Los autónomos no son un cajero automático

Decir que el Gobierno de España incurre en una contradicción no es hoy, desgraciadamente, una novedad. Ya sabemos lo que perdura en el tiempo la palabra del presidente Sánchez, alguien caracterizado por ser capaz de decir una cosa y su contraria en menos de veinticuatro horas, y aun rectificarla por dos veces antes de que acabe el día. 

Uno de esos contrasentidos en los que incurre constantemente este Gobierno ha sido anunciar, hace apenas un par de meses, a bombo y platillo un paquete de ayudas directas a las pymes y a los autónomos por importe de 7.000 millones y luego, antes incluso de que hayan recibido un solo euro de esas ayudas, adelantarles un sablazo fiscal en materia de cotizaciones sociales. Esto muy coherente no parece. 

Los últimos datos de la EPA publicados nos muestran nuevamente cómo en España el mercado laboral sigue notando los estragos del Covid 19 en los inicios del 2021, al seguir por encima de los 3 millones de parados. La Comunitat Valenciana, por supuesto, no es ajena a este drama, pues, según los datos del primer trimestre del año 2021, presentamos unas tasas de desempleo del 16,5% con casi 400.000 parados, siendo además la Comunidad Autónoma que más empleo ha destruido durante el primer trimestre. Todo ello se traduce en miles de familias que tienen la preocupación de no llegar a fin de mes y la incertidumbre de saber cuándo mejorará su situación. 

Parte de esta dramática situación se debe al cierre de empresas, pymes o autónomos que tienen que bajar sus persianas ante la falta de liquidez y ayudas que les ayuden a reflotar sus negocios o les permitan mantenerse a flote con las restricciones a las que se han visto y se siguen viendo sometidos. Durante el estado de alarma, los autónomos se han visto obligados a cerrar sus negocios, paralizando su actividad y viendo mermados por completo sus ingresos mientras debían hacer frente a los gastos fijos, alquileres, impuestos y cuotas que están lastrando su futuro. Las duras restricciones impuestas en la Comunidad Valenciana, además, les está suponiendo una merma recaudatoria difícil de recuperar.

Ante esta difícil situación, el Gobierno de España ha demostrado no tener la mínima empatía con este colectivo, tanto por la falta de ayudas directas que aún no han recibido como por hacerles pagar la cuota al régimen de la seguridad social aun cuando no tenían ingresos ni actividad. Recientemente, ha vuelto a demostrar esta falta de sensibilidad con la reforma presentada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre el futuro sistema de cotización de los trabajadores autónomos.

El borrador contempla que los autónomos deberán ingresar su cuota en función de sus ingresos reales, en lugar de poder elegir la base de cotización como en la actualidad. En concreto, el Gobierno quiere acabar con el sistema de elección voluntaria de la base de cotización, lo que para algunos autónomos puede suponer multiplicar por cuatro la cuota a abonar a la Seguridad Social llegando a ser, para aquellos con ingresos superiores a 3.000 €, un sistema confiscatorio y regresivo de pago.

Es cierto que, más allá de la controversia generada, el Gobierno cuenta con el mandato de las recomendaciones del Pacto de Toledo, convalidado por el Congreso de los Diputados, para articular esta reforma del RETA con el fin de conseguir una progresiva convergencia de los diferentes regímenes del Sistema de la Seguridad Social. Y es cierto que, además, está recogida en el paquete de reformas que el Gobierno ha enviado recientemente a Bruselas para acceder a los fondos Next Generation UE, con la que se pretender “corregir la distorsión que genera la libertad de elección de la base de cotización que supone una merma de recursos para el Sistema y un nivel bajo de protección para los autónomos”. Sin embargo, esta situación no legitima al Gobierno a usar a los trabajadores autónomos como una fuente de ingresos sin más, con subidas de la cotización que superan, con mucho, las contribuciones que hacen los trabajadores por cuenta ajena. 

Hay que ayudar a todos los autónomos sin exclusión. No sobra ningún autónomo ni en España ni en la Comunidad Valenciana. No podemos dejar atrás a este colectivo que lo único que quiere es seguir trabajando, seguir produciendo y seguir contribuyendo a la economía de nuestra tierra. Los autónomos han sido resilientes, los autónomos han dado la cara en los peores momentos de la crisis, no solo en esta crisis, sino también en la del 2008. Aguantaron, trabajaron, defendieron, siguieron pagando impuestos para mantener el sistema del bienestar y contribuyeron como el que más a mejorar la situación económica que sufría España y la Comunidad Valenciana. Y ahora es momento de que les ayudemos y no les pongamos más obstáculos en la senda de su recuperación.

Nuestros autónomos no necesitan subidas de impuestos, sino menos burocracia y más ayudas directas, menos impuestos y menos cuotas. Por eso reclamamos que el Gobierno se siente a negociar con todos los actores, asociaciones y partidos, para lograr un acuerdo amplio, que permita resolver los problemas aquí señalados.

Debemos frenar esta reforma de las cotizaciones de los autónomos hasta que el Gobierno encuentre una solución consensuada con las asociaciones relevantes y el resto de Grupos Parlamentarios, evitando poner en riesgo la economía de muchos autónomos en un momento en el que estamos lejos de recuperar la actividad por completo.