El edil de Movildiad Sostenible y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi. Foto: MARGA FERRER VALÈNCIA. La compañía auditora de la EMT de València, Ernst&Young, ha elaborado un nuevo informe sobre el seguimiento de la empresa municipal en materia de ciberseguridad. El documento que data de octubre de este año, posterior al fraude de cuatro millones perpetrado contra la EMT en septiembre, apunta a deficiencias en el ente público en cuanto a seguridad.
El estudio, al que ha tenido acceso este diario, califica a la EMT con un 1,84 en una escala entre el 0 y el 5. Así, la puntuación no supera el aprobado y queda lejos del mínimo recomendable según los organismos de control, situado en los tres puntos. Destacan apartados como el de relaciones con los proveedores (1 sobre 5), la gestión de incidentes (1,54), la organización de la seguridad de la información (1,5), o la seguridad de las comunicaciones (1,79).
Por encima de la media, se detectan otros apartados como el de cumplimiento (2,6) o el de la gestión de activos (2,5), ambos con un aprobado raspado. Ahora bien, ninguno de ellos alcanza el mínimo recomendado. Con estos mimbres, los auditores detallan como acciones para mejorar, por ejemplo, la definición de un cuerpo normativo de seguridad para aclarar la relación del área de seguridad con los diferentes procesos de negocio de la EMT, la descripción detallada de procesos de seguridad, la aplicación de un Plan de Seguridad o la impartición de sesiones de concienciación al personal de la empresa municipal.
Las puntuaciones ponen sobre la mesa la precaria preparación de la empresa en materia de ciberseguridad cuando se produjo el fraude multimillonario, si bien la situación hace un año era mucho peor. El documento detalla que entonces, los auditores identificaron que no existían "medidas, políticas y normativas formales que aseguren la aplicación de medidas y criterios de seguridad únicos para todo EMT Valencia". Es decir, faltaba una normativa homogénea en el ente público para enfrentarse a situaciones de riesgo de seguridad.
Algo que, a juzgar por el informe, no se ha solucionado. Desde entonces, sólo se ha procedido a la "identificación de los documentos que han de conformar el cuerpo normativo de seguridad". Esto cobra importancia después de que la empleada despedida por el fraude, Celia Zafra, quien tramitó las transferencias presuntamente engañada por los defraudadores, asegurara que la plantilla no había recibido "directrices específicas" acerca de cómo actuar en casos de este cariz -cuando, por ejemplo, un proveedor exige confidencialidad-.
Es más, Ernst&Young asegura que entonces los procesos y la organización de la seguridad de la información en la EMT era "todavía incipiente", debido a que no existía un equipo responsable para gestionar la seguridad de los datos. El documento no asegura que esta salvedad se haya solucionado. Asimismo, señalaba la ausencia de "un proceso de integración transversal" de la función de seguridad de la información "en todas las áreas de la EMT".
Esto no implica que no se hayan llevado a cabo mejoras en esta materia. Desde entonces, se han enviado mensajes de concienciación a la plantilla y a los usuarios, se han mejorado las herramientas de gestión de activos, se ha encriptado el disco de los equipos de la EMT, y se han actualizado los sistemas operativos, entre otras acciones.
Otro de los focos puestos sobre la empresa municipal de transportes de València, que dirige el edil de Movilidad Giuseppe Grezzi, tiene que ver con la facturación de los servicios prestados por el secretario de la EMT mediante la empresa del cuñado del alcalde de la ciudad, Joan Ribó. Según refleja el contrato aprobado por el Consejo de Administración el pasado mes de octubre, la EMT debe facturar al despacho Abastos Abogados, presidido por el familiar del primer edil, Daniel Pérez.
Pero además de ello, avanzado por el diario Las Provincias, el estudio de dicho contrato deja una consideración a tener en cuenta: incluye una estricta cláusula de confidencialidad, según la cual, por ejemplo, "cualquier publicidad o información a los medios de comunicación referida a la simple existencia del presente contrato o su contenido, deberá ser previamente aprobada por escrito suscrito por ambas partes".
Una cláusula de opacidad en un contrato de servicios en una empresa pública que obligaría a mantener el secreto durante los cuatro años del contrato e incluso dos años después de que este finalizara -hasta 2025-. Si alguien vulnerara este apartado durante este período, cada una de las partes debería responder frente a la otra "de cualquier daño directo derivado".
La relación entre el despacho de abogados del secretario de la EMT, SMT Asesores, y el del cuñado del alcalde, Abastos Abogados, se confirma muy estrecha si, además, se atiende a la propuesta de servicios realizada por la firma del secretario a la empresa municipal en 2015, antes de ser contratada. El documento, al que ha tenido acceso este diario, contiene al pie de página el sitio web de Abastos Abogados, así como un número de teléfono del mismo despacho.
El alcalde, Joan Ribó, insistió este lunes, preguntado por la evidente relación entre ambos despachos en el contrato, en lo que dijo el pasado pleno: que su cuñado no ha prestado ningún servicio a la EMT y que no ha facturado a la empresa municipal. Unas consideraciones que motivaron la reacción de la oposición.
La portavoz del PP, María José Català, afirmó que el primer edil no tiene "ninguna credibilidad". "Lee lo que le interesa y lo que no le interesa no. Lo que es más que evidente es que el alcalde mintió o intento engañar a los miembros de la Corporación municipal", ha sostenido la portavoz popular.
Por ello, recordó que se ha solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario "por estas mentiras" con el propósito de pedir "su reprobación y su comparecencia para que dé explicaciones de sus vinculaciones con el abogado de la EMT". "Y sobre todo que pida disculpas a la Corporación y que nos diga sus vinculaciones con los dos despachos de abogados profesionales que facturan a la EMT", sostuvo al respecto.
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, denunció que el "caso EMT" ha sido elevado "al rango de corrupción por el propio alcalde de València". "Cuando Ribó dijo que Abastos Abogados, empresa donde su familiar es el principal responsable, no tenía nada que ver con la EMT y luego se demostró que está facturando los servicios del secretario del Consejo de Administración, mintió a todos los concejales en el Pleno", criticó Giner.
"Ahora Ribó es víctima de sus propias palabras -continuó-. Él se ha hecho responsable directo de este caso y tiene la obligación de dar explicaciones personalmente del que ya podemos llamar el #CasoRibó.
