricación y falsedad; seis meses de cárcel y 450 euros de multa por asociación ilícita, y nueve meses de prisión y multa de 10.000 euros por cohecho.
El letrado de Llinares ha expuesto que firman este pacto para "evitar que el juicio se convierta en un espectáculo" porque, ha criticado, "se demoniza al acusado por los medios". Asimismo, ha demandado a la Sala "limitar las posibilidades de acusar de la acusación popular" porque, a su juicio, la conformidad firmada con el fiscal "afecta a todas las partes acusadoras aunque no quieran".
"Los hechos por los que acusan las acusaciones son los mismos. Esa aceptación de hechos del escrito del ministerio público implica también la aceptación de los escritos de las acusaciones", ha sostenido.
Por ello, ha pedido que se suspenda el juicio: "Alargar el juicio con testigos que no van a poder decir más de lo que reconoce mi mandante sería absurdo e innecesario", ha manifestado.
A esta posición se han sumado Javier Boix, abogado de Blasco, y José Vicente Gómez Tejedor, letrado de Tauroni. Boix ha afirmado que "la prueba sobra toda" y ha advertido a la Coordinadora de ONGD: "Si se mantiene esta actuación recalcitrante por su parte, pediremos la imposición de las costas a las acusaciones". La defensa del empresario, por su parte, ha resaltado que Tauroni ha "reconocido completamente los hechos" con el acuerdo con Anticorrupción.
En su turno, el fiscal Jesús Carrasco ha dicho, sobre "la innecesariedad de praticar el juicio oral", que "en un procedimiento de esta complejidad, esta es una pretensión muy ilusoria". "Tendremos que hacer un ejercicio de malabarismo para intentar decidir, a la vista de estos acuerdos masivos, de qué prueba se podría prescindir y de cuál no", ha explicado.
Asimismo, ha sostenido que este tipo de acuerdos entre los acusados y la Fiscalía "únicamente pueden fijar un suelo, pero no un techo" en cuanto a las penas que decida el tribunal y, además, "existe divergencia en la cuantificación de las responsabilidades civiles" entre las acusaciones, por lo que ha concluido que "no porque exista un acuerdo con una de las acusaciones las otras carecen de utilidad".
La Abogacía de la Generalitat ha señalado que su posición "es no alargar este proceso más de lo que toque, pero eso no significa que no tenga que haber proceso" y ha apuntado que cuando conozca los términos de las conformidades alcanzadas podrá "renunciar a algunas pruebas si esos hechos ya han sido admitidos". "Esa conformidad solo sería válida si se firmara por todas las acusaciones. Las conformidades parciales no vinculan en absoluto", ha agregado por su parte el letrado de las ONGD.
En un punto de su intervención, el abogado de Llinares ha asegurado que "hay acusaciones que están coaccionando a determinados acusados para que declaren en un determinado sentido si quieren una reducción de la pena" y ha dirigido sus críticas sobre el papel la acusación popular que representa la Coordinadora de ONGD. A esta postura se han sumado también otras defensas, como las de Blasco o Arturo Tauroni, hermano de Augusto César, que ha criticado que la Coordinadora "ni se ha sentado a hablar, da la impresión de que le importa más el juicio que se celebra fuera de esta sala".
El fiscal ha respondido a estas partes que han hecho "alegaciones exageradas e impropias" y ha dicho desconocer que haya habido coacciones: "Si tuviéramos conocimiento de esta circunstancia lo denunciaríamos", ha subrayado.
El abogado de la Coordinadora ha calificado estas acusaciones como "absolutamente un sinsentido" y ha sugerido a los letrados que se han pronunciado en esta línea que acudan la Policía y al Juzgado de Guardia a denunciarlo.
Además, ha denunciado que está siendo "el pim pam pum de las defensas" y ha invitado a los letrados a que "prediquen con el ejemplo si no quieren que esto se convierta en un circo mediático". Finalmente, se ha preguntado si la defensa de Blasco pretende "amedrentar" con la anunciada petición de imposición de costas a las acusaciones.
