Los acusados ejercen su última palabra: "El 'caso Alquería' nos ha hecho un daño que nadie curará"

VALÈNCIA. El juicio del caso Alquería ha quedado visto para sentencia este miércoles tras más de dos meses de sesiones que han tocado a su fin con el último turno de palabra al que tienen derecho los acusados y que algunos de ellos han ejercido. La causa apunta a los presuntos delitos de prevaricación y malversación por siete contratos irregulares de alta dirección en la empresa pública Divalterra y que, de acuerdo con los investigadores, únicamente respondieron a un reparto partidista entre PSPV y Compromís. 

Tanto el expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez –actual alcalde de Ontinyent– como su jefe de Gabinete Ricard Gallego se han limitado a ratificarse en todo lo manifestado por sus respectivas defensas. El segundo ha manifestado que espera que este juicio sirva para valorar su inocencia. 

El secretario-letrado asesor del Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Cuerda, ha afirmado que es inocente de todos los cargos de los que se le acusa y que el daño personal y profesional causado por este procedimiento ha sido "muy alto". "Nunca he pasado nada parecido, provocó una onda expansiva", ha señalado. Ha citado, por ejemplo, lo que le supone poner su nombre en un buscador de Internet, los problemas para pedir un crédito hipotecario o las consecuencias en su "prestigio profesional". 

"El secreto de sumario también me supuso muchísimo daño. Soy funcionario de carrera y tengo las tres subescalas de habilitación nacional, y todo eso se lo cargaron. ¿Y todo por qué? ¿por una denuncia? ¿por una instrucción que para mí no se llevó como debió de llevarse?", ha reflexionado. Cuerda ha hecho hincapié en que le degradaron, que es falso que él estuviera afiliado al PSPV y que lo que hizo "no fue constitutivo de delito". 

"Deseo que acabe esta pesadilla"

La exgerente de la empresa pública Agustina Brines (Compromís) se ha ratificado igualmente en la defensa de sus abogados y ha lamentado lo que le ha supuesto la investigación: "Se nos ha hecho mucho daño con este proceso que nadie curará ya. Deseo que se acabe esta pesadilla desproporcionada y sin ningún motivo". El otro exgerente Josep Ramón Tíller (PSPV) se ha reafirmado en todo lo declarado y ha remarcado que siempre respeto la legalidad y trabajó "por los intereses públicos". 

Algunos de los trabajadores han ejercido igualmente su derecho al último turno de palabra para decirle al tribunal que se fían de su criterio y que ha habido "mala fe e intencionalidad" en las acusaciones. "Aún no alcanzo a entender cómo una persona contratada como yo, cumpliendo con las funciones, acaba imputada en un caso así con tanto daño. La única explicación que encuentro es que somos un efecto colateral necesario de un caso mediatizado y magnificado por la presencia de políticos. No conocíamos el alcance legal de los contratos y las funciones estaban establecidas en él. No sospechas de la ilegalidad de un trabajo que te ofrecen en una empresa pública tan grande con todos los filtros que tiene que haber. Si lo hubiera sabido no hubiera tenido el más mínimo inconveniente en abandonarla", ha reflexionado uno de ellos. 

Otro ha destacado que la acusación se ha esforzado en encontrarles algún vínculo político y cuando no lo han encontrado les definen como simpatizantes. "Han minimizado nuestra formación y experiencia previa", ha comentado. Varios de ellos han afirmado igualmente que no son delincuentes y que creen en la justicia.